Las Cortes crearán un grupo de trabajo sobre la reforma de la Administración autonómica

Ical

Los grupos de las Cortes de Castilla y León crearán un grupo de trabajo para analizar la reforma de la Administración autonómica presentada por la Junta, propuesta que se formalizará a través de una moción del Grupo Socialista en el próximo pleno de la Cámara, ya en febrero de 2014, a la que el PP otorgó este miércoles su apoyo.

En la presentación de las propuestas de resolución a la comunicación de la Junta sobre la reforma de la Administración autonómica, el socialista José Francisco Martín vinculó la disposición de su grupo al acuerdo a que la moción cuente con el respaldo de la Cámara. El 'popular' Juan José Sanz Vitorio recogió la oferta para la creación de ese grupo de trabajo y ofreció incluso ampliar el plazo para la presentación de la iniciativa de la oposición.

El pleno se cerró con la aprobación de once propuestas de resolución a la reforma de la Administración autonómica presentada por la Junta, diez del Grupo Popular, de las que siete recibieron la unanimidad de la Cámara, y una del Grupo Mixto (UPL), relativa a que las Cortes cuenten con la información y la relación completa de los entes de la Administración pública de la Comunidad.

Sin embargo, el PP rechazó las diez propuestas del Grupo Socialista, orientadas a la elaboración de un libro blanco de la función pública y un mayor control parlamentario, y ocho del Grupo Mixto (IU y UPL), muchas de ellas pedían un informe sobre el impacto del informe CORA del Gobierno en las competencias de la Comunidad.

Las siete propuestas del Grupo Popular recogidas por unanimidad se refieren a la recopilación de los acuerdos de órganos colegiados del Gobierno en la web institucional de la Junta, el inicio del diálogo para la presentación de la ley de Transparencia, la no aportación por los ciudadanos de documentos que tiene la administración, la colaboración con el Gobierno para las víctimas de terrorismo e integración de inmigrantes, establecer mecanismos para la presentación de las cuentas por las entidades locales menores y la apertura de la reforma a sugerencias de los ciudadanos en el Gobierno Abierto.

“Son unas propuestas coherentes” con la comunicación de la Junta, defendió el 'popular' Juan José Sanz Vitorio, mientras que José Francisco Martín (PSOE), que las tildó de “etéreas”, y José María González IU) no entendieron que se incluyeran medidas sobre víctimas del terrorismo e inmigrantes, aunque dieron su apoyo por dignidad con esos colectivos.

Además, Martín, que apoyo las propuestas del Grupo Mixto, pidió que se abra el consenso a los agentes sociales y a los representantes de los empleados públicos, antes de explicar sus propuestas orientadas a la función pública, la administración, la transparencia y la reestructuración del sector público.

Por su parte, José María González (IU), que también respaldó todas las propuestas del Grupo Socialista, insistió en que haya una mayor transparencia y fiscalización en los entes de la Comunidad Autónoma y el conocimiento de los empleados que tienen para que no pierdan el puesto de trabajo.

El procurador de UPL, Alejandro Valderas, puso como ejemplo el Ayuntamiento de León para pedir la elaboración de un censo de vehículos oficiales de la Junta, la relación completa de entes, el análisis de la invasión de competencias por el informe CORA y que sean las Cortes las que ejerzan el control político y fiscalización de todos los entes.

Empleo y vacantes

Entre las propuestas rechazadas del Grupo Socialista, figuran la elaboración de un libro blanco de la función pública para la mejora del empleo público y el “respeto escrupuloso” al control parlamentario de los procuradores en la labor de oposición a la Junta, petición a la que se unió el Grupo Mixto (IU y UPL).

La revisión de la relación de puestos de trabajo, la cobertura de vacantes que suponga un cien por cien de la tasa de reposición en educación, sanidad y servicios sociales, una limitación de la libre designación a puestos de categoría superior a nivel 28 y la supresión de gratificaciones extraordinarias o de productividad.

En otras de sus propuestas, reclaman la urgente elaboración de una nueva estructura territorial para adecuar la administración periférica, la utilización siempre de la licitación en los procedimientos, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si la ley de reforma local colisiona con la autonómica, la creación de una comisión en las Cortes para seguir la reestructuración del sector público empresarial y la revisión de los procesos de externalización en el ámbito de la administración.

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