La Junta de Castilla y León ampliará la protección de los denunciantes de corrupción en la administración
La Junta de Castilla y León reforzará la protección y la seguridad jurídica de los denunciantes de corrupción en la administración autonómica, para mejorar la lucha contra estas situaciones, como recoge el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos.
En la comparecencia posterior al segundo Consejo de Gobierno, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, explicó que habían estudiado el borrador del Proyecto de Ley de Mejora de los derechos y garantías de los denunciantes.
Al respecto, Igea explicó que el objetivo de la reforma legislativa es mejorar la definición de los actos que se pueden considerar como corrupción, la figura del denunciante y la aplicación de la propia norma.
En ese sentido, señaló que la norma añadirá un nuevo artículo en el que se mejoran los derechos de los denunciantes y el catálogo se garantías, como la confidencialidad o el derecho a recibir información sobre la situación administrativa.
También el borrador añade prestaciones como la asesoría legal gratuita, la defensa y representación, la integridad laboral o incluso, la indemnización por daños, así como la asistencia psicológica o psiquiátrica, si fuera necesaria.
Asimismo, el portavoz de la Junta explicó que se agregará dos nuevas disposiciones adicionales para en conjunto mejorar la lucha contra la corrupción que, recalcó, es uno de los objetivos de Ciudadanos. En definitiva, Francisco Igea incidió en que la nueva norma que comienza a elaborarse busca mejorar la protección, seguridad jurídica y las prestaciones de quienes decidan denunciar casos de corrupción.
