IU denuncia ante la Fiscalía el reparto “a dedo” del Plan de Juntas Vecinales de la Diputación

Peio García / Ical

V. Silván / Ical

El coordinador provincial de Izquierda Unida (IU), Santiago Ordóñez, presentó ante la Fiscalía de León un escrito de denuncia contra el “reparto arbitrario y voluntarista” del Plan de Juntas Vecinales de la Diputación de León y solicita el inicio de diligencias de investigación “con el fin de encontrar indicios de delito penal” en la decisión unánime de los diputados provinciales para, subrayó, conceder esas subvenciones “a dedo”.

Ordóñez explicó que considera que los representantes de PP, PSOE, UPL y no adscritos en la institución provincial han incurrido en un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Así, el coordinador provincial denunció que la “última cacicada” supone, básicamente, un acuerdo para que “el 60 por ciento de los 1,3 millones de euros del plan sea repartido a dedo por el PP, el 30 por ciento a dedo por el PSOE y el 10 por ciento le corresponde a la UPL ”.

“Esa decisión supone repartirse el botín como su fuesen piratas y para nosotros eso es prevaricación”, aseveró Ordóñez, que añadió que con esa decisión además se está perjudicando a todas aquellas organizaciones políticas, como es el caso de IU, con representación en las juntas vecinales y que quedan “barridas” de estas ayudas por no pertenecer a esos partidos.

Junto al escrito, Izquierda Unida adjunta también el informe jurídico del Procurador del Común “denunciando el constante incumplimiento de la legislación general en materia de subvenciones por parte de la Diputación de León” y el acta de la sesión en la que se recoge el acuerdo de reparto. Ordóñez entiende que se incumple la ley general en reparto de subvenciones, todas las órdenes ministeriales y la propia normativa interna de la institución provincia en cuanto a libre concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.

Por ello, el coordinador provincial de IU exige que a partir de ahora se justifiquen las razones por las que se conceden estas ayudas y se marquen unos requisitos para las juntas vecinales para recibirlas. “Que sea un reparto racional y equitativo y con unos criterios neutrales , fuera de la mano del interés y de los caprichos de los partidos políticos”, apuntó Ordóñez, que recordó que este plan repartió 1,3 millones en 262 actuaciones en pueblos –son 5.000 euros por obra-.

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