CCRL pide a la cúpula del PP “mayor altura de miras” sobre la autonomía de la Región Leonesa

Imagen de una manifestación convocada por el Colectivo Ciudadanos del Reino de León.

Pese a que la cúpula del Partido Popular (PP) ha mostrado su desacuerdo con que sus concejales en varios municipios apoyen la creación de una autonomía formada por Salamanca, Zamora y León, lo cierto es que en localidades como Crémenes, Manganeses de la Polvorosa, Matadeón de los Oteros, Cabrillanes, Serradilla del Arroyo o Cuadros, diversos ediles de la formación han dado en los plenos municipales su apoyo a la autonomía de la Región Leonesa.

Sin embargo, posteriormente se han hecho públicos los cambios de postura de algunos de ellos, hecho que según CCRL “podría responder a presiones y coacciones internas por parte de la cúpula del PP”, forzando que varios concejales se hayan tenido que retractar públicamente del voto positivo a la autonomía leonesa emitido.

Un hecho que al Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) le llama la atención “si tenemos en cuenta que, en el programa de gobierno del PP para las últimas elecciones autonómicas de Castilla y León, este recogía en su punto 959 que los populares, de gobernar la Junta, se comprometían a impulsar ”las iniciativas ciudadanas“, así como a regular ”las consultas populares“. Asimismo, en el punto 949 del mismo, los populares recogían su firme compromiso de plantear la reforma del Estatuto de Autonomía, aludiendo en el apartado c) de dicho punto a la necesidad de dotar de una mayor ”calidad democrática“ al Estatuto”.

Por este motivo, al colectivo leonesista le resulta contradictorio “que desde la dirección del PP se quiera reprender a sus concejales que piden la reforma del Estatuto para permitir a la Región Leonesa ejercer su derecho constitucional a conformarse como comunidad autónoma”. Una petición que, recuerdan, “bien puede considerarse una iniciativa ciudadana”, y que si se trata de incrementar la calidad democrática, podría dirimirse mediante una consulta popular amparada por el Estatuto añadiendo una disposición en su reforma, aunque según el CCRL “hay otras vías alternativas” que, en todo caso, “tendrían acomodo en lo prometido precisamente por el PP en su programa electoral, que dicho sea de paso, en ninguno de sus puntos recogía rechazo alguno a la posibilidad de que León y Castilla se configuren como dos autonomías distintas.”

Por otra parte, a los leonesistas les resulta “un tanto desconcertante que desde la cúpula del PP se rechace incluso el debate sobre la autonomía de la Región Leonesa, teniendo en cuenta que, a nivel nacional, en su Ponencia política y de Estatutos, aprobada en el 18º Congreso del PP en Madrid en febrero de 2017, se hablaba en el Preámbulo de la defensa activa de los populares ”de la pluralidad y diversidad de nuestras regiones“, lo que sería aplicable a la Región Leonesa pese a no gozar de autonomía (ya que, cabe recordar que la Constitución diferencia el concepto ”región“ del de ”comunidad autónoma“, y en este caso el PP hace referencia a las regiones, y no a autonomías)”.

Una comunidad autónoma, la de la Región Leonesa, que cumpliría con el “respeto absoluto a la Constitución” que recogía también dicha ponencia, y se ajustaría a la defensa de la “unidad de España, la solidaridad territorial y la cohesión social como principios irrenunciables” que recoge el Título Preliminar de los Estatutos del PP.

Asimismo, según el CCRL, el voto favorable a la autonomía leonesa «bien podría definirse como el compromiso con “la honradez, la integridad, el sentido del deber y la vocación de servicio” que recoge el Título Preliminar de los Estatutos del Partido Popular, que en su artículo 3.3 señalan el deber de la formación de promover “la plena autonomía política” de las personas, “desde el respeto a la pluralidad”“.

Un caso muy distinto sería, según apunta el colectivo, “el de amenazar o coaccionar a quien interviene como denunciado en un procedimiento interno de investigación, que es un caso que podría estarse dando, al haber anunciado la dirección del PP que investigaría a los concejales que votasen a favor de la autonomía leonesa en los ayuntamientos. En este caso, de darse presiones, amenazas o coacciones, quien las ejerciese estaría incurriendo en una infracción muy grave según el artículo 16.1.q) de los Estatutos del PP”.

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