Hace casi 12 años ya desde aquel lunes 27 de octubre de 2014 que lo cambio todo en la política provincial y en el Partido Popular (PP) leonés. Ocurrió cuando la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Eloy Velasco, desplegó una redada de varias horas en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y sacó directo a la cárcel a su presidente, Marcos Martínez Barazón. Había nacido el 'Caso Púnica', con medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios en media España investigados por delitos de corrupción.

Al igual que en muchas otras causas, como las emanadas en Madrid o Murcia, la pieza leonesa de Púnica se centró en la relación durante al menos dos años de sus mandatarios con las empresas Dadiva e Eico del fulgurante consultor e informático Alejandro de Pedro, compañías que fueron contratadas ya en 2012 por la entonces poderosa presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco. Cuando la UCO entró en el caso y en el despacho de Presidencia hacía justo medio año que Carrasco había sido literalmente ejecutada a plena luz del día, con cuatro tiros por la espalda, por dos mujeres vinculadas al PP, una hija que buscaba perpetuarse en la institución y su madre, y que fueron condenadas junto a una policía local.

Heredero de sus políticas, de sus contratos y gestión, su eterna mano derecha, Martínez Barazón, también alcalde de largo recorrido del creciente municipio de Cuadros, tomó el poder en el Palacio. Y vio en la relación con las empresas de De Pedro las mismas dos ventajas que también sacó su mentora: mejorar su imagen personal en Internet y contrarrestar las críticas políticas con apoyo de una red de periódicos online zombies del empresario. Y en su caso, una ambición más: aprovechar las influencias del conseguidor para obtener los favores de la cúpula del PP y heredar también el liderazgo provincial. Estuvo a apenas un mes de conseguirlo.

En lugar de eso, la Operación Púnica le llevó directamente a la prisión madrileña de Soto del Real, donde permaneció 43 días hasta depositar una fianza de 30.000 euros. Pocas horas después, regresó a su pueblo reconvertido en un mártir ante una masa de fieles vecinos que le vitoreaban.

Lágrimas y penas compartidas

Él también lloró. Le quedaba por delante un lento suplicio policial y judicial hasta la fecha de ayer, en la que el caso ha sido por fin cerrado con una condena ratificada por el Tribunal Supremo. No era el único. En la maraña de Púnica habían caído también dos hombres fuertes en la Diputación leonesa: el alto cargo a dedo, anterior diputado provincial de Turismo e histórico alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el no menos poderoso entonces interventor del Palacio, Jesús 'Suso' López.

Los dos han acabado recibiendo, primero en la Audiencia Nacional y ahora tras su recurso en el Supremo, la misma pena por prevaricación que Martínez Barazón: ocho años y medios de inhabilitación. Y los tres libraron de prisión, en parte por aplicárseles dilaciones indebidas en una instrucción judicial que tardó nueve años, y porque no se vieron pruebas de fraude a la administración, falsificación de documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho. Era la larga lista que les atribuían la Fiscalía y la acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade).

El modus operandi

La condena, que ahora está llamada a sentar jurisprudencia en el resto de causas de Púnica por juzgarse o revisarse por altos tribunales, sí vino a dar por delictivo el modus operandi de los políticos que habían contratado los servicios de Alejandro de Pedro, condenado aquí en León por su parte a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Pero la maraña de las investigaciones policial y judicial, materializada en las acusaciones, hablaba de mucho más que trabajos de reputación personal con dinero público, que en el caso de León rondó los 107.000 euros.

La Fiscalía se aferró a conversaciones y gestiones que apuntaban a un supuesto intercambio de favores: De Pedro y su socio en Madiva e Eico, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, habrían utilizado sus altos contactos para ayudar a Martínez a ser el presidente provincial del PP, a cambio de que las compañías de la trama obtuvieran a dedo contratos públicos de la Diputación.

En esa segunda parte de la investigación aparecieron también los contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio en el que Sánchez era alcalde. En las conversaciones intervenidas se planteaba, entre otras operaciones, la contratación de servicios para la estación invernal y la adjudicación de cafeterías o planes de desarrollo. La Fiscalía cifró además en 74.200 euros los trabajos realizados o comprometidos para mejorar la imagen de Martínez a través de la Diputación y Gersul. También se investigó un proyecto de gestión de San Isidro cuyo coste se había fijado en 171.000 euros, con pagos mensuales de 24.428 euros.

Como demostró ILEÓN en varias publicaciones exclusivas de investigación, se negoció que al concurso se presentaran tres empresas del entorno del conseguidor, para garantizar quedarse con él (“Sois los mejores y os lo voy a dar”, se escuchó a un testigo en el juicio). Y algo aún más tosco: los pliegos fueron corregidos a la carta con peticiones de las compañías, y el propio presidente los envió, marcados los cambios, a través su correo oficial de Presidencia. Pese a todo, al final libraron porque los planes no fraguaron, debido a que se precipitó la mediática intervención policial en octubre de 2014.

Contra esa no materialización de los presuntos delitos se estrelló la Fiscalía Anticorrupción, que defendía una acusación mucho más amplia que la que finalmente quedó acreditada. Por eso, ante una condena sin cárcel el propio Ministerio Fiscal pidió incluso la repetición del juicio en la Audiencia Nacional, algo que quedó desestimado, igual que su recurso.

Lo demostrado, según Audiencia y Supremo

Así las cosas, lo que sí quedó probado y llevó a las condenas finales ahora ratificadas fue la forma en la que la Diputación tramitó aquellos contratos de publicidad institucional. La Audiencia consideró acreditado que De Pedro y Marcos Martínez, durante los meses en los que este último estuvo al frente de la institución en 2014, igual que antes Isabel Carrasco, participaron en un procedimiento administrativo irregular para garantizar el pago de las facturas. Eran facturas mensuales, de importes similares y, en todo caso, inferiores a 6.000 euros cada una, tramitadas por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, según el tribunal, no existía una razón que lo justificara. Además, se utilizaba de manera incorrecta la figura del enriquecimiento injusto para proceder al pago, que Pedro Vicente Sánchez ordenaba y el interventor López sancionaba.

El efecto de ese sistema era evitar que una relación contractual que tenía carácter continuado se sometiera al procedimiento de contratación, con la correspondiente licitación y por lo tanto la posibilidad de que otras empresas o medios de comunicación pudieran concurrir. Es decir, blindar a las empresas del conseguidor. La Audiencia consideró que de esta manera se eludían también controles que debían realizar tanto el Servicio de Contratación como la Intervención General de la Diputación. Las facturas terminaban incorporándose a la relación mensual de pagos y se abonaban muy rápido.

Tras la irrupción de la UCO aquel 2014, el PP leonés y la institución vivieron un tsunami. Martínez Barazón, vicepresidente con Carrasco, asesinada en mayo, la había sucedido en una votación antes del verano. Pero al ser fulminantemente detenido se abrió una situación insólita en la institución provincial que forzó a acelerar otro nombramiento en Presidencia. Recayó en el joven diputado Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, que había 'heredado' la Alcaldía de su propio padre. Él se convirtió por unos meses en el tercer presidente de la Diputación en apenas medio año y eso costaría muy caro en inoperancia y en un anquilosamiento de proyectos y presupuestario que hoy todavía se arrastra desde aquella época de convulsiones.

Dos exalcaldes que los fueron presionados

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos, afectados así doblemente por la inhabilitación de la condena, aunque en todos estos años no se haya aplicado.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida, sin embargo, tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP, pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

El Supremo ha dictado la suprema sentencia final al año 2014, en que el PP y León fueron demasiadas veces la peor forma de portada nacional. Ya había pasado un poco a la historia la tragedia del asesinato de Isabel Carrasco -aunque nunca la investigación se cerrara por completo y siga dando pie a material de true crime- Y ahora comienza a hacerlo el Caso Púnica con la bajada definitiva del telón judicial.

La modernización del regadío del Canal de Villadangos, en el centro geográfico de la provincia leonesa, afronta ahora uno de sus trámites más concretos: la expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar la primera fase de las obras. La Junta de Castilla y León ha iniciado el expediente de expropiación forzosa y ha declarado la necesidad de ocupación de 114 fincas y bienes, que en conjunto suman 110.119 metros cuadrados, algo más de 11 hectáreas.

La medida se recoge en la orden publicada este jueves, 24 de septiembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). En ella, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental aplica además el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, con el objetivo de disponer de los terrenos necesarios para ejecutar las actuaciones.

La expropiación se realiza a favor de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, que había solicitado este procedimiento el pasado 27 de agosto. La relación publicada incluye 114 expedientes, correspondientes tanto a expropiaciones como a ocupaciones temporales, y afecta principalmente a terrenos agrícolas de Villadangos del Páramo, aunque también aparecen afecciones puntuales en términos municipales colindantes como por ejemplo Chozas de Abajo.

Entre los terrenos afectados figuran parcelas privadas dedicadas a labor de regadío, pertenecientes tanto a particulares como a sociedades agrarias. El listado incorpora además bienes e infraestructuras de dominio público, como caminos municipales, terrenos de la empresa pública Adif vinculados a la vía férrea, la carretera N-120 y la autopista AP-71, ambas conexiones de León-Astorga, así como propiedades del Ministerio de Agricultura y de la Junta Vecinal del pueblo de Villadangos del Páramo.

Desde 2020

El trámite llega después de un proceso que comenzó varios años atrás y que ha experimentado una aceleración especialmente intensa durante 2026. En octubre de 2020 se declaró de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona del Canal de Villadangos-Canal de Velilla de la Reina. Un año después, en noviembre de 2021, la Junta, a través del Itacyl, la sociedad estatal Seiasa y la Comunidad de Regantes firmaron el convenio de colaboración para impulsar la modernización.

Después se abrió un periodo de tramitación que ha mantenido el proyecto en marcha durante años hasta desembocar en los últimos meses en varios pasos decisivos. En junio de 2026 el proyecto técnico y la relación de bienes afectados fueron sometidos a información pública sin que se presentaran alegaciones. El 18 de agosto el director general del Itacyl aprobó definitivamente el proyecto y apenas un mes después, el 17 de septiembre, el consejero de Agricultura firmó la orden que pone en marcha la expropiación urgente, la que ahora arranca.

La actuación forma parte del proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, cuya primera fase corresponde a la Junta a través del Itacyl. Esta etapa contempla la construcción de la tubería de abastecimiento hasta la estación de bombeo, la propia estación, un tramo de la red principal de riego y las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión asociadas. También incluye la retirada y desmantelamiento de infraestructuras de riego que han quedado obsoletas.

Los municipios

En conjunto, la modernización pretende transformar el sistema actual de riego mediante acequias y riego por superficie en una red de tuberías a presión que permita el riego a la demanda. El proyecto de la zona contemplada en esta primera fase afecta a 2.954 hectáreas repartidas entre Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, San Pedro Bercianos, Valdevimbre y Villadangos del Páramo.

La intervención forma parte de un proyecto promovido conjuntamente por la Junta de Castilla y León, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). Está encuadrada en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con la consideración de actuación de interés general y de utilidad pública.

El proyecto global recibió además un impulso económico en julio de este año. El Consejo de Ministros autorizó a Seiasa la ejecución de dos fases de modernización del Canal de Villadangos por más de 57,6 millones de euros. La actuación global prevista alcanza 5.938 hectáreas y beneficia a 1.322 regantes.

Un montañero ha fallecido este jueves tras precipitarse por una ladera en las inmediaciones del pico Torre Cerredo [Torre Cerréu en asturleonés, el idioma propio de la zona], en el concejo asturiano de Cabrales; mientras que prácticamente a la vez se conoció que una mujer francesa de 54 años había resultado herida grave en un accidente registrado poco después en el Jou Sin Tierre. Los dos sucesos, ocurridos en la zona de los picos de los Urrieles en el Macizo Central de los Picos de Europa, obligaron a desplegar un complejo operativo aéreo de rescate en los Picos de Europa, al producirse con apenas veinte minutos de diferencia.

Según informa el Servicio de Emergencia del Principado de Asturias (encargado de los rescates) la primera alerta fue recibida por el 112 asturiano a las 13.27 horas. El aviso comunicaba que una persona se había despeñado desde una altura estimada de entre 40 y 60 metros en la zona de Torrecerredo. El Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA movilizó de inmediato el helicóptero medicalizado para acudir al lugar.

Cuando la aeronave se dirigía al primer rescate, a las 13.45 horas el centro de coordinación recibió una segunda petición de ayuda, trasladada por el 112 de Castilla y León. La llamada había sido realizada por una montañera francesa que había sufrido una grave lesión en una pierna en el Jou Sin Tierre y no podía continuar la marcha. La comunicación se interrumpió por la falta de cobertura en la zona, por lo que su acompañante tuvo que desplazarse para lograr contactar de nuevo con los servicios de emergencia.

El helicóptero del SEPA llegó primero a Torrecerredo, donde el médico-rescatador confirmó a las 14.18 horas el fallecimiento del excursionista. Los integrantes del operativo permanecieron en la cumbre custodiando el cuerpo hasta la llegada, a las 15.28 horas, de un helicóptero de la Guardia Civil con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, que se hicieron cargo del fallecido para su traslado a la morgue de La Morgal.

Tras quedar liberado del primer servicio, el helicóptero del servicio de emergencias asturiano voló al Jou Sin Tierre para rescatar a la mujer, que presentaba una posible fractura de tibia y peroné. La montañera fue estabilizada e izada a la aeronave antes de ser trasladada al Hospital del Oriente, en Arriondas, donde ingresó a las 16.28 horas.

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta responsable de una estafa de 9.850 euros cometida mediante el conocido método del “falso hijo en apuros”, un fraude cada vez más extendido que aprovecha la confianza familiar y la presión emocional para conseguir transferencias de dinero de forma inmediata.

La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de León dentro de la operación 'Victoria', permitió esclarecer unos hechos denunciados por una víctima que creyó estar ayudando a su hija cuando en realidad estaba siendo engañada por ciberdelincuentes.

Según ha informado la Guardia Civil, el caso se remonta a abril de 2025, cuando la víctima recibió mensajes a través de una aplicación de mensajería instantánea desde un número desconocido.

La persona que escribía aseguraba ser su hija y argumentaba que su teléfono móvil se había averiado, por lo que estaba utilizando un nuevo número para comunicarse.

Tras ganarse su confianza, los estafadores plantearon una situación supuestamente urgente: necesitaban recibir 9.850 euros para afrontar el pago de un crédito cuya vigencia finalizaba ese mismo día y que, debido a los problemas con el teléfono, no podían gestionar personalmente.

Ante la presión de la situación y convencida de que estaba ayudando a un familiar, la víctima efectuó la transferencia solicitada a través de la aplicación de su entidad bancaria.

Una vez presentada la denuncia, los especialistas de la CiberComandancia analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima y llevaron a cabo un rastreo del dinero transferido. Las pesquisas permitieron determinar la presunta autoría de los hechos y poner a disposición judicial al supuesto responsable del fraude.

Una de las modalidades de estafa más habituales

La Guardia Civil recuerda que el fraude del “falso hijo en apuros” se ha convertido en una de las modalidades de estafa más habituales en los últimos años. Los delincuentes suelen obtener previamente información personal y familiar a través de redes sociales para construir relatos creíbles.

Después contactan desde un número desconocido alegando la pérdida o avería del teléfono y plantean una urgencia económica que requiere una transferencia inmediata o un envío de dinero mediante aplicaciones de pago.

Los investigadores advierten de que la clave del engaño reside en generar una sensación de urgencia que reduzca la capacidad de reacción de la víctima y evite que compruebe la identidad real de quien solicita el dinero.

Por ello, recomiendan verificar siempre la identidad del familiar a través de su número habitual, desconfiar de las peticiones económicas urgentes y no realizar pagos ni transferencias sin confirmar previamente quién se encuentra detrás de los mensajes recibidos.

Un ciudadano de Oviedo ha conseguido que la Justicia le dé la razón al reclamar la devolución de los pagos del peaje del Huerna (autopista León-Asturias), según ha informado La Voz de Asturias. El hombre presentó una demanda civil a través del Juzgado de Instancia de Oviedo, que ha considerado que la empresa que gestiona el peaje, Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA), debe devolverle tres pagos en el peaje de la AP-66.

Así, la Justicia reconoce a Ignacio Menéndez Rodríguez que AUCALSA debe devolverle 72,50 euros que pagó por los tres trayectos y que ahora sienta un precedente judicial para usuarios de esta autopista que conecta la provincia de León con el Principado de Asturias.

Menéndez Rodríguez ha explicado a La Voz de Asturias que decidió iniciar el proceso de demanda civil a través del Juzgado por las facilidades económicas y logísticas, ya que no es necesario contar con un abogado y se puede presentar por internet. El ovetense añade que presentó los justificantes de pagos, alegando además que en esos momentos la AP-66 contaba con tramos cortados, reducción de la velocidad de circulación y carriles únicos tras un desprendimiento.

La sentencia considera que cobrar el peaje íntegro sin informar debida y previamente sobre el estado de la vía constituye una práctica no consentida. Además, el documento explica que la señalización del peaje del Huerna no cumple con los requisitos exigidos.

Protesta sindical

Todo ello en un contexto de protestas convocadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León y Asturias durante el jueves 24 de septiembre a la entrada del peaje de la autopista León-Asturias. Decenas de personas han acudido a la concentración para reclamar el fin del pago de la AP-66, que provoca además un importante perjuicio económico para aquellas personas que tienen que atravesarla.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. 

Casi medio centenar de voluntarios de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León Promonumenta y varios vecinos de Montealegre (Villagatón) y Torre del Bierzo participarán este sábado, 26 de septiembre, en una hacendera en Santibáñez de Montes, pueblo abandonado en los años sesenta y perteneciente a este último municipio berciano.

Se trata de la tercera ocasión en los últimos años en que Promonumenta interviene con una hacendera en Santibáñez de Montes. Como en ocasiones anteriores, los trabajos se centrarán en la limpieza en las ruinas de la iglesia de San Juan Evangelista, colmatada por sus propias paredes, así como en el desbroce en las vías principales y el entorno de los molinos harineros de este abandonado pueblo minero.

De septiembre de 2024 data la hacendera inmediatamente anterior, en la que las labores de los voluntarios consistieron en desbrozar el entorno de la iglesia, descubrir y asentar parte de la escalera de acceso y del aliviadero de su sacristía, así como en desbrozar y limpiar varias calles del barrio de Arriba y varios molinos harineros para dejarlos visibles.

El Ayuntamiento de Torre del Bierzo y la Junta Vecinal de Montealegre colaboran en la realización de la hacendera.

Un pedido de tabaco por WhatsApp que nunca llegó ha acabado en los tribunales en León. La compradora pagó 43 euros en dos Bizum, esperó a que llegara el supuesto repartidor y, cuando comprobó que no había tabaco ni respuesta al otro lado del teléfono, denunció los hechos. La Audiencia Provincial de León ha confirmado ahora la condena del vendedor por un delito leve de estafa, que tendrá que devolver los 43 euros y pagar 300 euros de multa.

La historia comenzó el 3 de marzo de 2025, cuando la mujer contactó por WhatsApp con el condenado para comprar tabaco. No era la primera vez que hacía una operación de este tipo con ese número y, según declaró durante el juicio, las compras anteriores habían funcionado correctamente. Esta vez, sin embargo, el pedido se torció desde el principio.

El vendedor le pidió primero 20 euros mediante Bizum y después otros 23 euros, con el argumento de que necesitaba completar el pago para que un repartidor pudiera llevarle el tabaco. La mujer hizo ambos pagos. El repartidor, sin embargo, nunca apareció y el tabaco tampoco. Cuando intentó ponerse de nuevo en contacto con el vendedor, tampoco obtuvo respuesta.

La investigación permitió comprobar que el número de teléfono al que se hicieron los pagos y la cuenta bancaria que recibió el dinero estaban a nombre del acusado. El hombre negó haber participado directamente en la estafa y sostuvo que desconocía lo que estaba ocurriendo. También llegó a explicar que el dinero podía estar relacionado con una operación de compra de bitcoins.

El tribunal no da por buena esta explicación. La sentencia señala que no existía ningún contrato entre el acusado y la mujer para realizar una operación con criptomonedas y considera probado que recibió el dinero en su cuenta y que posteriormente dispuso de él. Para la Audiencia, aunque el condenado no hubiera sido quien contactó directamente con la víctima, prestó su teléfono y su cuenta bancaria para recibir los fondos y participó en el engaño.

De 900 a 300 euros de multa

La primera sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de León, había impuesto al condenado tres meses de multa a razón de 10 euros diarios, lo que suponía 900 euros, además de la devolución de los 43 euros a la víctima. El condenado recurrió y pidió su absolución o, de forma subsidiaria, una reducción de la pena.

La Audiencia Provincial mantiene la condena por estafa, pero sí le da la razón en parte respecto a la multa. Considera que la jueza de primera instancia no explicó suficientemente por qué había impuesto la pena máxima prevista para este delito leve y, por ello, la reduce de tres meses a un mes de multa, manteniendo los 10 euros diarios.

La cuenta final de aquella venta de tabaco que nunca llegó se salda con la devolución de los 43 euros estafados a la víctima y 300 euros de multa. La resolución de la Audiencia Provincial de León, dictada este verano, es firme y contra ella ya no cabe recurso.

Un hombre y una mujer de unos 70 años han resultado heridos este miércoles por la tarde en un atropello en la rotonda Carlos Pinilla de León.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió, minutos antes de las seis y media de la tarde, un aviso por el atropello de un turismo a dos peatones en la rotonda de Pinilla, en la capital.

El 1-1-2 dio aviso a los cuerpos de la Policía Nacional y Local de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos.

A la llegada del personal sanitario, ambos se encontraban conscientes, pero no han trascendido más detalles sobre las heridas ni su identidad.

El Ayuntamiento de León cree haber puesto fin a semanas de tensión, negociaciones, amenazas y decisiones drásticas que parecían poner en riesgo la tradicional celebración del desfile de pendones concejiles en la mañana de la fiesta de San Froilán en la capital leonesa. Y cree haber conseguido que este evento brille como otros años, esta vez el domingo 4 de octubre, con la habitual participación de más de 300 pendones y pendonetas de otros tantos pueblos de la provincia leonesa, en su recorrido por el centro de la ciudad.

Hace apenas cinco días todo parecía en el aire, al aprobarse el viernes por mayoría absoluta en el seno de la Asociación de Pendones Concejiles Reino de León el rechazo frontal a asumir, como todos los años, la organización de este vistoso desfile. Un 'no' rotundo que argumentaban en el rechazo a lo que consideraban algunas nuevas imposiciones por parte del Consistorio leonés.

La polémica se centraba, principalmente, en la inicial imposición y posterior “recomendación” de que los grupos que izan y acompañan estas gigantescas banderas de cada pueblo fueran vestidos con los trajes regionales tradicionales de su comarca, zona o pueblo. El Ayuntamiento apenas dejaba la alternativa de que quien no dispusiera de esta indumentaria pudiera sólo acudir con pantalón negro, camisa blanca y calzado oscuro, y fajín en el caso de los hombres.

Sin embargo, la Asociación se hizo eco de una auténtica rebelión de una mayoría de pueblos participantes, como por ejemplo 39 vinculados al entorno de La Virgen del Castro, en Castrotierra, que se plantaron manifestando públicamente su “más absoluto enfado, descontento y desacuerdo” con esta nueva obligatoriedad, que criticaban como una “imposición arbitraria”. Exigían ya entonces un respeto del Consistorio de León a “la autonomía, los colores y la indumentaria propia de cada agrupación”, habitualmente con camisetas del mismo color identificativo de cada localidad y estampado el nombre del pueblo.

Sin embargo, apenas cinco días después, donde la Asociación dijo 'no' ahora parece que se reconvierte en un 'sí'. Es al menos lo que ha asegurado el equipo de Gobierno que preside el alcalde José Antonio Diez, que en una escueta nota de prensa anuncia que el Ayuntamiento se sumará a la asociación para una “organización conjunta” del evento.

La poca novedad que se resalta es que “el desfile mantendrá así las mismas características que en años anteriores, conforme al convenio suscrito por ambas partes” y a mayores parece constar ahora literalmente que “en la indumentaria” de los participantes de cada localidad “se sugiere” el uso del traje tradicional pero “sin que la vestimenta sea excluyente”.

Los premios y cambios en el dinero

Y para incentivarlo, en vez de castigarlo, insiste en incorporar un premio en metálico “a la mejor indumentaria al acompañamiento de las enseñas”. Un premio que se igualará en cuantía, 250 euros, al que hasta ahora se otorgaba “a la mejor exhibición y manejo de pendones concejiles”.

Pero la principal novedad es también económica, aumentando la cuantía de la subvención a cada pueblo por participar: ahora se anuncia un pago de 200 euros para cada uno de los primeros 200 pendones inscritos, es decir, una cifra total de 40.000 euros. Sin embargo, en el convenio del año anterior la cuantía era de 170 euros por cada grupo con uno o más pendones, que se rebajaban a 100,00 euros si sólo se aportaba una pendoneta.

Para tratar de cerrar lo más posible este episodio que ha tensionado como nunca la celebración, el Consistorio garantiza que “este desfile mantendrá las bases reguladoras establecidas para la inscripción de las enseñas en base a las cuales se garantiza la presencia de pendones y pendonetas que se desplazarán a la ciudad de León en la citada jornada” del domingo 4 de octubre, en esta ocasión.

Y tercer año de boicot de carros engalanados

Hay que recordar, además, que otra habitual y vistosa tradición, la de los carros engalanados, alcanzará este año su tercer ejercicio de desencuentro total con los que fueron siempre organizadores de este otro desfile: La Asociación del Carro Tradicional Leonés. Han anunciado que volverá a boicotear el desfile y dejar fuera a sus más de 50 carros engalanados por seguir criticando al Ayuntamiento que no atienda sus demandas para modificar la organización del acto, especialmente en lo relativo al punto de salida, el recorrido y los tiempos de espera de los carros y los animales, vacas, bueyes, burros o caballos.

Las principales discrepancias se siguen centrando, para la asociación, en la seguridad del desfile, sobre todo en algunas calles estrechas del Casco Histórico, donde las aglomeraciones de público y las dificultades para realizar determinados giros pueden poner en riesgo tanto a los animales de tiro como a los espectadores, algo que ya ocurrió años atrás.

De este modo, también el Consistorio tendrá que organizar por su propia cuenta y con otros colectivos la presencia de los carros decorados a la antigua usanza, , una de las estampas más vinculadas al mundo rural y a las tradiciones leonesas que se viven cada año en la capital de la provincia.

El PP exige explicaciones

Precisamente este miércoles, el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento leonés exigía al alcalde, José Antonio Diez, que aclarara quién decidió introducir las recomendaciones sobre la indumentaria de los pendoneros y qué responsabilidad tuvo el Ayuntamiento en una polémica que ha enfrentado al Consistorio con la Asociación de Pendones del Reino de León. Por boca de su portavoz, David Fernández, consideran razonable cuidar la imagen del desfile, pero cuestionan que se plantearan cambios sin consenso con quienes mantienen viva esta tradición, que son los pueblos.

El PP exige saber en concreto las conversaciones previas, la participación prevista de los pueblos y cómo asumirá el Consistorio las tareas que realizaba la entidad, incluidos el transporte de varas y pendones y el coste que supondrá.

La oposición a la planta de biometano proyectada en Val de San Lorenzo saldrá a la calle este sábado 26 de septiembre con una manifestación que recorrerá distintos puntos de Astorga y finalizará ante el Ayuntamiento. La movilización, convocada por la Plataforma Vecinal de San Lorenzo y bajo el lema ‘No Biometano’, pretende reunir a vecinos de la comarca para expresar su rechazo al proyecto y reclamar la protección del territorio.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en el parque de Val de San Lorenzo, desde donde partirá el primer grupo. Los organizadores han establecido otros puntos de encuentro en la gasolinera Moeve y en el tanatorio de Astorga, antes de confluir en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde está prevista una concentración a partir de las 13.00 horas. El recorrido completo previsto alcanza los 7,5 kilómetros, aunque los participantes podrán incorporarse en diferentes puntos.

La movilización se produce mientras continúa la tramitación ambiental del proyecto promovido por una filial de ID Energy Group. La planta contempla una inversión de 9,45 millones de euros y está diseñada para tratar unas 233.500 toneladas anuales de residuos y subproductos orgánicos agroganaderos para producir biometano. El estudio ambiental sometido a información pública concluye que no existen impactos severos o críticos, aunque analiza afecciones relacionadas con olores, ruido, agua, suelo, tráfico, fauna y otros factores ambientales.

Uno de los elementos que más preocupa a los opositores es el transporte asociado a la instalación. Según la documentación del proyecto, entrarían diariamente unos 38 camiones con materias primas y saldrían otros 36 con digestato, lo que suma 74 movimientos diarios de vehículos pesados durante los 260 días de actividad previstos. La empresa plantea obtener las materias primas principalmente de explotaciones ganaderas situadas en un radio preferente de unos 30 kilómetros, ampliable hasta 50.

También el abastecimiento de agua ocupa un lugar destacado en las críticas. La parcela elegida no dispone de conexión a una red de abastecimiento, por lo que el proyecto contempla transportar el agua mediante camiones cisterna y almacenarla en un depósito de 50 metros cúbicos. La documentación calcula un consumo industrial de unos 982 metros cúbicos anuales, además de agua para usos sanitarios, mientras que antes de la puesta en funcionamiento serían necesarios 8.000 metros cúbicos para las pruebas hidrostáticas.

Los opositores han presentado además alegaciones durante el periodo de información pública, que finaliza el 28 de septiembre, en las que cuestionan aspectos urbanísticos, ambientales y relacionados con el tráfico y el abastecimiento de agua. Entre otras cuestiones, plantean dudas sobre el uso de terrenos afectados por un incendio en 2024, el informe de compatibilidad urbanística, las distancias de seguridad y la evaluación acumulada con otros proyectos de gestión de residuos de la comarca.

El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado públicamente que ha presentado alegaciones al proyecto, con una especial preocupación por el trazado de la línea eléctrica que abastecería a la futura instalación y las posibles afecciones sobre la ciudad y su entorno como olores y molestias de tráfico. La planta se sitúa a apenas dos kilómetros del casco urbano de Astorga y elevada sobre la ciudad maragata.

La planta prevé producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a unos 81.736 MWh de energía, y conectarse directamente a la red gasista. Frente a esta dimensión industrial, el proyecto contempla cinco empleos directos permanentes y alrededor de una decena de empleos indirectos, según la documentación recogida en la información pública.

La manifestación del sábado plantea así una nueva muestra de oposición vecinal a una instalación que ha generado debate en Val de San Lorenzo, Astorga y la comarca maragata. La convocatoria llama a participar bajo el lema ‘Defendiendo nuestra Tierra’ y reclama que sean los vecinos quienes decidan sobre el futuro del territorio.

Cistierna acogerá el próximo lunes 28 de septiembre un foro abierto sobre el futuro de las energías renovables y la economía circular en el entorno rural, con especial atención a las oportunidades y retos que estas tecnologías plantean para el sector agroganadero. La jornada, titulada ‘Energías renovables y desarrollo rural’, comenzará a las 18.30 horas en el Hotel Puerta Vadinia, con entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro, señalan en un comunicado, pretende servir como espacio de diálogo con los vecinos para abordar cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías verdes, la economía circular y la valorización de residuos, además de resolver dudas sobre sus posibles efectos en el territorio.

Entre los asuntos que se tratarán figuran el control de olores, la calidad del aire, la protección del agua, la seguridad industrial y el tráfico logístico. En el fondo de la jornada está la controversia levantada en la localidad de Vidanes, donde se localiza el polígono industrial municipal, por la próxima instalación de una planta de biogás asociada a la empresa agroalimentaria Apaykachana. La jornada pretende exponer la necesidad y conveniencia de este tipo de instalaciones para una adecuada gestión de residuos agroganaderos, pero en diversos puntos de la provincia los planes de instalación han levantado una notable polémica con la configuración de plataformas ciudadanas en contra de las instalaciones.

La jornada comenzará con la intervención de Antonio Morán, catedrático e investigador del grupo de Ingeniería Química y Ambiental del Instituto de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de León. Posteriormente se celebrará una mesa redonda con representantes de los ámbitos académico, agrario, social e industrial.

En ella participarán Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de la Asociación Crecemos; Pedro Ismael Martín, secretario de Innovación, Formación y Cambio Climático de UPA; Jacobo Canseco, director de Energías Renovables de Axpo; Carlos Boné, alcalde de Valderrobres (Teruel), que expondrá la experiencia de su municipio tras la implantación de una planta de biogás, y Elvia Rodríguez, subgerente de Apaycachana, que abordará los aspectos técnicos y de diálogo del proyecto planteado en Vidanes.

El foro incluirá además un turno abierto de preguntas para que los asistentes puedan trasladar directamente sus dudas y planteamientos a los ponentes. La organización invita especialmente a los vecinos de Cistierna, Vidanes y el conjunto de la Montaña Oriental a participar en la jornada.

El escritor, dramaturgo y docente ponferradino Carlos García Ruiz iniciará a finales de septiembre una travesía de unos 22.000 kilómetros en moto por Sudamérica, entre Bogotá (Colombia) y Ushuaia (Argentina), como homenaje a su hermano David, fallecido en 2022 de un cáncer de páncreas, y apoyo a la investigación oncológica. Toma así de algún modo el relevo del villafranquino Miguel Martínez Basurco, que no pudo por las condiciones meteorológicas ni siquiera intentar cruzar a nado el canal de la Mancha tras haber cruzado el estrecho de Gibraltar.

La ruta, bautizada como Cuaderno de los Andes, atravesará Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, siguiendo buena parte de la cordillera de los Andes y la Ruta Panamericana.

García Ruiz realizará el recorrido en solitario y llevará consigo un cuaderno en el que irá recogiendo por escrito los lugares, personas y experiencias de la travesía, material que posteriormente servirá para elaborar un libro.

El proyecto cuenta con la colaboración de OncoBierzo, cuya bandera acompañará al berciano durante el viaje y será fotografiada en diferentes puntos del recorrido.

La asociación ha puesto además en contacto la iniciativa con la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS), que recibirá parte de los fondos obtenidos mediante una campaña de apoyo al proyecto.

El objetivo de la campaña es alcanzar 12.000 dólares (unos 10.470 euros), y el 25% de lo recaudado hasta esa cantidad se destinará a la Fundación FICUS y, si se supera la cifra, el excedente se entregará íntegramente a la entidad para apoyar la investigación contra el cáncer.

Las aportaciones, desde tres dólares, también permitirán contribuir a los gastos de la travesía, entre ellos combustible, alojamiento y alimentación.

La investigadora principal del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca de Fundación FICUS, Sandra Blanco, ha agradecido que el viaje se haya vinculado al apoyo a la investigación y ha subrayado la importancia de seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Por su parte, García Ruiz ha explicado que la aventura responde a una promesa que había compartido con su hermano.

“Esta aventura no consiste únicamente en recorrer Sudamérica. Nace de una promesa, quiero escribir sobre un continente y busco que cada kilómetro recorrido pueda servir también para algo más”, ha referido.

El recorrido comenzará en Bogotá, tendrá como punto más meridional Ushuaia y posteriormente emprenderá el regreso hasta Colombia, con etapas previstas de entre 300 y 400 kilómetros.

Y el reto podrá seguirse a través de vídeos, fotografías y pequeñas crónicas publicadas en YouTube (https://www.youtube.com/@CuadernodelosAndes), Instagram (@carlosgr_ok) y Facebook (https://www.facebook.com/carlosgr.ok), con contenidos exclusivos para quienes apoyen el proyecto (ko-fi.com/cuadernodelosandes).

La provincia de León contará con tres nudos eléctricos incluidos en el nuevo procedimiento impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para adjudicar capacidad de acceso a la red destinada a proyectos de energías renovables y almacenamiento. Se trata de Compostilla, La Robla y Montearenas, todos ellos vinculados a territorios afectados por el cierre de instalaciones energéticas y encuadrados dentro de las denominadas zonas de transición justa.

En concreto, el procedimiento incluye los nudos de Compostilla 220/400 kV, La Robla 400 kV (para el proyecto La Robla Green) y Montearenas 220/400 kV (para los macroproyectos situados en El Bierzo). El Ministerio ha abierto este miércoles dos consultas públicas previas con las que inicia la tramitación para repartir capacidad eléctrica en distintos puntos del país.

En conjunto, los nudos incluidos en este proceso disponen de hasta 11 gigavatios (GW) de capacidad de acceso, aunque el departamento estatal no detalla en la información facilitada qué cantidad concreta corresponde a cada uno de los tres nudos leoneses.

La iniciativa parte de una manifestación de interés lanzada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) durante los meses de abril y junio para conocer qué proyectos empresariales de generación renovable y almacenamiento permanecen a la espera de poder conectarse a la red. El sondeo abarcó nudos situados en A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, León y Palencia, además de Puertollano.

Tras analizar las propuestas recibidas, el ITJ plantea habilitar un procedimiento ágil de adjudicación por orden de recepción de las solicitudes en determinados nudos de cinco comunidades autónomas. En ese grupo se encuentran los tres emplazamientos de la provincia leonesa, cuya capacidad permanecía hasta ahora reservada dentro de los procesos asociados a la transición energética.

Paralelamente, el Ministerio ha abierto otra consulta específica para los nudos de Guardo 220 kV y Velilla 400 kV, en Palencia, donde se ha detectado un elevado interés por proyectos de bombeo hidroeléctrico reversible y se plantea un concurso competitivo con criterios socioeconómicos y ambientales. Las alegaciones, observaciones y propuestas a las dos consultas podrán presentarse hasta el próximo 8 de octubre.

La UPL se suma a la denuncia de los sindicatos por el cierre y traslado a Valladolid del actual centro de formación de Adif en León por no realizar obras de mantenimiento, asegurando en una nota de prensa que “en una nueva vuelta de tuerca el ministro Puente no escatima esfuerzos para ningunear a León en cuanto la ocasión se le plantea”.

Para la formación política leonesista “el que Adif se plantee la construcción de un nuevo centro de formación para el año 2030 pero el previo cierre en el año 2026 del centro de formación existente, no supone más que un brindis al sol y todos sabemos que las infraestructuras que se prometen a largo plazo, al final se incumplen sin solución de continuidad y ejemplos tenemos como la estación provisional de Renfe, o la segunda fase de San Marcos, y cabe preguntarse qué sucede con la formación en el periodo de 2027 a 2030, porque es evidente que en algún lado tendrá que dar Adif la formación que realizaba en León si se procede al cierre del centro de León, y mucho nos tememos que la idea sea el traslado de estas instalaciones a Valladolid y nunca más vuelvan a León”.

Por todo ello, apoyan a los sindicatos asegurando que “lo que procede es mantener y acondicionar las actuales instalaciones acometiendo las reparaciones necesarias en el actual edificio o buscar una ubicación provisional dentro del término de León e iniciar las obras de un nuevo centro inmediatamente y no esperar al año 2030, y si ese es el horizonte que se plantea Adif, insistimos, la solución es buscar un centro provisional o, la ejecución de obras de mantenimiento de las actuales instalaciones”.

Así, desde el Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León exigen “al ministro Puente que aclare qué es lo que pretende hacer con el centro de formación de Adif de León y no utilice la vía de su mano dictatorial para arrimar el ascua a Valladolid”.

Consultado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al respecto de la noticia que publicó ayer ILEÓn por esta denuncia, este periódico digital no ha recibido ninguna contestación al respecto.

La Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro actuaciones relacionadas con posibles actividades de caza furtiva e infracciones de la normativa cinegética en diferentes puntos de la provincia de León. Los operativos se han desarrollado en Sopeña de Curueño, Rodanillo y las comarcas de la Valdería y La Cabrera, con el resultado de un cazador detenido, otras dos personas investigadas y cuatro identificadas y propuestas para posibles sanciones administrativas.

La actuación más relevante tuvo lugar en Sopeña de Curueño, donde un joven de 22 años, vecino de La Vecilla, fue detenido como presunto autor de un delito contra la protección de la flora y fauna. Además, un hombre y una mujer, ambos vecinos de la zona, están siendo investigados por su posible participación en los hechos.

Un detenido y dos investigados en Sopeña de Curueño

La intervención en Sopeña comenzó durante la noche del pasado sábado, cuando la Guardia Civil recibió un aviso del Centro Operativo de Servicios (COS) tras la llamada de un vecino que alertó de haber escuchado varios disparos en las inmediaciones del pueblo. Patrullas de Seguridad Ciudadana de la compañía territorial de León se desplazaron hasta el lugar y establecieron un dispositivo coordinado de cierre del perímetro para localizar e interceptar a los posibles responsables.

Horas más tarde, los agentes interceptaron un vehículo cuyos ocupantes podrían estar relacionados con los disparos. Las posteriores pesquisas permitieron localizar y aprehender diverso material que presuntamente habría sido utilizado en la actividad investigada.

Entre los efectos intervenidos figuran un rifle monotiro del calibre 308, un silenciador, un visor térmico, la cabeza de un venado, una linterna, dos navajas, dos cuchillos, un afilador y 20 casquillos del mismo calibre.

El detenido está acusado de un presunto delito contra la protección de la flora y fauna, relacionado con un supuesto caso de furtivismo. Asimismo, se le investiga por otro posible delito contra la seguridad colectiva, al haber sido localizado conduciendo un vehículo pese a tener el permiso de conducción sin vigencia. Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Boñar y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

Dos cazadores sorprendidos con visión térmica en Rodanillo

La segunda actuación tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en Rodanillo, donde efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fabero identificaron a dos personas que circulaban en un todoterreno por una pista forestal a baja velocidad.

Los agentes, que realizaban labores de vigilancia y prevención de actividades ilícitas relacionadas con la caza furtiva, habían establecido un dispositivo de vigilancia estática en la zona. Durante la inspección del vehículo localizaron un rifle con mira telescópica, que se encontraba desenfundado y presuntamente preparado para su utilización, además de un dispositivo de visión térmica de tipo monocular.

Según la Guardia Civil, los dos identificados estarían realizando actividad cinegética en la modalidad de rececho del corzo, en la que está expresamente prohibido el uso de dispositivos de visión térmica. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad competente por si pudieran constituir varias infracciones de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza de Castilla y León. Será este organismo el que determine las posibles responsabilidades.

Un rifle con silenciador en la Valdería

La tercera intervención se desarrolló durante la pasada semana en la zona de la Valdería, donde efectivos del Seprona de Veguellina de Órbigo localizaron a una persona que transportaba en su vehículo un rifle con un silenciador acoplado.

La actuación se produjo durante un dispositivo de vigilancia nocturna. En la inspección del automóvil, los agentes encontraron también otra arma y un visor nocturno, por lo que procedieron a intervenir estos efectos y a realizar las correspondientes actuaciones por una posible infracción de la normativa vigente.

Un arco de caza sin autorización en la Cabrera

Por último, efectivos de la misma patrulla del Seprona localizaron en otra comarca de la Cabrera, en una localidad que no se identifica, a una persona que transportaba en el interior de un vehículo un arco destinado a la práctica de la caza. El portador carecía de la documentación preceptiva necesaria para el ejercicio de la actividad cinegética, por lo que los agentes procedieron a identificarlo y a formular la correspondiente denuncia por una posible infracción de la normativa.

Una ciudad española se ha hecho un hueco entre algunos de los destinos que Lonely Planet considera imprescindibles para viajar en el año 2027. León es la única representante de España en la nueva selección internacional 'Best in Travel 2027', con la que una de las editoriales de viajes más conocidas del mundo señala medio centenar de lugares y experiencias para descubrir durante el próximo año.

La elección coloca a León en un escaparate mundial junto a destinos repartidos por prácticamente todos los continentes. La lista ha sido elaborada por los escritores y editores de Lonely Planet a partir de lugares que conocen de primera mano y que consideran especialmente atractivos para los viajeros en 2027. La publicación busca este año experiencias alejadas de los grandes circuitos turísticos y lugares que permitan viajar con mayor calma y descubrir su historia y su identidad.

En el caso leonés, Lonely Planet pone especialmente el foco en una combinación poco habitual: patrimonio, Camino de Santiago y vida nocturna. La publicación recomienda León como uno de los mejores lugares para descubrir la historia de la Ruta Jacobea, en el llamado Camino francés, y disfrutar al mismo tiempo de una ciudad que cambia radicalmente cuando cae la noche en espacios como el Barrio Húmedo o el Barrio Romántico. No en vano, se trata de la ciudad con mayor número de bares por habitante de toda España. Y todos con abundante tapa gratis.

Otra controversia 'castellana'

La guía retrata así una especie de “dos ciudades en una”. Durante el día destaca sus grandes monumentos, su patrimonio histórico y religioso y su estrecha vinculación con el Camino de Santiago. Por la noche, la imagen cambia y el protagonismo pasa a las estrechas calles y plazas del casco antiguo, llenas de actividad hasta altas horas.

El texto que destaca la guía sobre León viene firmado por el escritor viajero y fotógrafo Mark Eveleigh que, sin embargo, se equivoca al definir a la histórica ciudad, de origen romano, como “una ciudad de profundas raíces castellanas”, cuando se trata de la capital del antiguo Reino de León y de la llamada Región Leonesa. La única vinculación con la región de Castilla es que apenas hace 40 años que forma parte de una controvertida comunidad autónoma que forzadamente ha unido ambas regiones, no sin grandes protestas de discriminación por parte de León.

Un listado amplísimo de 25 destinos y 25 experiencias

En la prestigiosa guía, León comparte presencia europea en la selección con destinos como el Véneto italiano, Dessau en Alemania y Skanör-Falsterbo en Suecia, dentro de una lista mucho más amplia que recorre el planeta. También aparecen lugares como el Red Centre australiano, Nuevo México en Estados Unidos, Bariloche y la Región de los Lagos en Argentina, Nueva Caledonia, Gujarat en India o Bocas del Toro en Panamá.

La edición de 2027 de 'Best in Travel' reúne concretamente 25 destinos y otras 25 experiencias, desde nuevos lugares emergentes hasta maneras diferentes de conocer enclaves ya populares. Lonely Planet presenta la selección como una guía para descubrir lugares fuera de lo habitual y planificar grandes viajes durante el próximo año.

La inclusión supone para León una promoción internacional especialmente relevante. Lonely Planet no solo incorpora la ciudad a su selección anual, sino que ha publicado además una guía específica para viajar a León, fechada el 20 de septiembre de 2026 y centrada en su patrimonio, arquitectura, gastronomía, historia y experiencias culturales.

Así, la capital leonesa entra en 2027 en el radar internacional junto a algunos de los grandes destinos emergentes del planeta con una carta de presentación basada precisamente en ese contraste: una ciudad monumental y vinculada al Camino durante el día y un Casco Histórico que, cuando anochece, ofrece una experiencia completamente especial y diferente.

La Plataforma Feminista Abolicionista de León ha convocado este miércoles 23 de septiembre una concentración con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Prostitución y la Trata de Mujeres y Menores. La movilización tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de Botines de León.

La plataforma sostiene que la prostitución constituye “un sistema de violencia organizada contra las mujeres” vinculado a situaciones de desigualdad. El colectivo relaciona además la prostitución y la trata con fenómenos como la pobreza, la exclusión, el racismo y la normalización de la violencia sexual.

Las asociaciones convocantes defienden la abolición de la prostitución como horizonte para avanzar hacia una sociedad igualitaria y consideran que tanto esta como la trata son incompatibles con los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española.

Algunos de los más icónicos y entrañables parques y jardines de la capital leonesa vivirán durante los próximos cuatro años trabajos de remodelación, en algunos casos de calado y profundidad. Ese es el objetivo que se plantea un millonario contrato que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de la capital, por un importe que arranca con 7,3 millones de euros.

La lista de espacios públicos ajardinados en los que el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde José Antonio Diez quiere dejar totalmente cerrado hasta prácticamente todo el próximo mandato, en concreto hasta el año 2030, pasa por diferentes tipos de reformas y obras en parques muy céntricos e icónicos. Se trata del Paseo de la Condesa o el jardín de San Francisco, otros más de barios como La Granja, Quevedo en El Crucero o Virgen del Camino, en el centro del Polígono X, así como el de los Reyes Leoneses en la avenida José Aguado.

Pero también el contrato incluye la puesta al día bastante profunda del actual vivero municipal y la que llaman “renovación integral” de la fuente ornamental de Guzmán, en el extremo de Ordoño hacia las estaciones, con su conocida estatua del personaje histórico en medio.

El contrato, que se cerrará con una única empresa privada, en un único y jugoso lote, al considerarse en un informe contraproducente por razones de organización y coordinación, se aprobó en Junta de Gobierno a principios de septiembre, sale ahora a licitación y abre el período de presentación de ofertas hasta el próximo 19 de octubre. Su nombre oficial es “Obras de reposición, adecuación y mejora dela infraestructura verde del Municipio de León”, y reserva sólo para las remodelaciones mencionadas cerca de la mitad de los 7,3 millones de partida, es decir, 3.150.000,00 euros.

Más en manos privadas

Es un profundo paso adelante más en la creciente privatización de todo tipo de obras públicas y espacios verdes de la ciudad de León, de modo que ya ningún trabajo es realizado por personal municipal ni plantilla pública alguna. De hecho, se trata de un contrato a mayores de otro que, dividido en varios lotes recaídos a diferentes compañías, continúa en vigor en la ciudad por un valor conjunto de 37 millones de euros, según se contrató ya en el año 2022.

Es el dinero que suman un lote para jardinería y obra civil de espacios verdes; otro para mantenimiento de juegos infantiles, deportivos, y mobiliario de espacios verdes; uno más de mantenimiento de fuentes ornamentales de espacios verdes; y el último para mantenimiento elementos patrimoniales y simbólicos de espacios verdes. Es todo lo que hasta 2022 ejecutaba una única empresa, Acciona, pero que desde entonces se diversificó hacia empresas distintas en cometidos que, por su denominación, parecen superponerse unas con otras. El nuevo contrato a mayores de otros 7,3 millones suma ejecuciones aparentemente de un carácter similar.

Las actuaciones, al detalle

El proyecto en vías de contratación recoge las mencionadas ocho actuaciones. De momento, se detallan como planificación indicativa, por lo que tanto las prioridades como las anualidades y las cuantías podrán ajustarse durante la vigencia de cuatro años contrato.

La intervención de mayor importe prevista en esta programación es la renovación integral del parque de Quevedo, con una estimación de 700.000 euros y prevista en principio para el ejercicio 2027, que es año electoral. La actuación contempla la mejora de pavimentos, arbolado, fuente ornamental, estanque de la fauna, aviario donde residen numerosas especies de mucho éxito como los pavos reales, y otras infraestructuras hidráulicas y equipamientos. El proyecto podrá ejecutarse por fases, se indica.

También figura entre las actuaciones prioritarias la renovación integral del parque de San Francisco, presupuestada inicialmente en 500.000 euros, medio millón, y para 2028. Los trabajos abarcarían los pavimentos, el arbolado y las infraestructuras asociadas al parque, con especial atención a la conservación del arbolado consolidado, el uso público y las necesidades de mantenimiento. Es muy conocido por albergar dos veces al año en evento gastronómico y cultural Come y Calle.

En el parque de La Granja, el programa contempla una inversión estimada de 350.000 euros, orientada a mejorar el drenaje de los paseos, renovar el cerramiento exterior y actualizar las infraestructuras de captación y distribución del agua de riego. La anualidad prevista es también 2027. El vivero municipal, en la prolongación del Paseo del Parque, también aparece entre las intervenciones de prioridad alta, con 250.000 euros previstos ya entre este año 2026 y 2027. La actuación incluye la renovación del cerramiento exterior, trabajos de limpieza y desescombro y la adecuación de sus infraestructuras.

En el sur de la ciudad

Otra de las grandes intervenciones previstas es la renovación integral del parque de Los Reyes de España -dividido en dos, en realidad-, con una estimación inicial de 600.000 euros. En este caso sería para 2029. El alcance definitivo se determinará a partir del diagnóstico de las necesidades del espacio y de la correspondiente orden de actuación, aunque la planificación contempla mejoras genéricas en los elementos vegetales, pavimentos, instalaciones y equipamientos.

El listado incluye además una inversión de 250.000 euros para el parque Virgen del Camino, en medio del Polígono X, orientada a renovar sus pavimentos y las infraestructuras de las fuentes ornamentales, que acumularon años sin funcionar. La actuación se programa para 2028 y deberá compatibilizar las obras con el uso público del recinto, además de contemplar la revisión de las instalaciones.

Y la fuente de Guzmán

Para 2030 se reserva, de forma orientativa, una partida de 200.000 euros para la renovación completa de un lugar muy simbólico en la ciudad: la fuente de Guzmán el Bueno, en la confluencia entre los paseos de La Condesa y Papalaguinda. No se detalla mucho, más allá de reformar los elementos asociados a esta infraestructura ornamental, y se aclara que el dinero final dependerá del diagnóstico de las instalaciones y los equipos.

Por último, el programa prevé destinar 300.000 euros en 2029 a la renovación y mejora del arbolado del Paseo de La Condesa de Sagasta, así como de los elementos vinculados a su implantación. La actuación deberá definir las fases de ejecución y las condiciones para proteger el arbolado existente, aunque ya ha sido motivo de controversia parte de él, porque serían 26 los grandes árboles que tendrían que ser sacrificados, talados, si se ejecuta al final un proyecto de 2 millones de euros que suma ya varios intentos y polémicas: la nueva pasarela peatonal y de diseño sobre el río Bernesga para conectar a mayores La Condesa y el Paseo de Salamanca.

El papel jugado por la Junta de Castilla y León en la disputa por dónde se sitúa el límite autonómico con Asturias, entre los municipios de Cabrillanes en León y Somiedo en Asturias, ha enfrentado este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al procurador de la UPL, Luis Mariano Santos.

El leonesista ha formulado una pregunta ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno autonómico que no actúe como una “madrastra” que mira mal a la provincia de León y no interviene para ayudar a la localidad leonesa de Cabrillanes en un contencioso judicial con Somiedo, municipio al que sí ve respaldado por el Principado de Asturias.

En su primera respuesta, el consejero ha afirmado que la Junta “ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León”.

Ante esta contestación, Luis Mariano Santos ha alertado de que este contencioso que dura ya 26 años afecta a los límites autonómicos de Castilla y León y Asturias: “¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?”, se ha preguntado el procurador de la UPL, quien ha pedido aclarar qué ha hecho la Junta en este litigio para recuperar un monte público desde 1992.

En su dúplica, González Gago ha afirmado que el Gobierno autonómico ha apoyado “intensamente a Cabrillanes”, ya que existe un “interés conjunto en defender” ese límite autonómico, municipal y provincial.

En este sentido, el consejero ha recordado que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el contencioso planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León y que implican que más de 600 hectáreas han pasado a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. González Gago ha añadido que “lógicamente” la otra parte interesada ha recurrido y será el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión.

El consejero ha criticado que UPL pida la ayuda de la Junta pero no se refiera al papel jugado por la Diputación de León, al considerar que del mismo modo que está en juego el límite municipal de Cabrillanes y el autonómico de Castilla y León, también lo está el de la provincial de León. “Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León”, ha zanjado González Gago, quien ha incidido en que el alcalde de Cabrillanes además es diputado provincial y “no se le ha visto el pelo”.

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado alegaciones al proyecto de la planta de biometano que el grupo español ID Energy Group pretende construir en el vecino municipio de Val de San Lorenzo, con una especial preocupación por el trazado de la línea eléctrica que abastecería a la futura instalación y las posibles afecciones sobre la ciudad y su entorno.

El alcalde, José Luis Nieto, ha explicado este martes en Cope Astorga que los servicios técnicos municipales elaboraron los escritos y los remitieron la pasada semana a la Junta de Castilla y León, después de analizar la documentación del proyecto y recabar los informes de Secretaría y Arquitectura.

La conexión eléctrica es una de las cuestiones que más inquietan al Consistorio. Según ha detallado Nieto, el suministro partiría de la subestación situada junto al cementerio de Astorga y la solución contemplada en el anteproyecto atravesaría el municipio. Sin embargo, todavía no está definido qué parte del trazado discurriría soterrada y cuál en tendido aéreo. “Esa, quizá, a nosotros como vecinos colindantes, sea la que más nos afecta de todas ellas”, ha señalado el regidor, aunque ha subrayado que el proyecto se encuentra todavía en una fase inicial.

Las alegaciones municipales recogen también la proximidad de la planta a núcleos de población y las posibles molestias por olores y emisiones. Los técnicos han incluido cuestiones relacionadas con la biodiversidad y los valores ambientales, así como el aumento del tráfico pesado y sus consecuencias sobre la red viaria, el ruido y la contaminación.

El Ayuntamiento plantea además que se estudie la incidencia que pudiera tener la instalación sobre el turismo, el patrimonio y el modelo socioeconómico de Astorga y su entorno. La petición municipal es que todas estas cuestiones sean debidamente analizadas y valoradas dentro de la tramitación ambiental antes de que se adopten las decisiones correspondientes. Nieto ha insistido en que las objeciones deben fundamentarse en criterios técnicos y jurídicos, y no ha descartado que puedan presentarse nuevas alegaciones conforme avance el procedimiento. “Cuando llegue el momento, si se necesitan, pues habrá que hacer más alegaciones intentando justificarlo todo en parámetros técnicos”, ha afirmado.

Una planta a dos kilómetros de Astorga

El proyecto de Apiolae SL, empresa filial del grupo ID Energy Group, contempla una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en biometano. La planta se sitúa a unos dos kilómetros del casco urbano de Astorga y a aproximadamente 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en la comarca maragata, donde la iniciativa se suma a otros proyectos de gestión de residuos de la zona, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega.

La instalación prevé tratar 233.500 toneladas anuales de materias primas, de las que unas 120.000 toneladas serán purines de cerdo de engorde. El resto incluye estiércoles bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, además de gallinaza y otros sustratos orgánicos. La empresa calcula que podrá producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a unos 81.736 MWh de energía, mediante un proceso de digestión anaerobia y posterior depuración del biogás. El proyecto estima cinco empleos directos permanentes y alrededor de diez indirectos, además de los puestos temporales durante la construcción.

La magnitud de la actividad también se traslada al transporte. La documentación calcula 38 camiones diarios para llevar los residuos a la planta y otros 36 para evacuar el digestato resultante del proceso. En total, se prevén 74 movimientos diarios de vehículos pesados durante los 260 días de actividad anual contemplados, de lunes a viernes.

Las materias primas procederían principalmente de explotaciones ganaderas situadas en un radio preferente de unos 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. La salida del digestato, tanto en su fracción sólida como líquida, supondrá también un flujo constante de transporte por carretera.

Agua en cisternas para una instalación sin conexión a la red

Otro de los aspectos llamativos del proyecto, destacado por ILEÓN, es que la parcela elegida carece de conexión a una red de abastecimiento de agua. La empresa plantea que el suministro industrial y sanitario llegue mediante camiones cisterna y se almacene en un depósito de 50 metros cúbicos. El consumo industrial previsto durante el funcionamiento ordinario asciende a 982 metros cúbicos anuales, mientras que el uso sanitario se calcula en otros 60 metros cúbicos al año. Durante las obras, la previsión de agua sanitaria alcanza los 100 metros cúbicos mensuales.

Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones. Según la documentación del promotor, el agua para los usos ordinarios sería transportada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo mediante cisternas.

La empresa sostiene que el proceso de digestión anaerobia no requiere grandes aportaciones adicionales, dado que los purines y demás materias primas contienen ya una elevada proporción de agua. También prevé reutilizar aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. El proyecto contempla un sistema de “vertido cero”, sin evacuación de aguas residuales al medio natural ni al dominio público hidráulico. Para ello, plantea depósitos estancos, fosas y la retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, emisiones y riesgos ambientales

El estudio de impacto ambiental analiza 26 factores relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran las emisiones de polvo, ruido, gases y olores, así como los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas, los hábitats, el patrimonio cultural y los espacios protegidos.

La planta de Val de San Lorenzo se incorpora a una relación de proyectos de gestión de residuos que ya han generado controversia en la comarca. En el entorno de Astorga se encuentran el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega o la planta de tratamiento de lodos de depuradora proyectada en Piedralba.

En el caso de Val de San Lorenzo, el estudio ambiental señala también la proximidad de otros proyectos de gestión de residuos, mientras que la línea eléctrica prevista para la planta coincide en su trazado soterrado con el Camino de Santiago, según la documentación del proyecto.

PP, PSOE e IU intentan consensuar una posición común

A las alegaciones técnicas presentadas por el Consistorio astorgano podría sumarse una iniciativa política conjunta. Nieto ha explicado que, tras la Junta de Portavoces celebrada este lunes, los representantes de PP, PSOE e IU acordaron reunirse este martes para intentar alcanzar un acuerdo común.

El punto de partida será un borrador presentado por el PSOE, aunque por el momento no existe un texto consensuado por las tres formaciones. El alcalde ha valorado que se abra un diálogo entre los grupos y ha señalado que la iniciativa que finalmente acuerden se presentaría ante la Junta. “Me parece bien que se hable, que se dialogue y, bueno, al acuerdo que lleguen, pues se presenta”, ha afirmado. “Si esa planta no nos interesa, no nos aporta mejora en la calidad de vida ni en el trabajo, está bien unirnos todos”, ha señalado.