La vicepresidenta Sáenz de Santamaría asume las competencias de Puigdemont y Junqueras

Juan Lázaro / ICAL La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en el Senado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha sido la designada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para asumir la mayoría de competencias correspondientes tanto al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, como del vicepresidente, Oriol Junqueras, tras entrar en vigor los reales decretos acordados durante la tarde del viernes en el Consejo de Ministros y que se han oficializado este sábado de madrugada tras ser publicados en el Boletín Oricial del Estado (BOE).

Estas son las primeras consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, respuesta del Gobierno a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que llevó a cabo en la intensa jornada del viernes el Parlamet de Catalula.

Tras el cese de todos los miembros Govern catalán, Sáenz de Santamaría jugará un papel muy importante en la coordinación de la intervención del Ejecutivo catalán y también ocuupará el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del CNI catalán. Así, el resto de ministros del Gobierno español han asumido las competencias de las consellerías correspondientes a sus áreas de actuación.

El decreto del BOE recoge que “en todo caso las anteriores habilitaciones se realizarán con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña” y que se llevan a cabo con el objetivo de “garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos”.

Desde el Gobierno han advertido a Puigdemont y sus consellers que si se resisten a abandonar sus cargos podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones.

El mayor de los Mossos, también destituido

El BOE también ha publicado la madrugada de este sábado la destitución del jefe policial de los Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero, mediante una orden firmada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Un cese que no había sido anunciado el viernes por el presidente Mariano Rajoy en su comparecencia ante los medios de comunicación.

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