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Seis comunidades plantean un pacto de Estado para atajar la crisis demográfica que afectará a toda España

Las seis comunidades que conforman el grupo interterritorial por el cambio demográfico -Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura- plantearon hoy la necesidad de promover un pacto de Estado que implique a todas las fuerzas políticas con el objetivo de diseñar una estrategia nacional contra la despoblación y el envejecimiento. Consideran que esta crisis demográfica, que experimentan de manera intensa sus territorios, es un “indicador adelantado” de un proceso que se extenderá al conjunto del país.
Los consejeros de las seis comunidades suscribieron hoy en Zaragoza una declaración institucional sobre el cambio demográfico durante el segundo encuentro sobre esta materia que celebran, tras la cumbre de Oviedo de octubre del pasado año. El acuerdo establece siete compromisos que se centran en la necesidad de impulsar un abordaje nacional contra la despoblación y el envejecimiento, la búsqueda de nuevos fondos europeos en el marco 2014-2020, así como la obtención de más recurso del Gobierno central para las políticas de desarrollo rural.
El grupo, que se amplió en la cumbre de hoy con la incorporación de Extremadura y Castilla-La Mancha, también defendió en el texto que el nuevo modelo de financiación autonómica, que ha comenzado a negociarse entre las comunidades y el Estado, establezca una nueva ponderación de las variables demográficas que encarecen la prestación de servicios públicos esenciales en el territorio, especialmente, en el medio rural.
Peticiones al Gobierno
Los seis gobiernos autonómicos piden en la declaración al Gobierno de España la creación de un grupo de trabajo con ellas que identifique las medidas posibles y su implantación, así como la elaboración de una estrategia nacional para el cambio demográfico, en línea con la propuesta del presidente de la Junta, Junta Vicente Herrera, quien reclamó un plan nacional al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, durante la convención que los 'populares' celebraron este mes en Valladolid.
Asimismo, las comunidades del grupo sobre demografía entienden que se debe concienciar a las fuerzas políticas de la importancia de afrontar los desafíos demográficos, para lo que consideran necesario impulsar un pacto de Estado. Además, se comprometieron a presentar iniciativas en los parlamentos de Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura apoyando el diseño de la estrategia nacional, que consideran debe contar con la participación de todas las administraciones públicas -Gobierno central, comunidades, diputaciones y ayuntamientos-.
Otra de las reclamaciones planteadas al Ejecutivo central es la nueva ponderación de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida en la revisión del sistema de financiación autonómica. De hecho, el próximo viernes, 28 de febrero, tendrá lugar otra reunión en Zaragoza para acordar una postura común sobre el sistema de reparto entre Castilla y León, Galicia, Asturias, La Rioja, Extremadura y Aragón. También, demandan al Gobierno más recursos para las políticas de desarrollo rural por tener un “carácter transversal” ya que aseguran en su acuerdo que afectan directamente a la vertebración y ordenación del territorio, así como al futuro sostenible del mismo.
Alianzas europeas
Otro de los puntos del protocolo recoge la búsqueda de alianzas con otras regiones de la Unión Europea afectadas por los mismos problemas demográficos, con el objetivo de diseñar líneas estratégicas comunes a nivel comunitario contra la tendencia demográfica del continente. Para ello, mantendrán un primer encuentro con el comisario de Empleo y Política Social, László Andor, el próximo mes de abril. También, se celebrarán seminarios con responsables de otros territorios europeos, así como encuentros con eurodiputados, todo con el objetivo de que la UE priorice proyectos autonómicos a favor del dinamismo demográfico en el nuevo programa operativo 2014-2020.
Las seis comunidades acordaron también celebrar en el mes de junio el tercer Encuentro de Regiones con Desafíos Demográficos en la ciudad de Mérida. En la próxima cita pondrán en común las acciones realizadas, sus resultados y fijarán los próximos pasos a dar para asegurar la consecución de sus objetivos.
Medidas autonómicas
Asimismo, la declaración institucional señala que las comunidades implementarán medidas que consigan fijar población en el medio rural para conseguir “arraigar” usos, costumbres y tendencias que aseguren una conservación a medio plazo y un crecimiento a largo plazo. También proponen medidas para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, con el objetivo de estimular la natalidad, y “corregir las dificultades que se observan en determinados territorios en los que es más difícil” prestar los servicios básicos.
Objetivos cumplidos
Por otra parte, los consejeros que participaron en el encuentro interterritorial aseguraron que se habían cumplido los objetivos marcados en la primera cumbre, que celebraron Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón. En aquella reunión fijaron el carácter “de problema de Estado” de los desafíos demográficos y plantearon la necesidad de elaborar una estrategia nacional, así como la dimensión europea de este problema estructural. Entonces también fijaron una posición en el debate sobre financiación autonómica sobre las variables demográficas.
Tendencia europea
El texto refleja que la alta mortalidad, baja natalidad, descenso de población, alto envejecimiento y tasas de dependencia son señales que muestran una tendencia demográfica similar en muchas regiones europeas. De hecho, sostienen que las proyecciones reflejan una tendencia hacia esta situación en gran parte del continente y en países como España por lo que entienden que se hará “sentir en todo el territorio nacional”.
El grupo considera que este problema, que reconocen es “muy grave” en algunas comunidades, afecta a los sistemas de redistribución de rentas y de disposición de recursos, por lo que exige “altura de miras y visión de Estado”.
La declaración fue firmada por el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez; la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato; el titular de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez Suárez; la responsable de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero; y el consejero de Administración Pública de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla.