Habrá juicio por el 'no' de Diputación a pagar 6,2 millones por la 'usurpación' franquista del Monte San Isidro

San Cayetano, construida sobre el terreno 'usurpado' a la Fundación Sierra Pambley en el Monte San Isidro entre León y Carbajal.

C.J. Domínguez

A la tercera iba la vencida. Había un principio de acuerdo después de muchos años de desencuentros y jugarretas judiciales y extrajudiciales. Pero un enroque final e inesperado de la Diputación de León, esta vez gobernada por el PSOE y UPL, hará que la compensación económica que deberá pagar por la 'usurpación' histórica que la institución hizo del Monte San Isidro, que fuera propiedad de la Fundación Sierra Pambley hasta que se la 'robara' el franquismo, se decida finalmente con juicio de por medio y a través de sentencia.

Hace pocas semanas que la institución provincial comunicó formalmente al Juzgado de Instrucción número 7 de León que no se avenía al principio de acuerdo que había sellado. En él se pactaba el pago de 6,2 millones de euros a Sierra Pambley a modo de compensación, una cifra que era más baja que la que la Fundación había cuantificado y defendido, pero que asumió por fijarla una perito independiente siguiendo instrucciones de la magistrada.

Ante la nueva negativa de la Diputación, la primera del nuevo equipo de Gobierno, ya que los anteriores fueron protagonizado con el PP en el Gobierno provincial, la propia institución pedía al Juzgado fijar ya fecha final para una solución. Así que ambas partes se sentarán ante la jueza el próximo 22 de febrero.

Habrán transcurrido entonces exactamente cinco años desde que la Fundación interpusiera la primera denuncia defendiendo sus derechos, después de que durante mucho tiempo la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, del PP, se negara también a negociar una compensación económica por años de 'usurpación' del parque natural del Monte San Isidro, el pulmón de León capital.

Un acuerdo forzado en 1949

La Fundación Sierra Pambley sigue defendiendo que la Diputación ha incumplido desde 1949 el acuerdo de compraventa firmado entonces, no sin la clara presión de las autoridades del régimen de Francisco Franco. Aquel contrato leonino permitió a la Diputación leonesa quedarse con nada menos que 133 hectáreas del Monte San Isidro al irrisorio precio simbólico de 1,25 pesetas el metro cuadrado. Eso sí, había una cláusula que es a la que hace cinco años la Fundación se agarró para resarcir aquella injusticia histórica: la Diputación se comprometía a devolver la finca o indemnizar en metálico a la Fundación si no se le daba al terreno un uso estrictamente social.

Por aquel entonces en principio se trató de cumplir, proyectándose el Hospital Provincial y el Hospicio de San Cayetano para menores sin familia. El primero nunca vio la luz. El segundo sí, pero dejó de usarse con ese fin social en 1991. La Diputación utilizó entonces la zona para fines tan poco sociales como construir la sede del Parque Móvil provincial, ubicar la Imprenta Provincial u otros muchos servicios internos de fontanería o electricidad; albergar la Escuela Taller de Medio Ambiente; o una Escuela de Hostelería.

Dos gotas que colmaron el vaso

Las gotas que colmaron el vaso fueron la decisión de Carrasco de trasladar a San Cayetano cientos de funcionarios y decenas de servicios administrativos. Y antes de eso, en plena burbuja de la construcción, una maniobra especulativa conjunta de Diputación y Ayuntamiento, ambos en manos del PP, para construir hasta 600 viviendas de lujo en 2004. Sólo se vino abajo el proyecto por la negativa de la y la presión social, vecinal y ecologista.

Ante la evidencia del nulo fin social del terreno, y ya con los sucesores populares de la presidenta que fue asesinada por venganza política y personal en 2014, la Fundación arrancó la vía judicial no sin dar varias oportunidades al acuerdo. Y aún con la demanda interpuesta, y el Juzgado tratando por todos los medios de promover un acuerdo mutuo, la Fundación se avino a conceder hasta tres aplazamientos, dos con la administración que presidía Juan Martínez Majo (PP) y otra con el socialista Eduardo Morán (PSOE) al frente.

Cuestión de millones y destino posible

Pero el último principio de acuerdo alcanzado es el que ahora la Diputación comunica finalmente que no cumplirá, no está claro si por voluntad política o dificultades de posible bloqueo provenientes de Intervención, para que la institución pagara en plazos de 10 años la cifra fijada de 6,2 millones. Por dinero no sería: la Diputación leonesa, además de sus cuentas ordinarias, suma cada año una cifra siempre superior a los 150 millones de euros de 'sobrante', de remanentes de dinero no invertido ni gastado, más incluso que todo su presupuesto anual. Y sin créditos bancarios vigentes.

Al final, será la maza en un juzgado quien determine con qué coste de dinero público se saldará un 'robo' histórico al patrimonio de una Fundación que, además, ya cuenta con proyectos sociales y educativos en la provincia leonesa para destinar el dinero que, en justicia, espera conseguir.

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