Los municipios leoneses ganarían 92,68 millones de euros si 'prestan' sus ahorros al Gobierno

Las entidades locales de Castilla y León recibirían 378 millones de euros por la cesión de los remanentes, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias llegaron a un acuerdo a principios de agosto por el cual las entidades locales dan el control de sus ahorros al Estado para la lucha contra la Covid-19.

A cambio y a partir de 2020, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes en un plazo de 10 años con intereses. Según Gestha, las entidades locales castellanas y leonesas aportarían 1.186 millones de euros y a cambio recibirán 378,36 millones extra.

Los ayuntamientos y diputaciones adheridas cobrarán un interés positivo mínimo del 0,05% anual por el préstamo a 15 años, y participarían de un fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social que se distribuirá en 2020 y 2021 entre los consistorios y sobre el que el Estado se compromete a entregar un mínimo del 35%.

Dentro de Castilla y León, los municipios a los que más dinero transferirían serían los de la provincia de León, con 92,68 millones; los que menos los de Ávila, con 17,25 millones. En medio quedarían Valladolid (55,12), Salamanca (54,54), Burgos (46,85), Zamora (44,92), Soria (27,57), Palencia (21,48) y Segovia (17,93).

Todavía está por ver cuántas entidades locales se sumarán al plan del Ministerio de Hacienda y la FEMP. Ayuntamientos de todo el país han rechazado el acuerdo al considerarlo “confiscatorio”, tal y como denuncia el Partido Popular. En Castilla y León, las nueve capitales de provincia están divididas. Así, han mostrado su predisposición a entregar los remanentes Valladolid, Segovia, Burgos, Soria, las cuatro en manos del PSOE, mientras se oponen Palencia (Ciudadanos), Salamanca (PP) y Ávila (Por Ávila -escisión del PP-). El Ayuntamiento de Zamora (Izquierda Unida) no ha tomado una si aportará los remanentes y León (del PSOE), también podría quedar descolgada.

La Junta de Castilla y León se pronunciará en contra de la utilización de los remanentes si prospera una proposición no de ley que el grupo popular llevará a las Cortes este martes. El PP quiere que el Gobierno autonómico se dirija al Ejecutivo para mostrar su rechazo y “para que respete y garantice la autonomía de las entidades locales”. Como sucede en el ámbito local, en el autonómico, el acuerdo entre la FEMP y Hacienda también ha pasado a ser un arma política del PP contra los socialistas. El portavoz 'popular' en las Cortes, Ángel Ibáñez, acusó esta semana a los municipios gobernados por el PSOE y al grupo paramentario de “callar” y “flexionar sus rodillas” ante el Gobierno.

Proyecto de Ley

Ante la oposición que genera el plan, los técnicos de hacienda pidieron que el Real Decreto Ley sobre el préstamo de los remanentes se decida en el Congreso y se tramite como proyecto de ley para que pueda ser enmendado en las Cortes Generales, “lo que facilitaría el acuerdo necesario entre los distintos grupos del arco parlamentario para despolitizar el debate y centrarlo en las medidas esenciales contra los efectos de la pandemia”, explican en un comunicado. El trámite parlamentario permitiría a los municipios, aseguran, “disponer del tiempo necesario para consensuar sus propuestas”.

En ese sentido, los Técnicos de Hacienda explican que la falta de disponibilidad de los remanentes puede afectar a determinados ayuntamientos para asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales, atender gastos urgentes no presupuestados, o realizar inversiones financieramente sostenibles. El Ayuntamiento de León se encuentra, por ejemplo, en esta tesitura, según reconoció el regidor José Antonio Diez.

Enmiendas para flexibilizar el acuerdo

Gestha explica que los municipios que no dispongan del remanente de tesorería “sufrirán una limitación importante a la hora de aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito”, por lo que plantea que para sortear este inconveniente, las entidades locales puedan decidir qué parte prestan de sus remanentes, en vez de que ceder o no la “totalidad” de los mismos. Es una de las enmiendas posibles que plantean al texto de Hacienda.

También, recuerdan que la prohibición de ceder los préstamos de los remanentes a terceros, sin el consentimiento previo de la Dirección General del Tesoro, implica la improbabilidad de obtener liquidez antes de los 10 o 15 años del préstamo; por ello proponen la creación de otro Fondo especial de liquidez a las entidades locales que lo soliciten “con el aval del Tesoro Público sobre capital vivo prestado, que reintegrarían según vayan recibiendo las amortizaciones anuales del préstamo”.