La Junta calcula que no pagará antes de la primera quincena de junio las ayudas al alquiler del año pasado

César Sánchez / ICAL

ILEÓN / Agencia ICAL

La Junta de Castilla y León calcula que no pagará las ayudas al alquiler del año pasado antes de la primera quincena de junio de este, y un mes antes de que previsiblemente se abra el plazo para solicitar la de este presente 2022. La administración autonómica hizo pública en marzo una lista provisional de beneficiarios y amplió un mes después la partida presupuestaria para llegar a todos los usuarios que la necesitan.

En total, se destinará una partida de 26.697.828,33 euros, que beneficiarán a 15.221 personas de la Comunidad gracias a una única resolución tras eliminarse, por primera vez desde la puesta en marcha de estas convocatorias, la lista de reserva.

Así lo anunció el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que apuntó esta como la principal novedad de una convocatoria que enmarcó en el Diálogo Social y que también supone llegar por sexto año consecutivo “a todos” los peticionarios que cumplían con los requisitos, por lo que “no se deja a nadie atrás”.

Ahora, todos los beneficiarios de la ayuda disponen hasta el 30 de mayo para presentar los justificantes que acrediten dichos requisitos, si bien Suárez-Quiñones reveló que la Junta ya ha posibilitado que el 95% de ellos los presentasen, por lo que solo quedaría el cinco por ciento restante, de cara a realizar el pago de las ayudas “en la primera quincena de junio”.

La eliminación de la lista de espera ha sido posible, según señaló el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, gracias al aumento en 11,3 millones del presupuesto previsto en la convocatoria, de 15,3 millones, para poder realizar “una sola lista de beneficiarios que justifican los requisitos de ese derecho” para que puedan recibir “el pago de una vez y en una sola lista”.

Así, el número de beneficiarios asciende a 15.221 tras la presentación de un total de 21.562 solicitudes, la mayor parte en Valladolid (5.009), León (4.313), Salamanca (3.294) y Burgos (2.547), de las que 5.457 no cumplían los requisitos por superar los ingresos máximos (3.566), pagar una renta superior a los límites máximos (1.006), no estar al corriente con la Agencia Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social (948) o que la vivienda no sea residencia habitual y permanente (914), entre otras cuestiones.

Y es que los criterios de valoración no han cambiado, como apuntó Suárez-Quiñones, que recordó que “se tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y los ingresos”, con un tope máximo para la concesión de las ayudas de “tres veces el IPREM”, que en el caso de esta convocatoria no ha sido superado por los más de 15.000 beneficiarios, 1.990 más que en 2020, y de los que el 54,31% no superaban el 0,8 del IPREM, lo que supone que obtenían ingresos menores a 6.015 euros.

“Eso demuestra que las ayudas van a las personas que más lo necesitan”, apuntó en ese sentido Suárez-Quiñones, que también reveló que el 81,57% de los beneficiarios tienen ingresos que no superan 1,5 veces el IPREM, y que, en relación a su procedencia provincial, la mayoría de los beneficiarios son de Valladolid (3.272), León (3.256), Salamanca (2.391) y Burgos (1.736), seguidos de Ávila (1.263), Segovia (1.077), Palencia (910), Zamora (889) y Soria (427).

Mayor apoyo a jóvenes y mayores

En cuanto a la distribución de las ayudas, Suárez-Quiñones recordó que la mayoría de los beneficiarios recibirán el 40% de la renta anual de la vivienda, salvo los jóvenes menores de 35 años, que suponen el 26,31% de los solicitantes, y los mayores de 65 años, el 8,46% de los beneficiarios totales, que reciben el 50% de la renta anual gracias a una “discriminación positiva”.

Los datos ofrecidos hoy por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio también apuntan que el 61% de los beneficiarios son mujeres y el 39% varones, así como que el 70% de los beneficiarios son españoles y el 30% extranjeros. El 27% del total reside en el medio rural y la ayuda media de la convocatoria se sitúa en 1.754 euros para el periodo de renta de alquiler entre enero y diciembre de 2021, lo que supone un incremento de 97 euros con respecto a la convocatoria anterior.

También apuntó Suárez-Quiñones que, gracias al trabajo realizado por la Mesa del Diálogo Social, conformada por la Junta, CEOE, UGT y CCOO, se han destinado desde 2015 a estas ayudas un total de 118.416.563 euros para beneficiar a más de 77.000 familias, una “labor importante de apoyo al pago de rentas al alquiler” que también ha pasado de los 2,9 millones que se destinaban en 2014 a los 26,7 millones de hoy.

“Hemos pasado de no saberse quién recibía las ayudas a que todo el mundo que las necesite las reciba y crea en la Junta y en que las ayudas al alquiler llegan a tiempo”, concluyó Suárez-Quiñones, que mostró su predisposición a “incluir mejoras” hacia el futuro, relativas a “discriminaciones positivas en el medio rural”, así como a mantener la eliminación de la lista de reserva porque “nunca una conquista de la Junta ha ido hacia atrás”.

Valoración “positiva” de los agentes sociales

Acompañando al consejero en la rueda de prensa en la que se informó de las ayudas se encontraban representantes de la patronal y sindicatos pertenecientes a la Mesa del Diálogo Social. Entre ellos, el secretario general de CEOE-CyL, David Esteban, agradeció a la Consejería la “mejora evidente para los ciudadanos” que supone la eliminación de la lista de reserva para “no estar a la espera” de la ayuda, así como el trabajo de la Dirección General de Vivienda por “analizar ya el 95% de los expedientes”, algo que “no es fácil”, y la “continuidad” dada al Diálogo Social.

En la misma línea se expresó la secretaria ejecutiva de UGT en Castilla y León, Sonia González Calvo, que apuntó que “estas políticas de colaboración y en consenso con los agentes sociales guardan su éxito en el Diálogo Social”, por lo que apostó por “mantener el debate con la totalidad de agentes del nuevo Gobierno para nuevas líneas y presupuestos” que doten de “mayor cohesión y apoyo a todos los ciudadanos de la Comunidad”.

Por último, la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO, Yolanda Martín Ventura, realizó una valoración “muy positiva” del acuerdo por el incremento del presupuesto y de las personas beneficiarias de las ayudas a través de una subvención que “ha sabido adaptarse a la realidad del mercado y que ha llegado a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos”.

Las ayudas, no obstante, sirven según Martín Ventura para demostrar que “hay una brecha en salarios y pensiones” entre hombres y mujeres de Castilla y León, ya que el número de beneficiarias supera al de hombres, especialmente en el tramo de personas mayores, con 801 mujeres frente a 487 hombres. Por ello, concluyó que “es importante que estas ayudas cubran a la población más vulnerable” para reducir esa brecha.

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