Carrasco achaca la polémica por el subidón de la residencia a la avaricia de los familiares

Diputación Santa Luisa residencia

C.J.D.

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, ha culpado de la polémica surgida ante el incremento del precio de la residencia de ancianos Santa Luisa de hasta el 63% en algunos casos directamente a los familiares de los ancianos residentes, porque a su juicio “es extrañísimo que se monte el lío al final” cuando ese aumento de precios fue aprobado hace exactamente un año y además con el apoyo de otros grupos políticos.

Carrasco, en concreto, apuntó a la responsabilidad de la polémica al hecho de que esos familiares “tuvieran otras expectativas (económicas) al entrar o cuando sus familiares fallecieran”, dejando caer que con los bajos precios actuales respecto a otros centros municipales o de la Junta, el ahorro familiar es muy elevado. Sin embargo, insistió la presidenta en que “al precio público nos obliga la Ley para cubrir el coste del servicio” y al eliminarse el criterio actual de que todos paguen lo mismo, tengan la renta o la situación física que tengan, se pone fin a una “injusticia social” que a juicio del PP se venía produciendo.

Esta dura y directa valoración no la pudo hacer a la cara de ninguno de los residentes ni familiares, puesto que ninguno de ellos pudieron asistir al Pleno de la Diputación en el que hoy se debía dar el visto bueno final a los nuevos precios. Una vez más, el salón de plenos estaba copado por decenas de personas, la mayor parte de ellas afiliados de las Nuevas Generaciones del PP, y los casi 20 afectados que se habían reunido en la calle para acudir a la sesión recibieron el 'alto' por “encontrarse el aforo completo”. El coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, calificó de “digno de indeseables” dejar a personas mayores en la calle y lamentó que “una vez más se demuestre que los mayores dictadores son también la gente más cobarde”.

Dentro, hubo debate pero no excesivo. El PSOE, por boca de su portavoz, Luis Rodríguez Aller, justificó el cambio de postura de su grupo, que hace un año había votado a favor y hoy se abstuvo. Consideró que algunos incrementos no están justificados por ser excesivamente elevados, como el caso de los grandes dependientes. El diputado de UPL, Lázaro García Bayón, fue el único que defendió un voto en contra de una aprobación que a su juicio daña gravemente los bolsillos de los residentes e incluso pasará factura tras su muerte. Desde el Grupo Mixto, Matías Llorente se preguntó más por los “dos millones de déficit que tiene Santa Luisa” y cómo los seguirá “absorviendo” la institución.

El PP se mantuvo firme en la aprobación del “subidón”. Y lo hizo porque permite seguir manteniendo “la mejor residencia de la provincia”, que de otro modo podría correr el riesgo de cerrar, según explicó Carrasco. Y porque “esta ordenanza es tremendamente social, dado que a nadie se le aplicará lo que no puede pagar y quien no tenga recursos va estar hasta gratis”, defendió el portavoz popular, Jaime González.

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