La nueva financiación autonómica contemplará la dispersión, el envejecimiento y la insularidad
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dejó entrever hoy en el Fórum Europa que el nuevo sistema de financiación autonómica no se fundamentará sólo en la población de cada comunidad, como piden algunas autonomías gobernadas por el PP, sino que seguirá contemplando la dispersión, el envejecimiento y la insularidad, como reclaman otras.
En el coloquio posterior a su intervención en el desayuno informativo que organizó Nueva Economía Fórum, Beteta insistió en que al Gobierno no le gusta el sistema de financiación vigente que aprobó su predecesor socialista, y que tiene que “buscar el momento adecuado para poder cambiarlo”. Actualmente, precisó, están recibiendo los informes de cada una de las comunidades, todos los cuales, aseguró, coinciden en una “visión negativa” del actual sistema.
Beteta descartó que el nuevo sistema aborde cuestiones permanentes como los conciertos y afirmó que las relaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el Gobierno catalán son “perfectamente fluidas”. Además garantizó que el Ejecutivo central seguirá ayudando al sostenimiento de las finanzas de la Generalitat de Cataluña como es su obligación e “independientemente de otras cuestiones” y se deshizo en elogios a la Comunidad de Madrid, de cuyo gobierno autonómico ya fue consejero por dos veces.
“El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que sentirse orgulloso”, alabó, por tener menso impuestos y menos déficit “que en ningún sitio”, algo que atribuyó a la “filosofía común” que han tenido durante 19 años los gobiernos del PP. “Que Madrid va mejor que el resto de las comunidades es un hecho”. En esta línea, valoró también la contribución del Ayuntamiento de la capital a las finanzas de la región.
Sin embargo, no llegó a comprometerse con el presidente de la Comunidad, Ignacio González, que presentó su conferencia en el foro y, que entre halagos, aprovechó para reclamarle un sistema de financiación por habitante que no sea inferior al del resto de comunidades. Beteta dijo sólo que el Ejecutivo central “debe garantizar que en todas partes se preste a los ciudadanos servicios de idéntica calidad”.
Aunque éste es el argumento que emplean las comunidades con más población y también con más renta, alegando que a ellas la prestación de servicios les cuesta más que a otras precisamente por ser más populosas, Beteta recordó que el coste de la sanidad es diferente según la tasa de envejecimiento de cada región, y que “la variable de población se tiene que corregir para ser más afinada con estas circunstancias”. En este sentido, mencionó los “gastos adicionales” que conllevan la dispersión y la insularidad, y que “la clave es saber atender y ponderar cada una de esas variables”, que tienen que “estar encima de la mesa” al diseñar el sistema de financiación.
