Las Cortes obligan al Consejo de Cuentas a tomar cartas en la rendición de las entidades locales menores

Ical

La Comisión de Hacienda de las Cortes aprobó hoy por unanimidad de los grupos la implicación del Consejo de Cuentas en la rendición por parte de las entidades locales menores, ya que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para cumplir con esa obligación legal, según lo recogido en la ley de racionaliadad y sostenibilidad de la administración local.

Todas las instituciones se tienen que implicar en esa labor defendió el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, que, en declaraciones a Ical, tras la aprobación de esa enmienda al Plan de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas para 2014, explicó las reformas realizadas en las Cortes para ayudar a las juntas vecinales a rendir sus cuentas.

Fernández Carriedo explicó que la enmienda “da carta blanca” al Consejo para que oriente su acción en el camino que estime más adecuado, ya sea la concienciación, colaboración o asesoramiento. En cuanto a la respuesta de la institución que preside Jesús Encabo de que ya realiza esa función, el portavoz popular estimó que “igual no hacen lo suficiente” y se debe reforzar.

En tal sentido, recordó que el año pasado sólo la mitad de las 2.228 entidades locales han presentado sus cuentas y advirtió que de no hacerlo serán suprimidas y su patrimonio pasará al de los ayuntamientos a los que pertenecen, de ahí la importancia que otorgó a la implicación de todos, también del Consejo de Cuentas. “Si con la acción del Consejo de Cuentas se salva a una entidad local menor, ya habría merecido la pena”, afirmó.

Por otro lado, defendió que las enmiendas de su grupo no limitan el control de la legalidad de las fiscalizaciones del Consejo de Cuentas y explicó que se ha pedido que la estadística del análisis económico financiero se retrase a 2015, con las recomendaciones de homogeneizar los ratios con el conjunto de las estatales y comparar los mismos con los de otras comunidades.

Fernández Carriedo manifestó que el control de las fundaciones y sector público está en el informe de la cuenta general de la Comunidad, que es anual, y añadió que sólo se pide un retraso en esa estadística, que en 2015 se podría completar con las de 2012, 2013 y 2014 y “poner al día”.

Informes especiales

El Consejo de Cuentas de Castilla y León realizará informes con carácter especial durante este año de la gestión operativa de la renta garantizada de ciudadanía, de los servicios sociales en las nueve diputaciones provinciales, del servicio de contratación de recogida de residuos sólidos y del gasto extrapresupuestario de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no son capitales de provincia.

Entre las fiscalizaciones especiales, figuran también los informes acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad, del sector público local del ejercicio de 2012, de las entidades locales de Castilla y León de 2013, de las ayudas concedidas por la Agencia de Innovación y del seguimiento de los ayuntamientos que incumplen de manera reiterada la obligación de rendir cuentas. El Consejo fiscalizará áreas de los consistorios de Benavente (Zamora) y Valdestillas (Valladolid).

El Consejo precisa que el informe sobre la renta garantizada de ciudadanía no plantea una fiscalización de legalidad, sino que se analizará si los medios utilizados son los adecuados con la finalidad de este derecho subjetivo de prestación creado por ley. También, explica que por primera vez se fiscaliza la contratación de residuos sólidos por la “gran importancia social y económica” de este servicio.

Ante la disparidad observada, la institución hará un informe sobre la gestión de los servicios sociales de las diputaciones provinciales. Además, ante el elevado nivel de paro y la situación de crisis económica, mantiene la fiscalización de la eficiencia de las políticas activas de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León e incorpora una fiscalización específica de las ayudas concedidas por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.

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