El Consejo Consultivo homenajea al leonés Javier Fernández Costales

En primer término el leonés Javier Fernández Costales en el Consejo Consultivo.

j m lópez

El Consejo Consultivo que preside el ex alcalde leonés Mario Amilivia ha dado este jueves el visto bueno a la memoria de 2012 que se cierra con un total de 956 dictámenes, en un momento en el que la Institución mira hacia la celebración de sus primeros diez años de andadura el próximo mes de mayo. Y ya ha dado los primeros pasos de una forma especial al reconocer a los miembros que la fundaron como consejeros eméritos.

Además de a su primera presidenta, María José Salgueiro, también se ha reconocido a Jesús Quijano como motor de la reforma de Estatuto de 1999 que permitió poner en marcha el Consejo, y al abogado leonés Javier Fernández Costales, en este caso tanto por su aportación jurídica en el proceso como por su capacidad de negociación.

La lista de consejeros eméritos se completa con el primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, con Manuel Estella, el presidente de la Cortes que más tiempo ha estado en el cargo, y con Antonio Pérez Solano que no pudo asistir.

Con presupuesto de 2,9 millones de euros en 2012, tras una reducción de un 30%, y una plantilla de 29 trabajadores el Tribunal Consultivo de Castilla y León es el segundo de España que más volumen de trabajo gestiona en relación a la población.

Futuro

Hace pocos meses que ya trabaja en la nueva sede, y desde este 2012 el Consejo Consultivo ya cuenta con las competencias del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y en este ejercicio también se puso en marcha el nuevo reglamento que incluía, entre otros asuntos, la reducción de cinco a tres el número de consejeros electivos y la limitación del mandato de los consejeros natos.

El Gobierno de Castilla y León está elaborando una nueva Ley en la que el Consejo Consultivo confía que incluya demandas propias como la recuperación de emisión de dictámenes en materia de urbanismo, cuando hacen referencia a planes de ordenación que afecten a zonas verdes o a espacios públicos protegidos.

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