La Junta se ha gastado casi 8 millones de euros en despidos de personal
La Junta de Castilla y León ha abonado 7,7 millones de euros entre 2009 y 2013 en concepto de indemnizaciones por despidos, salarios tramitados y cuotas a la Seguridad Social por los ajustes realizados por las distintas consejerías, de ellos el 52 por ciento corresponde al departamento de Fomento y Medio Ambiente, mientras que sólo Economía y Empleo se ha salvado de estos recortes.
Los ajustes mayores se han realizado en Fomento y Medio Ambiente, con 3,7 millones por 166 despidos, y en Cultura y Turismo por el Ere de extinción de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que ha afectado a 71 trabajadores, según la información remitida a las Cortes, conocida por Ical. En Presidencia, la supresión de la Fundación para la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo tuvo un coste de 78.530 euros.
El elevado número de despido en Fomento y Medio Ambiente obedece a la reestructuración de las empresas públicas Somacyl, Provilsa, Fundación del Patrimonio Natural y Centro de Supercomputación, según explicaron fuentes de este departamento, que insistieron en que se debe a la adaptación a los nuevos tiempos de reorganización de la administración para cumplir con el objetivo de déficit y los planes de estabilidad.
Por los mismos conceptos, la Consejería de Hacienda acredita el pago de 31.994 euros, Agricultura y Ganadería 397.884, Sanidad 211.055, Familia e Igualdad de Oportunidades 482.547 y Educación 814.586 euros. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, afirma que no se ha producido ningún despido en su departamento entre 2009 y 2013. Además, la Junta explica que no ha abonado ninguna cantidad por servicios especiales.
Sin embargo, reconoce el pago del complemento consolidado de alto cargo a 46 personas, de ellas diez en la Consejería de Sanidad, ocho en Economía y Empleo y seis en Hacienda, mientras que tres lo hacen en Presidencia, Fomento y Medio Ambiente, Familia y Educación y cinco en Cultura y Turismo.
Por otro lado, la Consejería de Sanidad pagó 22,9 millones a 50.892 efectivos en 2011 como productividad variable, complemento que no se abonó ya en 2012, donde figuran miembros de los equipos directivos de atención especializada, inspectores, médicos y enfermeros.
Sindicatos
Para los sindicatos, esta pérdida del número de trabajadores dependientes de la Junta está provocando un deterioro en la calidad de los servicios públicos sin precedentes. En este sentido, el secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Carlos López, criticó que los recortes de plantilla y la pérdida de derechos laborales está provocando un clima de malestar entre los funcionarios como consecuencia de la sobrecarga de trabajo.
Además, López denunció que a los drásticos recortes de plantilla y el descenso en la contratación de personal eventual hay que sumar la congelación desde 2011 de la oferta de empleo público, “por lo que la calidad de los servicios público se ha visto mermada considerablemente”.
Además de recortes en servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, el responsable de CCOO también denunció el personal perdido en la Consejería de Medio Ambiente destinado a la prevención y la lucha de incendios forestales o los “incomprensibles” recortes en el Ecyl cuando el número de parados alcanza cifras históricas.
Por su parte, la secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Amez, se pronunció en el mismo sentido y denunció que el sobreesfuerzo que están haciendo los funcionarios “para realizar el mismo trabajo con mucha menos gente”, unido al recorte de derechos como los descuentos salariales en caso de baja puede tener consecuencias negativas. “Ojalá no tengamos que lamentar ninguna negligencia en el caso del personal sanitario por esta sobrecarga”.
Al mismo tiempo, la responsable de UGT, también criticó la falta de oportunidades para los jóvenes “después de dos años con tasa cero de reposición de jubilados” y pidió a la Junta que hable con claridad en esta materia y no intente ocultar la realidad.
Por su parte, el presidente del sector de administración general de CSI-F de Castilla y León, Mariano Prieto Arribas, aseguró que la situación es “crítica” y cifró en más del 21 por ciento las vacantes que existe en la plantilla de personal laboral y funcionarios de la Junta.
“La situación es tan extrema que ya se han registrado casos, como en el departamento de salud laboral, donde se acumularon varias jubilaciones, y donde la Inspección de Trabajo advirtió a la Junta de la necesidad de contratar personal para poder seguir prestando el servicio. La atención al ciudadano se está resintiendo y, de continuar en la línea de no reponer ninguna jubilación, en los próximos años la situación será insostenible”, afirmó.
