Denuncian que la Junta está sellando las escombreras de León sin extraer los residuos contaminantes

Imagen de una escombrera en una localidad de la provincia de León.

Miriam Badiola / ICAL

Los procuradores socialistas leoneses en las Cortes de Castilla y León María Rodríguez y José Luis Vázquez denunciaron hoy que, según agentes ambientales, la empresa encargada por la Junta de Castilla y León para restauración de escombreras y vertederos de la provincia de León, con un presupuesto de 710.000 euros, está “tapando de tierra los espacios sin hacer una extracción previa”.

Según aseguró María Rodríguez, se trata de una denuncia efectuada por agentes ambientales el pasado 13 de noviembre, que pone de relieve “el incumplimiento del contrato y la normativa vigente de retirada y trato posterior de residuos contaminantes”, que podría afectar a más de un centenar de escombreras de 42 municipios de la provincia de León.

Por ello, los procuradores formularán una pregunta oral en las Cortes con el objetivo de que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, dé explicaciones sobre la gestión “nefasta” de su Consejería, al tiempo que solicitarán información sobre este tipo de actuaciones en otras provincias, ya que “hay conocimiento de hechos similares en Mozoncillo y Cantimpalo (Segovia).

José Luis Vázquez criticó que el Gobierno de la Junta “no da una al derechas, especialmente el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que no iba ni a serlo, porque era el veto” y que “en los últimos cinco años de gestión” se ha visto envuelto en polémicas como “la puesta en venta de vehículos que estaban destinados a chatarra, ha puesto en riesgo la posibilidad de seguir cazando y ha tenido sanciones por algo tan ejemplar como infringir la propia ley de la Junta para el control de la población del lobo”.

Vázquez resaltó que en el caso concreto de las escombreras, “si no se separan, gestionan y trasladan los residuos, se están enterrando, algo que la naturaleza devolverá con creces” y que, según apuntó, deja visos de tratarse de “un delito ecológico y una malversación de fondos públicos”.

Por su parte, el senador Salvador Vidal expuso que la situación real de las escombreras es que “hay unas 112 que están cargadas de material de construcción y demolición, así como de otros residuos tales como uralitas, que contienen amianto, plásticos, fitosanitarios, muebles o electrodomésticos”, cuando los 710.000 euros destinados para retirarlos “además provienen de Fondos Feder”.

El senador explicó que lo primero para llevar a cabo las tareas es pedir permiso al titular del terreno, algo que “consta que no se ha hecho”, así como retirar todos los elementos que no sean de construcción antes de extender tierra y sembrar plantas autóctonas.

Ante esta situación, Vidal recordó que una vez adjudicado el contrato por parte de la Junta, es obligación de ésta crear una comisión de seguimiento del mismo, que habría evitado “las irregularidades cometidas por la empresa sin vigilancia”.

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