Pereza legislativa en Castilla y León: cuatro leyes del PP en un año, ninguna a iniciativa de la vicepresidencia de Vox

La Junta de Castilla y León —integrada por PP y Vox— solo ha aprobado cuatro leyes desde que se constituyó el Gobierno hace más de un año: la Ley de Presupuestos de 2023, dos de modificaciones tributarias y fiscales, y el cambio del sistema de designación de los senadores, una iniciativa con la que el Partido Popular quiso garantizar la designación del alavés Javier Maroto como senador por Segovia.

En las fases iniciales continúan su desarrollo varias leyes que todavía no han salido adelante en el trámite parlamentario: de Función Pública, sobre Infancia y Adolescencia, de Violencia Intrafamiliar, y sobre el servicio de extinción de incendios y la coordinación de policías locales.

La Ley de Violencia Intrafamiliar es uno de los compromisos a los que llegaron PP y Vox como parte de su acuerdo de gobierno y aunque la consulta pública fue el 27 de julio de 2022, todavía no se ha hecho público ningún otro documento al respecto de esta ley.

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox), anunció a finales de abril el anteproyecto de la Ley de Patrimonio, que plagió de Ciudadanos tal y como contó elDiario.es y que ni siquiera figura en el apartado de huella normativa del portal de Transparencia del gobierno autonómico.

Solo un proyecto de Ley se tramita en las Cortes

Actualmente solo hay una Ley tramitándose en las Cortes de Castilla y León. Se trata del proyecto de Ley que quiere modificar la Ley del Juego y Apuestas, para el que ya se ha aprobado la tercera prórroga para presentar enmiendas. También se está tramitando una Proposición de Ley, impulsada por el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que presentó el proyecto de Ley elaborado durante la etapa PP-Cs y que aborda los derechos y garantías de las personas al final de su vida.

En las Cortes de Castilla y León solo se han tramitado tres decretos-ley: dos relativos a la agilización de fondos europeos y otro sobre la prestación económica frente a la deuda hipotecaria.

Hace unos meses, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox) se jactaba del escaso número de normas con rango de ley aprobadas durante este gobierno de coalición con el Partido Popular bajo el argumento de “Cumplimos” aunque Vox no haya logrado sacar adelante hasta el momento ninguna de sus leyes en el acuerdo de gobierno con el PP.

En el último año, la Junta de Castilla y León ha aprobado unos 40 decretos, entre los que se encuentran normas habituales como los currículos educativos, el Plan Estadístico o los precios públicos de la universidad. Otros decretos han abordado cuestiones como el Plan para la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) o el mapa de transporte público por carretera.

La mayoría de estos decretos no trascienden a la esfera mediática, pero hay otros que sí han provocado revuelo. El Gobierno PP-Vox modificó los Premios Castilla y León para incluir a la tauromaquia y dotarla de prima económica o el calendario laboral de 2023, que provocó polémica porque Vox suprimió el festivo del día de la Comunidad (el 23 de abril era domingo y tradicionalmente se movía el festivo al lunes) para tener como festivo el 25 de julio por Santiago Apóstol, que no era festivo desde 2011 porque coincide con muchas vacaciones de los trabajadores.

La mayoría de normas están elaboradas por el PP

De hecho, estos dos decretos son los únicos que han aprobado las carteras que dirige Vox, salvo uno sobre entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León. De hecho, la Vicepresidencia (Vox) que dirige Juan García-Gallardo —que cuenta con dos directores generales y su propia directora de comunicación— no ha aprobado ni un solo acuerdo, decreto, orden o norma en el Boletín de Castilla y León.

De hecho, las diez resoluciones que firma el director general de Relaciones con la Sociedad Civil, Jesús Enríquez Tauler, se encajan dentro de la Consejería de la Presidencia: todas son para inscribir a más fundaciones dentro del registro de fundaciones públicas.

La mayoría de normas están elaboradas por las consejerías del PP, socio mayoritario en la coalición de gobierno con Vox. El partido de extrema derecha gestiona las áreas de Agricultura —ahora presionada por el Gobierno por relajar los controles a la tuberculosis bovina—, Cultura y Empleo —la Organización Internacional del Trabajo advirtió hace unos días del "preocupante deterioro del Diálogo Social—.

Las consejerías de Vox están tramitando solo otros dos decretos: uno sobre ecoturismo y otro sobre las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas).

Muchas normas no están publicadas en Transparencia

En octubre de 2020 Ciudadanos —todavía en el gobierno— implantó la huella normativa para “conocer qué y quiénes influían” en la elaboración de las leyes. El objetivo era publicar informes previos para que cualquier ciudadano pudiera estar lo más informado posible. Sin embargo, son varias las ocasiones en las que se ha prescindido de la transparencia durante la elaboración de las normas. Ni uno solo de los siete decretos-ley de esta legislatura publicados en el Bocyl figuran en el apartado de huella normativa.

Un ejemplo es el Decreto-Ley de lucha contra los incendios. Los servicios jurídicos —entonces dirigidos por Luis Miguel González Gago, ahora consejero de la Presidencia— consideraron que había “circunstancias extraordinarias” que no podían preverse con anterioridad y exigían la aprobación “urgente” del decreto.