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La Junta dejará volver a cazar lobos, pero no por cazadores, en cuanto encuentre "seguridad jurídica"

Juan Carlos Suárez-Quiñones anuncia que Castilla y León seguirá los pasos anunciados por Cantabria, con controles selectivos que sí deja hacer el Gobierno, y cree que si no la ganadería extensiva y semiextensiva está "en riesgo de desaparecer" por los ataques de la especie.

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ileon.com / Miriam Badiola / ICAL | 15/06/2022 - 14:08h.

"Cantabria ha lanzado una disposición para controlar ejemplares de lobo y nosotros, prudentemente, tendremos que hacer lo mismo con los informes jurídicos de la Junta de Castilla y León, para lo que estamos buscando el respaldo jurídico".

Con estas palabras, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, advirtió hoy que la Comunidad autónoma seguirá los pasos de la cántabra y "permitirá su caza excepcional en cuanto se encuentre una mínima seguridad jurídica".

El titular de Medio Ambiente recordó que la Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria están "coordinados" en relación al lobo, ya que hicieron "un frente común muy intenso" tras su inclusión por parte del Ministerio de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Una inclusión que le convierte en especie no cinegética, es decir, que desde septiembre del pasado año ya no se ha podido permitir su caza en las provincias al norte del Duero, como León, donde los cazadores sí los podían abatir.

Se trata de una decisión gubernamental que para Suárez-Quiñones se debe a una "cerrazón política e ideológica del Gobierno" que "ha primado más que el interés general y la ganadería".

Así, la orden mediante la que se dictó esta inclusión "impone condiciones" para que pueda seguir habiendo controles de ejemplares, aunque ahora a manos de agtentes medioambientales autonómicos y no cazadores, donde esté bien justificada su proliferación, algo que sin embargo no ha hecho ninguna autonomía y tampoco Castilla y León.

La razón, según Suárez-Quiñones, es que esas condiciones "son imposibles de cumplir", al tiempo que iguala el régimen del lobo al norte y al sur del Duero, donde ya no se podía cazar, lo que a su entender "estropea los dos". Por eso mismo afirmó que los servicios jurídicos se encuentran en estos momentos buscando el respaldo que permita su caza, porque "por encima de todo están los intereses de los ganadero y el medio rural", incluso sobre la biodiversidad y la propia especie.

El consejero se mostró convencido de que, en el caso de que la situación no cambie, "va a desaparecer la ganadería extensiva y semiextensiva", porque "no pueden vivir sin un mecanismo que les proteja ante los ataques del lobo".

Estos ataques reclamados por los ganaderos en la provincia de León el pasado año 2021 fueron concretamente 210, casi un 21% más que en el año precedente, dejando 246 reses muertas.

Se trata, eso sí, de datos que de todos modos hay que esperar a verificar con el número de pago de indemnizaciones que la Junta luego admite sufragar, ya que en algunos años tan sólo ha reconocido como reales y demostrados un de cada tres ataques notificados por los ganaderos. Por ejemplo, en el año 2018 los hipotéticos daños del lobo fueron de 243 ataques con el resultado de 358 reses muertas pero la Junta acabó abonando 108 de ellos, apenas un 30%.

Indemnizaciones

Respecto a esos mecanismos, que son competencia de la propia Junta de Castilla y León, y en concreto sobre el pago de indemnizaciones a los ganaderos por los ataques del lobo que a la autonomía le corresponden, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio explicó que su inclusión en el Lespre ha provocado que las Comunidades Autónomas no puedan compensarles por los daños cinegéticos en las reservas regionales de caza; es decir, en la provincia de León en las reservas de Ancares, Riaño y Mampodre.

Por este motivo, mientras que algunos pagos atrasados previos a la orden ministerial "saldrán adelante en las próximas semanas", los nuevos daños "están sin soporte jurídico", a pesar de que "el Gobierno editó la orden ministerial con un impacto económico cero".

Para ello, el Gobierno anunció una partida de 20 millones de euros, que destinaría a medidas preventivas e indemnizaciones y daños compensatorios, los cuales "todavía no se han repartido ni entregado a las comunidades autónomas" en una "falta total de compromiso con la ganadería", concluyó.

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