La Junta rechazó casi la mitad de las peticiones de 'renta de ciudadanía' en 2013

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León considera que la Junta no da todas las facilidades en el derecho estatutario de acceso a la percepción de la renta garantizada de ciudadanía, ante la denegación de casi la mitad de las solicitudes en 2013 y la utilización del plazo legal de tres meses para pedir nuevos papeles a sus posibles perceptores y dilatar el proceso en casi un año, en algunos casos, con la intención del Ejecutivo de “ahorrar dinero”.

Así lo denunció hoy el portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades, Jorge Félix Alonso, en una rueda de prensa en la que subrayó que la realidad y los informes de distintos organismos contradicen las manifestaciones de la Junta sobre la atención a las personas sin prestaciones y en posible riesgo de exclusión social. “No se da respuesta a un número importante de ciudadanos”, censuró.

El socialista basó esa aseveración en el número de solicitudes denegadas en 2013, un total de 19.992 de las 34.113 presentadas, ya que se aceptaron 14.191, y rebatió que no le sirve la respuesta de la Junta de que la Comunidad está cinco puntos por debajo de la media en la población en riesgo de exclusión social. “No nos satisface el porcentaje, el 17 por ciento supone 425.000 personas”, evidenció.

Junto a ello, recordó que el 52 por ciento de las personas en situación de desempleo no percibe ninguna prestación y son posibles perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, recogida en el Estatuto de Autonomía como un derecho subjetivo de los ciudadanos de la Comunidad. “La renta es un derecho, el resto son ayudas complementarias”, añadió sobre las ayudas sociales a las que se refiere la consejera de Familia, que ciño a 17 las familias con problemas para alimentar a sus hijos en verano por el cierre de los comedores.

Por otro lado, Alonso manifestó que la Junta dilata los pasos legales para retrasar el reconocimiento y ahorrar dinero y se refirió a algún caso como, cumplido el plazo de tres meses para conocer si la ayuda ha sido aceptada o denegada, se han pedido nuevos papeles y el proceso se vuelve a iniciar, de manera que se puede alargar hasta un año para algunas personas. “Se trata de ayudar a quien más lo necesita”, aseveró.

Reconoció el parlamentario el aumento de 20 millones en el presupuesto de la renta este año, pero recordó que en los dos ejercicios anteriores estuvo congelado en 32 millones de euros, cuando el número de perceptores aumentaba con la extensión de la crisis y el incremento de parados de larga duración sin ninguna ayuda.

“Los requisitos son muchos y no son fáciles de cumplimentar”, dijo Alonso, que estimó más oportuno que se compruebe el expediente cuando se presenta por el interesado que no después sele vuelvan a pedir, al cabo de un tiempo, nuevos documentos. Además, mencionó el caso de la comprobación en el domicilio por un policía local del empadronamiento en Valladolid de un solicitante, que en ese momento no estaba en la vivienda y motivó el inicio del proceso.

Para favorecer el funcionamiento y acceso a la renta, Alonso presentó dos proposiciones no de ley para su debate ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, foro en el que consideró que llegará ante su presentación que en el pleno. En una de ellas, pide ampliar las competencias de las comisiones de Inclusión Social para que los solicitantes puedan pedir la revisión de su expediente, que se resuelvan en el plazo de un mes los recursos de reposición presentados -algunos tardan un año- y que una comisión específica analice la casuística y pueda hacer propuestas para su mejora.

En la segunda inicitiva, el socialista insta a la modificación de las normas vigentes para que familias o personas monoparentales puedan recibir la cuantía que les corresponda con sus respectivos complementos cuando tengan ingresos provenientes de prestaciones contributivas o no contribuitas por desempleo en cuantías inferiores a las que les corresponderían por la renta de ciudadanía, tratamiento que extienden a personas con discapacidad menores de 65 años.