Piquetes violentos causan cinco accidentes de camiones en la A-6 en León por el lanzamiento de piedras y neumáticos
Piquetes violentos han causado esta pasada noche hasta cinco accidentes de camiones en la A-6 a la altura de Cembranos del Río a los que tiraron neumáticos y piedras. Los sucesos se han saldado sin daños personales pero con destacables daños materiales. Los cuatro primeros días de cierre patronal de una parte del sector del transporte en Castilla y León se han saldado, de momento, con un detenido en Onzonilla por un delito contra la seguridad vial al poner en “grave” riesgo a los usuarios de la vía y once investigados en León a las que se les acusa de delitos “continuados” de desórdenes públicos, daño y contra la seguridad Vial, además de otra persona en Segovia por intentar agredir a un camionero.
En la actualidad, más de 3.500 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan en la Comunidad para hacer frente a los actos de sabotaje y garantizar la normalidad en el transporte. En este sentido, la Benemérita ha escoltado hasta su destino a más de 1.100 camiones para suministrar mercancías esenciales a fábricas, granjas y supermercados y evitar que haya desabastecimiento.
No obstante, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, subrayó este viernes que la situación en la Comunidad está “controlada” y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad. Eso sí, advirtió que el Estado no va consentir que “unos pocos” transportistas generen “miedo”, “inseguridad” y “desabastecimiento”.
Así, aseguró que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarán, con arreglo a la ley, “todavía con más contundencia” para dar una respuesta “proporcional” en la disolución de los piquetes para preservar el orden público y garantizar el derecho al trabajo. “Vamos a impedir que se usen la violencia y las coacciones para garantizar el suministro de bienes y que los pequeños autónomos que quieran trabajar lo hagan sin problemas”, sentenció. Para ello, Barcones dejó claro que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado denunciarán, con acuerdo a la legalidad vigente, a todos los que impidan la normal circulación y a detener los que cometan acciones que sean delitos.
En el receso de una reunión entre la delegada del Gobierno con los responsables en Castilla y León de la Policía Nacional y la Guardia Civil así como representantes de los sectores perjudicados por movilizaciones de la Plataforma del Transporte en Castilla y León, Barcones les trasladó que el Gobierno de España garantizará que los servicios y las infraestructuras logísticas no se verán afectados por las actuaciones “violentas” de un grupo que, a su juicio, “dice pertenecer” a una asociación minoritaria de transportistas. No en vano, recordó que llevan a cabo actos vandálicos en las carreteras de la Comunidad y ponen en riesgo la seguridad del tráfico “o lo que es lo mismo, la vida de las personas”, además de tratar de paralizar la actividad económica y la distribución de productos esenciales.
Accidentes y heridos
Fue entonces cuando se refirió a los tres accidentes de tráfico ocurridos la noche pasada en la A-6, a la altura de Cebrones del Río, cerca de La Bañeza, después de que “algún insensato, por no decir otra cosa” arrojó ruedas de camión a la carretera. Un acto que se saldó sin víctimas personales aunque hubo daños materiales. También, citó los tres camioneros heridos en las manos y los ojos después de que algunas personas arrojaran piedras desde puentes elevados contra las lunas de los vehículos pesados que transitaban por las vías de León y Salamanca. Además, se han registrado “decenas” de pinchazos en las ruedas de camiones y daños en “muchos” camiones e, inluso, agresiones a camioneros que trabajaban en Segovia.
De los 3.500 agentes desplegados en la Comunidad, 2.950 son guardias civiles y 625 son policías nacionales. Además, hay grupos especiales de intervención que se mueven en función de las necesidades en los llamados puntos “críticos” y “sensibles”. Hasta ahora, los mayores problemas se han concentrado en la provincia de León como en el polígono de Villadangos, Camponaraya y Ponferrada, además de Aranda de Duero en Burgos.
En presencia de responsables de Cecale, Empresa Familiar, Urcacyl, Asociación de Empresarios de Supermercados (Asucyl), la Asocación de la Industria Alimentaria (Vitartis), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), las federaciones de transporte Cetm y Fitrans y las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Upa, Coag y UCCL), Barcones confesó ser la primera en respetar la libertad de información, manifestación y de huelga pero, siempre y cuando sean dentro de la legalidad. “No podemos hablar de una huelga de trabajadores ni de un paro general sino acciones que coartan la libertad de movimiento de muchos trabajadores que quieren salir a la carretera para transportar mercancías esenciales como alimentos, medicamentos, combustibles y no pueden por que unos pocos han decidido imperdírselo por la fuerza”, añadió.
La delegada del Gobierno explicó que estos paros no están respaldados por el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), que integra al 90 por ciento de asociaciones y empresas del transporte en España. Por último, recordó que ayer el Congreso de los diputados convalidó, sin votos en contra, el Real Decreto ley 3/2022, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística.
Con esta norma, se materializa el acuerdo alcanzado con el CNTC para “reequilibrar” las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, mejorar su posición y competitividad y garantizar condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores. En concreto, recoge la prohibición, con carácter general, de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía y soportes, al tiempo que se refuerza el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, en línea con lo establecido en el paquete de movilidad de la Unión Europea.
Fele rechaza los actos violentos de un sector minoritario
La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) condena los actos violentos de bloqueo de la actividad por parte de un sector minoritario del transporte de mercancías, “que ocasionan graves perjuicios en la cadena de suministros de sectores como la industria, el comercio o el sector agroalimentario”. En esta misma línea, hace un llamamiento al Gobierno de España para que proteja el derecho y la libertad al trabajo de aquellos que, legítimamente, desean ejercer su actividad.
Esta situación, señalan en un comunicado, da lugar a un desabastecimiento que en el futuro próximo podría a afectar gravemente a los productos más básicos y generar un perjuicio no solo a las familias sino también al sector industrial o comercial. “Una problemática que se agrava si tenemos en cuenta la continua y generalizada escalada de precios, principalmente energéticos, que se lleva produciendo en los últimos meses”, añaden.
De continuar en esta línea, prevén que muchas empresas de la provincia de prácticamente todos los sectores de actividad se vean abocadas a la suspensión generalizada de su actividad productiva y del empleo.
Por ello, FELE demanda al Gobierno que ponga en marcha de forma inmediata un plan de medidas que garanticen, por un lado, los suministros esenciales ante una grave situación de alteración del orden público y, por otro lado, que sirvan para paliar el impacto del incremento del coste del gas natural y del gasóleo en la actividad de las empresas de todos los sectores de actividad. Empresas que están registrando incrementos de costes de entre el 80 y el 200 por ciento, “totalmente inasumibles”.
CEOE habla de actos “violentos y antidemocráticos”
CEOE Castilla y León condenó también hoy públicamente los actos “violentos y antidemocráticos” de bloqueo de la actividad. En opinión de la Confederación, nada justifica que haya violencia o se paralice la actividad. “Esta situación no hace sino empeorar las dificultades por las que pasan las empresas en general, y el transporte y la logística en particular, derivadas del incremento desbocado de los costes energéticos agravados tras el inicio del conflicto bélico”, indicó.
La Confederación solictió al Ejecutivo que actúe de forma inmediata para garantizar el imperio de la ley y se proteja el derecho y la libertad al trabajo de aquellos que, legítimamente, desean ejercer su actividad.
Por ello, se comprometió a informar puntualmente a la Delegación de Gobierno, con la colaboración de todas sus organizaciones miembros, de los incidentes que se produzcan para garantizar la actividad de las empresas.
Por último, la Confederación reiteró a la delegada del Gobierno que, con carácter de urgencia, el Ejecutivo ponga en marcha ayudas para paliar el impacto del incremento del coste del gas natural y del gasóleo en la actividad de las empresas.
