El nuevo mapa de áreas funcionales de la ordenación territorial previsto para finales de verano

E. Rodríguez/ ICAL

La Junta de Castilla y León espera tener diseñado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y el de áreas funcionales estables contemplado en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio al final del verano. La normativa autonómica prevé una tramitación “participativa y consensuada” con alcaldes y diputaciones provinciales.

Así lo manifestó hoy el director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, durante su intervención en la jornada sobre Derecho y Administración Local organizada por la Universidad Católica de Ávila. En este marco, volvió a defender la “perfecta compatibilidad y sintonía” entre la ley autonómica y la reforma local del Gobierno de España.

Respecto de la posición del PSCyL en este asunto, González Gago recordó que la Junta entregó al principal partido de la oposición un informe jurídico en el que se explica esa ausencia de confrontación. “Entendemos que desde el punto de vista técnico admite ese informe y en el plano político seguimos con fluidez en el desarrollo de la ley autonómica”, aseveró.

En cuanto a la reforma local del ministro Cristóbal Montoro, el director general de Ordenación del Territorio valoró el “peso específico” que han tenido los representantes castellanos y leoneses en el Congreso y en el Senado para que la ley atienda las peculiaridades de la Comunidad.

A este respecto, recordó la sustitución del coste estándar por un coste efectivo –que tiene en cuenta factores como la dispersión poblacional o la orografía-, la defensa de que la relación de las diputaciones con los municipios debe basarse en la cooperación y no en una “intervención coactiva”, la pervivencia de las entidades locales menores y la ampliación del plazo para presentar sus cuentas, y las peculiaridades en temas como la educación, los servicios sociales y los consultorios locales.

“Esta realidad debía quedar recogida para afrontar el problema del traslado de competencias del mundo local a la Junta de Castilla y León con tranquilidad y tiempo para evaluar su repercusión en el territorio”, expresó Luis Miguel González.

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