El Consejo de Cuentas pide a la Diputación y Consejo Comarcal más apoyo a los ayuntamientos

Ical

Sólo el 16,7 por ciento de las entidades locales realiza el plan económico-financiero que exige la normativa, el 59,5 por ciento refleja el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, mayor en las entidades de menor población que en los municipios con más número de habitantes y en las diputaciones, y el 40 por ciento no ha implantado el registro de facturas, obligatorio según la normativa vigente.

Así lo recoge el segundo informe del Consejo de Cuentas sobre análisis del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales de Castilla y León, aprobado en su última sesión plenaria e incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2012, que hoy entregó en las Cortes autonómicas, según informó el máximo órgano de fiscalización de la Comunidad.

Los trabajos se han centrado en las nueve diputaciones, el Consejo Comarcal del Bierzo, los 15 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y una muestra de otros 65 representativa de todas las provincias y tramos de población. Con objeto de obtener información se elaboró una serie de cuestionarios para cumplimentar por las entidades. Aunque todas han contestado, el grado de respuesta a las preguntas planteadas ha sido variable, explican las mismas fuentes. Así, no han remitido ninguno de los informes de fiscalización solicitados el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y el de Villán de Tordesillas (Valladolid).

El periodo de referencia es el ejercicio 2011 y la conclusión de los trabajos es octubre de 2013, por lo que el informe advierte de que con posterioridad se han producido modificaciones normativas que inciden en su contenido, como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.

Control interno

En el apartado de control interno, el 58,9 por ciento de las entidades que integran la muestra cuenta con regulación específica y en su gran mayoría se materializa a través de las bases de ejecución del presupuesto, resultando insignificante las que lo hacen mediante reglamento interno (1 por ciento).

De las 90 entidades analizadas, el 31,1 por ciento tiene establecida la fiscalización limitada de gastos, opción elegida principalmente por entidades de mayor nivel poblacional. Entre las que la tienen establecida el 89,3 utiliza dicho procedimiento para los gastos relacionados con personal y contratación administrativa y el 82,1 para los relacionados con las subvenciones.

En cuanto al resultado de la fiscalización previa, del total de los 16.734 informes emitidos en 2011 por las entidades analizadas el ocho por ciento contiene reparos y el 0,7 presenta discrepancias no resueltas. Las otras dos formas de ejercicio del control interno de las entidades locales, el control financiero y el control de eficacia, apenas se encuentran implantadas.

En relación a las fechas de aprobación de las actuaciones administrativas del ciclo presupuestario y contable, los índices medios de cumplimiento son el 13,3 por ciento en la aprobación del presupuesto, el 63,3 en su liquidación, el 56,7 en la formación de la cuenta general y el 68,9 por ciento en su aprobación. Los mejores índices de cumplimiento los presentan las diputaciones.

De las actuaciones relacionadas con la estabilidad presupuestaria, la mayoría de las entidades fiscalizadas emite el preceptivo informe con motivo de la liquidación (87,8 por ciento) y de la aprobación del presupuesto (76,7 por ciento), pero el índice respecto a las modificaciones presupuestarias es muy inferior (36,7 por ciento).

Interventores

Respecto a la fiscalización de los procedimientos de contratación administrativa, en cuanto a las comprobaciones a realizar, el aspecto más atendido es la existencia de crédito adecuado y suficiente (70 por ciento) y el que menos, el preceptivo informe de necesidad del servicio que promueve la contratación (41,1 por ciento). Del análisis de la fiscalización de las subvenciones, en el 13,3 por ciento de las entidades analizadas no se fiscalizan las bases reguladoras de la concesión y en el 24,4 no se fiscaliza la concesión directa.

En 2011, 39 de las entidades fiscalizadas aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, derivados de gastos imputables a ejercicios anteriores. El 16,7 por ciento de las entidades fiscalizadas declara la existencia de pagos pendientes de justificar que superan los tres meses, en contra de lo dispuesto legalmente. En relación con la gestión patrimonial un 50 por ciento de las entidades no dispone de inventario de bienes y derechos aprobado y actualizado. En un 30 por ciento de las entidades se han detectado debilidades en el nivel de seguridad de los sistemas contables instalados.

En cuanto a la permanencia en el puesto de Interventor o Secretario reservado a funcionarios con habilitación especial, el 62.2 por ciento de las entidades declara que se realiza por la misma persona durnate los cinco años analizados, 12,2 estuvo ocupado por dos personas y el 13,3 por tres. Nueve entidades, todas de municipios mayores de 5.000 habitantes, contaban con bombramientos accidentales.

Recomendaciones

El Consejo considera que debería acometerse por parte de la Administración del Estado un desarrollo reglamentario aplicable a las entidades locales. Además, el desarrollo de programas informáticos con criterios homogéneos y el establecimiento de modelos normalizados de informes contribuiría a una mayor calidad, uniformidad, seguridad jurídica, ahorro de tiempo y mayor economía en su desempeño. Las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo, a través de sus servicios de asistencia técnica, deberían liderar este tipo de innovaciones, respecto a las entidades locales con menores recursos.

También, recomienda a las entidades locales el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente respecto al ciclo presupuestario y contable, desde la elaboración del presupuesto, hasta la rendición de la cuenta general.

Igualmente, reitera las recomendaciones formuladas en el primer informe, dirigidas a procurar la adecuada cobertura de las plazas de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, así como la provisión de los puestos de trabajo a ellos reservados.

Por último, el Consejo recomienda que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo prioricen en sus actuaciones las funciones de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a las entidades locales.

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