Más de 192.000 extranjeros residían el año pasado en Castilla y León

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Las oficinas de Extranjería de las nueve provincias de la Comunidad –las que dependen de la Delegación del Gobierno en Castilla y León- atendieron 134.365 consultas presenciales o telefónicas y emitieron 36.706 resoluciones, según se recoge el balance de actividad correspondiente a 2012 presentado en la reunión mantenida este miércoles entre los responsables del Área de Trabajo e Inmigración de la Administración General del Estado (AGE) –cuyo responsable es Jorge Llorente- con representantes de ONGs y de asociaciones de inmigrantes, y que ha contado con la presencia de Ramiro Ruiz Medrano, delegado del Gobierno en Castilla y León.

El encuentro ha servido para que los representantes de la Administración del Estado y de las organizaciones y asociaciones que trabajan cerca de los emigrantes intercambiaran opiniones y sugerencias para mejorar el servicio que prestan estas dependencias, cuya atención es valorada positivamente por los ciudadanos, según la encuesta de satisfacción realizada en 2012.

Las 36.706 resoluciones-autorizaciones de las oficinas de Extranjería de Castilla y León durante 2012 se refieren, como nacionalidades con mayor número, a ciudadanos de Marruecos (6.439), Rumanía (3.702), Colombia (3.170), República Dominicana (2.659), China (2.087), Brasil (2.027), Bulgaria (1.791), Perú (1.520), Ecuador (1.461), Bolivia (1.439), y Estados Unidos (1.166).

Al finalizar el año pasado, 74.832 personas extranjeras del régimen general y 117.180 del régimen comunitario residían en Castilla y León con su certificado de registro o tarjeta en vigor. Sin embargo, más de mil inmigrantes de países extracomunitarios residentes en Castilla y León se han acogido a los programas de ayudas del Gobierno para el retorno a sus países de origen

Estos programas de retorno voluntario, cuya gestión está encomendada a organizaciones no gubernamentales y a organizaciones internacionales especializadas en la atención de inmigrantes, ofrecen la posibilidad de retornar a aquellas personas extranjeras (inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas con estatuto de protección de protección subsidiaria), que manifiesten su deseo de volver a su país de origen y que cumplan unos requisitos establecidos.

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