El Defensor del Pueblo saca los colores, y la ley, a tres entidades leonesas por su falta de colaboración

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo

Dos instituciones y una asociación leonesa salen mal parados del último informe del Defensor del Pueblo, que recoge las actuciones realizadas durante el año 2017 por esta institución y que hoy se ha entregado en las Cortes y se ha publicado para su consulta.

El Ayuntamiento de Matallana de Torío, gobernado por el alcalde socialista José García Álvarez, ha sido llevado a la Fiscalía General “por la presunta actuación obstaculizadora de la actuación del Defensor del Pueblo (...), para que, en su caso, ejerza las acciones oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal”. Se trata de un ilícito penal contra las Insituciones Públicas que se castiga con entre 6 meses y un año de prisión, además de una suspensión de cargo público entre 6 meses y 2 años. La denuncia fue trasladada el pasado mes de junio a la Fiscalía, como anunció en su momento la institución.

El caso del ayuntamiento de la ribera del río Torío es que no ha contestado a ninguno de los requerimientos del Defensor del Pueblo tras una denuncia por la “falta de resolución de una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y la repercusión en el IBI”. Hasta en tres veces el Defensor del Pueblo ha pedido información sobre el asunto al ayuntamiento. Esos tres avisos son el límite de actuación para trasladar el asunto por si de él derivara alguna actuación penal.

Al Colegio de Abogados de León también le saca 'tarjeta roja' el Defensor del Pueblo, nuevamente por pasar de contestar a un requerimiento de información tras una queja. En esta ocasión se inició actuación por las demoras en la tramitación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita. El último requerimiento fue el pasado 30 de enero de 2017 y los abogados leoneses no contestaron en todo el año, según recoge el informe anual.

La tercera entidad señalada por su falta de colaboración es el Sindicato de Riegos de Veguellina de Órbigo. Nuevamente por pasar de contestar a las solicitudes de información. En este caso la primera solicitud de información fue en abril de 2016, acerca de la modificación de un canal de riego, sin contestación. La tercera fue el pasado 4 de julio de 2017 y ya enviaron un informe el 26 de octubre de 2017.

En general los leoneses aumentaron sus denuncias ante el Defensor del Pueblo estatal, con un total de 227 realizadas en el 2018, nueve más que respecto al 2016.

Quejas del parto en León

Una de las temáticas sobre la que requirió información en León el Defensor del Pueblo fue sobre el parto en el Complejo Hospitalari ode León, tras una información recibida por una asociación sobre ese tema. La institución solicitó información al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl)l, que aportó los datos referidos a los principales indicadores estratégicos sobre atención al parto, que señala “no se alejaban notablemente de los valores medios nacionales y europeos”. El informe emitido indicaba que se mantenían reuniones con todos los grupos de profesionales implicados “para lograr una mejora en la calidad de la atención a las embarazadas y hacer efectivo un proceso asistencial integrado de atención al parto y el puerperio”.

Variante de Pajares

De oficio inició el órgano dirigido por Fernández Marugán una investigación sobre la evaluación ambiental realizada por las obras de la Variante de Pajares, que provoca el mayor 'robo' de agua de Europa además de un sobrecoste multimillonario. El Defendor del Pueblo ha pedido información a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, del Ministerio de Fomento, y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sobre el impacto de las obras de los túneles de Pajares, sobre las aguas subterráneas y los espacios naturales protegidos en la vertiente leonesa. A fecha de publicación del informe anual del 2017 no se ha recibido contestación a la petición de información.

Otras quejas de oficio

La situación del cuartel de la Guardia Civil en la localidad berciana de Cacabelos, con graves deficiencias, motivó una de las investigaciones del Defensor del Pueblo de oficio. Lo mismo sucedió con motivo de tres fallecimientos ocurridos en la prisión de Mansilla de las Mulas, un procedimiento habitual de la institución.

La situación del sector bancario con el cierre de oficinas en el mundo rural ha sido otra de las investigaciones de oficio iniciadas en 2017, considerando que la provincia leonesa es una de las más afectadas y las que tienen mayor exclusión financiera de parte de su población.

Ponferrada es objeto de una investigación, junto a otros municipios españoles, sobre los planes municipales de garantía alimentaria; y el de León capital, junto a numerosas instituciones, lo es para conocer el grado de cumplimiento de la Ley de transparencia, “al objeto de efectuar recomendaciones a las Administraciones públicas instándoles a responder con mayor prontitud a las peticiones de información y consultas de los ciudadanos utilizando un lenguaje comprensible en sus escritos”.

Contaminación en León

En 2017 el Defensor del Pueblo cerró una una actuación de oficio con 15 municipios españoles -entre ellos el Ayuntamiento de León- para conocer las medidas que se contemplanban para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población en casos de superarse los umbrales de recomendación y alerta.

El Ayuntamiento de León respondió al Defensor del Pueblo con un informe de apenas seis páginas aunque el principal problema de los datos leoneses es la fiabilidad de los mismos, dada la ubicación de las pocas estaciones de medición de la ciudad.

Etiquetas
stats