Prisiones separa a la cúspide de la trama corrupta como al crímen organizado
La cárcel de Soto del Real ha dejado de ser el centro neurálgico de los encarcelados tras la Operación Púnica contra una trama trama de corrupción. Hoy sábado se ha tomado la decisión de separar al mayor número posible de ellos para evitar cualquier posible contacto, a pesar de que la prisión ordenada por el juez era incomunicada. Y en concreto el aún presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, en prisión incondicional por la presunta comisión de seis posibles delitos, ya ocupa una de las 750 celdas en el centro penitenciario Madrid IV, en Navalcarnero.
La decisión de dispersión de los reos de la trama corrupta es idéntica a la que se aplica cuando se produce una encarcelación amplia en casos de crimen organizado y, en todo caso, todos ellos permanecerán en prisiones de la Comunidad de Madrid o muy cercanas, dado que tienen que seguir estando a permanente disposición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, que continúa con la instrucción del complejo caso mientras no se descartan nuevas detenciones, registros e imputaciones.
En el caso de los dos principales cabecillas de la trama destapada por la Operación Púnica, Francisco Granados será ingresado en la cárcel de Estemera y el empresario David Marjariza en la de Aranjuez. A través de agencias de noticias se sabe que no se descartan que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los cinco acusados en la trama Púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez Velasco, ni de los otros dos detenidos que permanecen en prisión eludible con fianza.
El 'conseguidor' de Marcos Martínez
Esto afectaría al alcalde de Valdemoro, el popular José Carlos Boza; la colaboradora personal de Marjaliza, Ana María Ramírez; al principal directivo de la empresa energética Cofely, Pedro García; y también a otro de los cabecillas y 'conseguidores' de contactos entre los políticos y las empresas que resultaban adjudicatarias de trabajos públicos a cambio del pago de comisiones, Alejandro de Pedro Llorca, propietario de la empresa EICO. Una compañía con la que iLeon.com ha demostrado que la Presidencia de la Diputación mantenía contactos directos y personales a través de correos electrónicos. También continúan están en Soto del Real el empresario José Luis Huerta y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego, para los que el juez impuso fianzas de 300.000 y 60.000 euros, respectivamente.
