La Diputación aprueba 152 millones de presupuesto quitándose la última traba heredada de Isabel Carrasco

El presidente, Eduardo Morán, en la sesión extraordinaria y telemática de hoy en la Diputación.

C.J. Domínguez

Ya hay presupuesto para los pueblos de la provincia leonesa en 2022. Es definitivamente oficial desde hoy la aprobación de las cuentas para este año una vez salvado el trámite de su aprobación definitiva en un Pleno extraordinario que santificó los 152 millones de euros totales que suma, lo que supone un incremento del 5,74% respecto al año anterior, sobre todo por la llegada de apoyo económico de Europa por los fondos anticrisis, como este año les pasa a todas las administraciones.

Pero para formalizar esa aprobación final, en el Pleno se tuvo que pasar, un año más, por el trago de tener que resolver la inadmisión de la única alegación contra las cuentas presentada, un asunto recurrente todos los años, como es la queja de un vecino asturiano pero con alguna vinculación inmobiliaria en el municipio leonés de Puebla de Lillo, llamado “José Manuel Montero Cueto”.

Se trata de una alegación que, con los votos de todos los diputados, se consideró un año más que no procede ni siquiera debatir por no estar afectado directamente el alegante, pero que deja a la luz un problema heredado aún de la gestión de la expresidenta del PP Isabel Carrasco.

El insistente asturiano alegador

Fue en su mandato cuando se ejecutó por 12,5 millones de euros públicos una línea eléctrica de alta tensión para garantizar el suministro de la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la Diputación, pero que después los populares decidieron ceder en explotación a Iberdrola por un convenio firmado convenio en octubre de 2012. De hecho, la misma alegación la lleva defendiendo el vecino asturiano 14 años ya.

Como desde entonces Iberdrola, y no la institución, tiene los derechos económicos cedidos, el particular reclamante cree que se produce una “una infracción del principio de igualdad, que relaciona con la necesidad de firmar un acuerdo con esta Diputación con carácter previo al acceso al suministro de energía eléctrica de quienes tienen su inmueble” en la zona, como es su caso.

Se trata de un problema más grave aún, ya que enquista una solución largamente acariciada al posible aprovechamiento de Asturias de esa energía en la estación de Fuentes de Invierno e incluso traba las posibilidades de unificación o gestión conjunta de ambas estaciones.

Problema “enquistado” y aún con reproches

Ante esta alegación y el eterno problema planteado en la zona, también a otros muchos vecinos, el portavoz del PP, Francisco Castañón, instó al equipo de Gobierno de PSOE y UPL a solucionarlo cuanto antes y que deje de ser, “tras catorce años”, dijo, uno más de lo que llamó “proyectos enquistados en la provincia”. Le dio la razón el vicepresidente de la Diputación, el leonesista Matías Llorente, pero para recordar que “ustedes tuvieron 12 años para resolverlo”, defendiendo a continuación como lleva tiempo haciéndolo “que todo vecino tenga derecho a enganchar la luz por debajo de 10 kw”.

Solventado, otro año más, el rechazo de la alegación con informe de Intervención afianzando que al no ser vecino no ha lugar a ella, ya todos los grupos políticos pudieron votar a favor en el único punto del orden del día, el presupuesto, algo que agradeció el presidente de la institución, Eduardo Morán. “Intentaré, en la medida de lo posible, mantener este diálogo y este acuerdo con todos los grupos políticos, porque es bueno para esta provincia”, apuntó.

La mayor partida de ingresos, 95 millones, proceden del Estado y el capítulo de gastos de personal asciende a 51,2 millones, lo que supone un 33,71 por ciento del total del presupuesto. El gasto corriente asciende a 38,2 millones y sube un 9,14 por ciento, por la licitación del nuevo contrato de ayuda a domicilio. Las transferencias corrientes alcanzarán los 19,6 millones, un 8,1 por ciento del total, e incluyen más de cinco millones para el Instituto Leonés de Cultura (ILC).

Casi un 10% más de inversión real

Las inversiones reales llegarán a 14,5 millones, con un aumento del 9,6% respecto a 2021 y en ese capítulo destacan los 6,1 millones para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Sepeis. Las transferencias de capital a ayuntamientos y juntas vecinales llegan a los 27,6 millones, con un aumento de más de un cinco por ciento. El área social acapara, en sus diversos ámbitos, más de 42 millones, lo que significa un 28 por ciento del total.

“Tenemos por delante once meses para ejecutarlo y acometer nuevas inversiones y proyectos, para conseguir que esta provincia avance como se merece”, apuntó el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, comprometiendo también aumentar las cantidades y sobre todo las inversiones con la llegada de los remanentes, del habitualmente multimillonario dinero sobrante de años pasados.

Además, Llorente se comprometió también a impulsar este año las bases de los diferentes planes de obra y empleo para los 208 ayuntamientos de su competencia “en febrero o marzo”, para que se acelere al máximo la ejecución de los proyectos que se presenten.

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