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El segundo principal acusado de la trama eólica defiende el origen lícito de sus negocios

El exconsejero delegado de ADE Internacional, Alberto Esgueva, responsabiliza a Tomás Villanueva de la operativa de adjudicación de parques eólicos en Castilla y León.

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Rubén Cacho / Ical. El exconsejero delegado de ADE Internacional, Alberto Esgueva (I), declara como investigados en el caso de la trama eólica ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid.
Ical | 16/06/2017 - 08:56h.

El que fuera director de ADE Internacional Excal Alberto Esgueva negó este jueves que cobrara "ni un céntimo" y justificó en su declaración judicial, como investigado, el origen lícito de los 47,1 millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción cree que obtuvo por su participación en la trama vinculada a la tramitación y autorización de parques eólicos en Castilla y León. Para ello, recurrió al criterio de la Agencia Tributaria que en su opinión avaló las operaciones e incluso le reclamó casi 30 millones en concepto de IVA por los servicios prestados.

Esgueva, que compareció con cuatro horas de retraso ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que asumió el caso sobre las autorizaciones de instalaciones eólicas, puso de manifiesto, según su defensa, la contradicción en la que incurre la Agencia Tributaria, que precisamente fue la que promovió, a partir de un informe emitido en 2014, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó finalmente este año una querella contra una veintena de personas, por el cobro de hasta 80 millones en comisiones por autorizaciones emitidas entre los años 2000 y 2015.

En ese sentido, el empresario, con negocios en Polonia, que también está investigado en el caso sobre el edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), insistió en que la Agencia Tributaria consideró "lícitos" sus negocios en el sector eólico, un operación que según Anticorrupción le permitió ganar 47,1 millones, con una inversión de 24.000 euros, y que Esgueva justifica como una actuación empresarial como la que realizaron "cientos" de emprendedores de la Comunidad.

La Fiscalía considera que la actuación de Alberto Esgueva se produjo mediante su intervención en una sociedad -Energía Global Castellana-, participada al 60 por ciento por una filial de Iberdrola y en un 40 por ciento por San Cayetano, empresa de los hermanos Esgueva, lo que junto a la relación con otra filial de la eléctrica le reportó a ésta última un total de 47,1 millones.

El empresario vallisoletano, sin embargo, defendió en su comparecencia de hora y media que "no se podrá demostrar nunca", porque "es imposible que haya habido ni un solo pago, ni un céntimo de nada". "Todo lo que ha hecho él ha sido lo que un empresario más, de los cientos de Castilla y León, que sencilla y llanamente más fueron los 'partners' locales imprescindibles para hacer las operaciones eólicas", dijo su letrado, en referencia a la decisión política que explicó en su declaración el exviceconsejero Rafael Delgado, quien señaló que era el consejero Tomás Villanueva el que estableció que el sector se desarrollaría en la Comunidad con la colaboración de grandes eléctricas y empresarios castellanos y leoneses.

También, la defensa de Alberto Esgueva reclamó a la Agencia Tributaria que paralice el embargo por los casi 30 millones reclamados, tras dictaminar que la actividad era lícita y que estaba sujeta al gravamen del IVA, ya que el exdirectivo de Excal está sentado ahora como investigado por el presunto cobro de comisiones millonarias. También sostuvo que "nunca fue funcionario o miembro de la Junta", si bien reconoció que tuvo buena relación con el equipo de Excal, en el que Delgado, era un "miembro más".

Su letrado confió en que el escrito que registre la próxima semana y la documentación que aporte demostrará que los fondos obtenidos, derivados de las operaciones eólicas de venta, está "perfectamente ordenado" y la trazabilidad del dinero.

Tramitación

La segunda jornada de declaraciones comenzó a las 09.30 horas con la comparecencia durante más de dos horas y media del funcionario Tomás Ciria, quien en calidad de testigo llegó a reconocer que se había enfrentado a su jefe, el viceconsejero Rafael Delgado, por la tramitación de las autorizaciones que requerían los proyectos eólicos, puesto que algunos procedimientos se demoraron durante años y no se desbloquearon hasta que se produjo la entrada de un socio local, según precisaron fuentes judiciales.

Al parecer, señaló que se limitó a seguir las indicaciones de sus superiores, es decir el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, Rafael Delgado y en último término Tomás Villanueva. También no aclaró qué empresarios locales y con qué criterios se seleccionaron para participar en el negocio eólico de la Comunidad, lo que para el abogado de la acusación popular, Emilio Martínez, genera unas transacciones al margen de la norma y, por tanto, el cobro de comisiones.

Préstamos

También, durante unas tres horas declaró el abogado Jesús Rodríguez Recio, vinculado a las actividades privadas de Rafael Delgado, quien la Fiscalía Anticorrupción considera su testaferro. Fuentes del caso aseguraron que había indicado que una vez que el exviceconsejero dejó la Junta, le prestó, a través de una empresa, casi 600.000, en concepto de créditos no documentados.

Él aseguró que el dinero era suyo y que procedía de los pagos por sus servicios profesionales de una empresa española, que decidió hacerlo a través de Mónaco y, si bien él posteriormente los transfirió a Suiza. De hecho, sostuvo que la empresa del país helvético Nehmo Holding era de su propiedad, la que según Hacienda transfirió cantidades a Tough Trade, que envió presuntamente los fondos, procedentes de Esgueva, a empresas de Rafael Delgado.

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