El PSOE pide a Junta y Gobierno que el “centimazo” sanitario ilegal revierta en los ciudadanos

El PSCyL-PSOE pidió hoy a Junta y Gobierno que busquen la fórmula para que el “centimazo” ilegal revierta en los ciudadanos bien de manera individual o colectiva con la inyección de esos fondos a la sanidad, que es el objetivo de que el Ejecutivo autonómico aplique el gravamen por litro de combustible repostado en las estaciones de servicio de Castilla y León.

“Es un error, se debe corregir”, afirmó el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, en la rueda de prensa posterior a la permanente de la comisión ejecutiva autónomica, en la que presentó la proposición no de ley de su grupo relativa a la supresión del tipo impositivo autonómico del impuesto de hidrocarburos que se debatirá en el miércoles en el pleno de las Cortes.

Villarrubia instó a encontrar la fórmula legal para que el dinero abonado por el céntimo sanitario, declarado ilegal por sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y por el que la Junta de Castilla y León ha recaudado 900 millones de euros entre 2002-2012, se pueda devolver a los ciudadanos, si bien ante la dificultad que presenta, por la falta de justificantes, abogó por que sea colectiva y revierta en la sanidad.

“Cualquier fórmula valdría”, aseveró, para insistir en que lo importante es que ese cobro ilegal se pueda recuperar bien de manera individual o colectiva, caso en el que propuso que esos fondos vayan a la sanidad. Villarrubia se decantó por que Junta y Gobierno se pongan de acuerdo en la fórmula y sostuvo que “es mejor si lo pone” el Ejecutivo central que el autonómico.

En los antecedentes de la proposición, se argumenta que, aunque la reforma de enero de 2013 “salva” el impuesto ante el proceso abierto en el Tribunal de Justicia Europeo, se mantiene el cobro del impuesto con “el perjuicio real que el mismo produce en los ciudadanos, el sector de la distribución de combustibles y la propia hacienda de la Comunidad”.

Esfuerzo del PP

Por otro lado, Villarrubia solicitó al Grupo Popular un esfuerzo para votar a favor de la proposición no de ley, que se verá en el pleno, en la que los socialistas piden que las becas en enseñanzas superior y secundaria sean un derecho de los estudiantes. El dirigente socialista manifestó que están dispuestos a hablar de limitaciones del presupuesto para que se reconozca ese derechos, que para ellos es “irrenunciable”.

Su reconocimiento como derecho “identifica el nivel de una sociedad en principios esenciales”, defendió el secretario general del PSCyL, después de explicar que no van a parar en ese intento, como se refleja en la proposición no de ley, en la que recogen el contenido de la proposición de ley, cuyo debate vetó la mayoría popular en la Mesa de las Cortes.

Villarrubia se refirió a otra de las inicitivas de su grupo para atender la pobreza energética de manera que personas que no han podido pagar las facturas por su situación de vulnerabilidad económica no se las corte el suministro de agua, luz y gas. En tal sentido, recordó que en Valladolid hay 7.000 familias sin ningún ingreso, 13.000 en pobreza severa y 70.000 al borde de la pobreza. “Es motivo de preocupación y de exigencia de una respuesta”, reclamó.

Población

Además, Villarrubia rebatió la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional por el cambio Demográfico, que calificó de “lamentable” y de una “irresponsabilidad” por no dar explicaciones ni respuestas ante la pérdida de población en Castilla y León e “instarse entre ellos”.

De esa manera se refirió a la propuesta del PP en la que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que elabore una Estrategia Nacional por el Cambio Demográfico, inicitiva que acordada por las comunidades de Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura en una declaración institucional firmada el 24 de febrero en Zaragoza.

Con esta propuesta, el Grupo Popular atiende uno de los puntos de la declaración institucional en la que se pide el respaldo de los parlamentos de las comunidades autónomas que promueven la inicitiva para que el Gobierno se implique en un asunto que consideran de Estado.