La UPL de San Andrés del Rabanedo pide al alcalde que vuelva a pagar a Gersul

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j m lópez

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo deberá abonar a Gersul, la empresa concesionaria de los servicios de limpieza en el municipio, los 2,2 millones de euros que le debe y que son el resultado de la deuda acumulada desde que a mediados de la década pasada el Equipo de Gobierno socilialista se negase a pagar la cuota mensula que es de 13.000 euros.

Los concejales leonesistas en el municipio periférico, el tercero en población de la provincia, Rosa María Fernández y Juan Manuel Arias han vuelto esta mañana a relatar cómo se agrava aún más la situación runionsa del ayuntamiento con la reciente sentencia fechada hace menos de un mes en la que se deja claro que la deuda debe pagarse.

El anterior Equipo de Gobierno socialista intentó “una huida hacia adelante, tal y como ha demostrado la sentencia” han insistido los dos ediles leonesistas, al abrir la vía judicial para quitarse de encima el pago mensual de la cuota de Gersul y por eso han insistido en que se de el primer paso y se pague a partir de ahora la mensualidad establecida para evitar que la deuda siga creciendo.

Para ello el actual equipo de gobierno no debería recurrir la sentencia y así se se lo harán saber ambos concejales de la UPL al regidor popular, Goyo Chamorro, a la vez que consideran necesario que se reabra una vía de diálogo con la compañía para renegociar el pago de los 2,2 millones de euros acumulados en los últimos años.

El impago de las cuotas a las empresas que en mayor o menor medida trabajan con el ayuntamiento ha sido una práctica habitual desde hace ya muchos años incluso en la épocas de las vacas gordas cuando el dinero entraba con facilidad y conm fluidez, tal y coimo ha recordado Manuel Arias. Y por eso han pedido que la anterior alcaldesa María Eugenia Gancedo que deje la vida política porque el ayuntamiento además de la deuda deberá pagar los costes procesales y este es el motivo por el que demandarán al regidor que no siga con el proceso judicial emprendido por el anterior equipo de gobierno.

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