El alcalde de Borrenes denuncia al portavoz del PSOE por un presunto delito de falsificación de un documento oficial

Ical

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada Blanco (PP), contra el concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Rodríguez, por un presunto delito de falsificación de documento oficial.

La denuncia fue presentada por el alcalde, según explicó a través de un comunicado, “tras detectar que este había falsificado la firma de otro concejal socialista en el documento de solicitud de un pleno extraordinario”. Se trata de un escrito presentado el pasado 14 de febrero y que estaba firmado por el portavoz socialista y por otro concejal para que dicha solicitud fuera atendida, cumpliendo con la obligatoriedad de ir suscrita por al menos la cuarta parte de los concejales que integran la Corporación.

Así, Eduardo Prada explicó que, al convocar el pleno extraordinario y revisar los acuses de recibo de la convocatoria, detectaron que la firma en el escrito de solicitud de pleno no tenía nada que ver con la del acuse de recibo. “Una vez reunidos todos los convocados en el salón de plenos, el propio concejal socialista confirmó ante todos los presentes, tras ser preguntado por el alcalde, que la firma de la solicitud no era suya, ante lo que el portavoz socialista, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció también, para sorpresa de todos los presentes, que había sido él mismo quien había firmado en su lugar”, añadió el alcalde.

Ante esta situación, se decidió declarar “nula” la convocatoria de pleno por no cumplir con la legislación vigente, que obliga a que la solicitud de pleno extraordinario debe hacerse por escrito, e ir firmada personalmente por todos los que la suscribe. Tras la denuncia en los juzgados, los populares de Borrenes recuerdan al portavoz socialista que según se recoge en el artículo 390 del Código Penal sobre falsedades documentales, “la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad podría ser castigado”, si se demuestran los hechos, “con pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años”.

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