El decreto económico contra la guerra limita las subidas de alquileres y prohíbe despidos si hay ERTE
El decreto de medidas urgentes frente a la guerra aprobado este martes en Consejo de Ministros incluye una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, que impide subidas superiores al dos por ciento.
La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 30 de junio de 202, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, estableciéndose que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice situado actualmente en el dos por ciento y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana precisa en un comunicado que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización, entendiéndose como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
En el caso de un contrato de arrendamiento de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales en el pago del alquiler ya que, actualmente, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se encuentra situado, según el último dato del pasado mes de febrero publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en el 7,6 por ciento, por lo que su aplicación supondría un incremento de 45,60 euros en la renta mensual, mientras que la aplicación del nuevo máximo, marcado por el Índice de Garantía de Competitividad en el dos por ciento, determinaría un incremento de 12 euros en la renta mensual.
Por otro lado, el Gobierno aprobó este martes el acuerdo por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
En la normativa reguladora de cada Plan Estatal de Vivienda se establecen los criterios y la metodología a seguir para fijar los tipos de interés efectivos anuales que se aplican a los préstamos convenidos acogidos a cada Plan.
Los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos también se fijan en la normativa de cada uno de los planes de vivienda y debe realizarse mediante Acuerdo del Consejos de Ministros publicado en el Boletín Oficial del Estado en el primer trimestre de cada año.
Con carácter general, la revisión se realiza en función de la evolución de los tipos de referencia del mercado que son publicados por el Banco de España, tomando como referencia la variación de los últimos meses.
Los nuevos tipos de interés son de 1,32 por ciento para el Plan 1996-1999; 1,91 para el 1998-2001 (se mantiene); 1,35 por ciento para el 2002-2005, y 1,33 por ciento para el 2005-2008.
Otras medidas
El Gobierno ha aprobado este martes también que las empresas tendrán prohibido despedir a trabajadores por razones relacionadas con el precio de la energía, al tiempo que tampoco podrán hacerlo aquellas compañías que se acojan a los ERTE contemplados en la reforma laboral. De esta forma, se lleva a los mecanismos de la reforma laboral el esquema de los 'ERTE covid' aprobados en la pandemia, que impedía a las empresas despedir si se acogían a estos instrumentos de apoyo, al tiempo que se introduce “una nueva” limitación, derivada de los costes de la energía.
El Consejo de Ministros también aprobó este martes el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del bono social en un 15 por ciento. En total se han aprobado más de 2.700 millones de euros para políticas activas de empleo para mujeres y jóvenes, cuya gestión se abordará por parte del Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo 6 de abril.
