La Junta espera convocar oposiciones sanitarias en 2016 tras cerrar todos los procesos recurridos o paralizados

Ical

La Consejería de Sanidad confía en convocar una oferta pública de empleo (OPE) para médicos y enfermeros en Atención Primaria en 2016, una vez que cierre todos los procesos abiertos que están recurridos o paralizados en los tribunales. Es más, existe voluntad de que sea antes, pero para ello se tendrán que cerrar todas las ofertas anteriores con el objetivo de “evitar ruido y confusión”. Así lo explicó en 'Los desayunos de Ical' el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, para cerrar una reordenación de recursos humanos que parte del plan de Atención Primaria y que tiene su horizonte en el de Atención Especializada, “un proceso más complejo” que ya ha arrancado con el estudio de plantillas.

La definición de la plantilla orgánica es el instrumento de ordenación clave que se fijó en 2007 con la aprobación de la Ley del Estatuto jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Este documento fija el máximo de efectivos con que debe contar el sistema para su funcionamiento. Pretende determinar las plantillas equilibradas por centro para garantizar la asistencia, con el fin de evitar tanto duplicidades como carencias dentro de la estructura de Sacyl.

El diagnóstico previo entre los facultativos de Especializada arroja que no habrá grandes cambios en las cifras de facultativos, pero sí en organización. Se busca lograr una distribución “homogénea” del personal, lo que derivará en el crecimiento de unas unidades y en la contención de otras, en función de variables como la demanda.

En estos momentos, se trabaja en el estudio de la plantilla de enfermería para, después, abordar la del resto de categorías. El informe aborda la distribución de los recursos humanos en función de la actividad, especialidades y servicios hospitalarios con los que cuenta y la repercusión que estos tienen sobre otras categorías, así como según el tipo de hospital: grupo I (los hospitales comarcales de Medina del Campo, Santos Reyes de Aranda de Duero y Santiago Apóstol de Miranda); grupo II (complejos asistenciales de Palencia, Segovia, Ávila, Ponferrada, Soria y Zamora); grupo III (Hospital Universitario Río Hortega y Clínico Universitario de Valladolid y los complejos universitarios de León y Burgos) y Grupo IV (Clínico Universitario de Salamanca).

Desigualdad entre hospitales

La intención es definir plantillas óptimas por cada servicio, teniendo en cuenta que “son instrumentos muy dinámicos, que no siempre tienen que estar al cien por cien y que otras veces exigen refuerzos, contratos a mayores, por ejemplo para afrontar guardias o situaciones coyunturales”, precisó Aguado, que avanzó que los primeros datos arrojan que “desigualdades desde el punto de vista del funcionamiento en hospitales de características similares”. En concreto, se refirió a las plantillas de anestesistas que en algún hospital se eleva a 40 profesionales, cuando en otros de la misma categoría asciende a 32 por motivos organizativos que matizan las cifras. “Estos matices específicos de cada hospital que condicionan el número de especialistas son los que estamos estudiando para fijar los óptimos por servicio”.

Concurso de traslados

De forma paralela al estudio de plantillas en hospitales y dentro de la reordenación de Atención Primaria, en los próximos meses Sacyl confía en convocar un “gran concurso de traslados” para médicos de familia, el primero de estas características en seis años, que ya se trabaja en la Mesa Sectorial de Sanidad.

La previsión, aunque todo dependerá de las negociaciones entre Administración y sindicatos, es que se puedan comenzar a sacar los procesos en menos de dos meses, antes de la llegada del verano, y que todos estén cerrados a finales de año o a lo largo del primer trimestre de 2015 a más tardar. Habrá cuatro procesos, dos para médicos y dos para enfermeras para sendas condiciones de estatutarios y funcionarios. En principio, todo apunta a que el proceso será ágil, puesto que desde Sacyl quieren que sea “un proceso limpio, que se ajuste a sentencia previas”, para evitar futuros recursos que paralicen el concurso o anulen plazas.

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