Puigdemont envía ‘in extremis’ sus alegaciones y considera “injustificada” la aplicación del 155
La Generalitat de Cataluña envió esta misma mañana sus alegaciones al Senado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española a través de un burofax que ha llegado tres minutos tarde, concretamente a las 10.03 cuando el plazo se había fijado a las 10.00 horas. No obstante, finalmente ha sido admitido.
En el texto se considera que la aplicación del 155 es “injustificada” porque sus medidas son “de una manifiesta desproporción” y van más allá de “medidas necesarias” a “que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia y los otros actos dirigidos a este mismo objetivo”. Del mismo modo, el Govern presidido por Carles Puigdemont cree que con esta medida “se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña su autonomía política”.
Además, precisa que el artículo 155 es un precepto previsto para situaciones extraordinarias, pero “no una cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado”.
Además, en el documento también se detalla que el president no acudirá a la Cámara Alta a defender sus posiciones y que ha designado a al delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, para que ocupe su lugar.
Sobre el posible cese del president, la misiva recoge que “comportaría su desapoderamiento y que el Gobierno del Estado se arrogue la más alta representación de la Generalitat de Cataluña”. Y respecto al cese del vicepresident y de los miembros del Govern catalán también considera que “comporta una injerencia no prevista en el Estatuto de Autonomía y una modificación de sus disposiciones, así como una ruptura de la relación de confianza política entre los representantes electos del pueblo de Cataluña y su Gobierno”.
Por esta razón, considera que autorizar estas medidas y suprimir las facultades del Parlament “ desnaturalizan el carácter representativo de la Cámara y vulneran el derecho fundamental al ejercicio de sus cargos parlamentarios de los diputados del Parlament” porque “estas medidas le privarían de todas las funciones esenciales que lo definen como cámara parlamentaria, tanto la función electiva del presidente como la de control e impulso del Gobierno e incluso la función legislativa”.
