UPyD carga contra la Junta por renovar los consejeros de las cajas

ileon.com

El coordinador territorial de Unión Progreso y Democracia en Castilla y León, Félix Sánchez Montesinos, ha mostrado su indignación ante la decisión de la Junta de prorrogar el actual Consejo de Administración de Caja España-Duero y mantener otros tres años más a los políticos en él. Según UPyD este hecho, que contraviene directamente la Ley de Cajas de 2010, supone un freno a la despolitización de las cajas de ahorros.

Sánchez Montesinos afirma que “con esta actuación se pone de manifiesto el sinsentido en el que vive el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, y su desprecio a la Ley, a los ciudadanos y al sentido común”. El abogado segoviano no espera que otras formaciones políticas denuncien este hecho, pues son copartícipes de este escándalo. “Sus representantes han regido durante años las Cajas de Ahorro en interés propio y su incapacidad las ha llevado a la quiebra”, ha apuntado.

En el caso en el que el Junta de Castilla y León continúe por este camino, el partido magenta pedirá la intervención directa del Gobierno central, lo que podría terminar con la autonomía en esta materia.

Desde su fundación, UPyD ha exigido a los poderes públicos que actúen contra los culpables de un desastre originado en unas cajas de ahorros politizadas. Estas entidades, lejos de fortalecer la economía de la regiones, han tejido profundas redes clientelares y han sido gestionadas siguiendo criterios políticos que en algunos casos las han llevado a la quiebra o al endeudamiento excesivo. Castilla y León no es una excepción.

Para la formación de Rosa Díez los gobiernos socialista y popular, además, han evitado hasta ahora cualquier acción relativa a la búsqueda de responsabilidades y continúan actuando con total impunidad. Consideran una prueba de ello, que la querella contra Bankia (la cuarta entidad de crédito española) no la presentaron ninguno de los dos grandes partidos, “tarea que sí ha realizado UPyD y que ha contado con el beneplácito de la Audiencia Nacional y de la ciudadanía”.

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