UPL reprocha a Silván la autorización de la tala de encinas en Robledo de la Guzpeña
En su visita al lugar del 'arboricidio' el procurdor en las Cortes de Castilla y León pudo comprobar la dimensión de la polémica tala de encinas que llevó a cabo una subcontrata de Red Eléctrica de España en este bosque propiedad de la Junta Vecinal de Robledo de la Guzpeña. Una tala que contaba con autorización de la Junta pero que se paralizó tras la protesta vecinal, que la calificó de “barbaridad”.
Valderas comprobó 'in situ' la afección de la tala a encinas con un diámetro superior la metro, y por tanto centenarias, en las inmediaciones de la servidumbre de paso de una línea de alta tensión que la empresa tiene en la zona. En su visita denuncian asimismo que en en las sucesivas tareas de mantenimiento de la servidumbre de la línea se han ido destruyendo ejemplares de este encinar relicto único y de improbable recuperación ya que son encinas que crecieron en una situación climática única que no se da actualmente.
En vista de los hechos UPL solicitara a la Junta de Castilla y León, el inmediato inventario de este encinar para registrar las encinas centenarias con arreglo al artículo 56 de la ley 8/1991 de Espacios Naturales y al decreto 63/2003 regulador del Catálogo de Especies Vegetales de singular relevancia.
Además precisará que le remitan el expediente que supuestamente ha facilitado esta poda irregular, “exigiendo las responsabilidades técnicas y políticas que se deriven para los causantes de este destrozo por negligentes, por no haber hecho caso de los avisos de los vecinos y por la reincidencia de lo ocurrido en años anteriores”.
Por último, UPL una vez más, recuerda que el Consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, es mucho más rápido a la hora de excusar a cualquiera que cometa una tropelía contra el medio ambiente leonés (en este caso una gran empresa eléctrica), que a la hora de abrirles una investigación y depurar actividades, “haciéndose copartícipe de daños como los que hoy denunciamos. Por todo UPL, se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales contra los responsables si los servicios jurídicos así lo estiman”.
