La Junta inyectará otros 1,7 millones a centros educativos privados de León para escolarizar de 2 a 3 años

Un total de 9.993 niños nacidos en el año 2020 entrarán en el sistema educativo de forma gratuita a los dos años en Castilla y León este nuevo curso. Eso será posible por el gasto aprobado por la Junta de Castilla y León de un total de 26,8 millones de euros.

Este jueves ha sido aprobado el reparto por el Consejo de Gobierno de la Junta del que forman parte PP y Vox, decidiéndose las dos subvenciones a los centros privados y también a las entidades locales titulares de los centros adheridos a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 2022-2023.

Eso significa que en el caso de la provincia de León, el gasto de la Junta que se embolsarán centros educativos privados se elevará a 1,7 millones de euros. En el caso de los centros de titularidad pública de los ayuntamientos seleccionados por la Junta la cuantía será de poco más de 2 millones de euros (2.029.069,91 euros en concreto). Lo curioso es que serán más los centros privados que los municipales los que impartirán gratuitamente para las familias este tramo de edad: 36 privados frente a 33 públicos de los municipios.

En Castilla y León

En el conjunto de la Comunidad, 276 centros privados recibirán una financiación global de 13,9 millones de euros y 224 centros de entidades locales percibirán 12,7 millones. Con este dinero público que la Junta inyecta los centros harán frente a los gastos de escolarización del alumnado, explican en una nota de prensa.

La Junta de Castilla y León, al extender este próximo la gratuidad de la educación al tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, es decir, para los alumnos de edades comprendidas entre los 2 a los 3 años, han seleccionado a 653 centros, 377 de carácter público entre los propias escuelas infantiles de la Junta y las de los ayuntamientos, y 276 privados.

Al igual que ocurre con los conciertos educativos con dinero público para centros privados en todos los tramos educativos, la Junta de Castilla y León lo justifican en garantizar “el derecho a la elección de centro”, también en este curso del primer ciclo de Educación Infantil.

Así, las solicitudes registradas ascienden a 9.993 de las que 2.403 pertenecen a centros gestionados por la Junta de Castilla y León, 3.334 a los ayuntamientos y 4.256 a centros privados.

La consejera destaca la “confianza” de castellanos y leoneses

Estas cifras, calcula la Junta, suponen que el 78% de los niños nacidos en el año 2020 entren en el sistema educativo de forma gratuita a los 2 años. La consejera de Educación, Rocío Lucas, subrayó que este porcentaje demuestra que las familias han respondido de manera muy positiva a la implantación de este servicio. “Hay que destacar la confianza que los castellanos y leoneses depositan en la educación de nuestra Comunidad”, resumió.

Aunque por otro lado, a preguntas de los periodistas la consejera no pudo dar datos aún más sencillos a estas alturas del curso, como el número de centros escolares que en la provincia de León y en el resto tendrán que cerrar este curso por la pérdida del número de alumnos, sobre todo en los pueblos.

Lucas señaló, según recogió la Agencia Ical, que la Junta ha hecho una estimación del ahorro medio de las familias con la gratuidad de las plazas de 2-3 años, teniendo en cuenta la “fluctuación” entre los centros públicos y privados, que asciende a 175 euros al mes. Es decir, casi 2.000 euros al año por niño. “No son solo beneficios para las familias sino también desde el punto de vista de la conciliación familiar y laboral y, lo que es más importante, desde la escolarización. Nuestro compromiso es que nuestro sistema de educación siga teniendo las cuotas de calidad que tiene y, para ello, cuanto más niños haya en el sistema, se mejoran esas tasas”, subrayó.

Por último, recordó que extender la gratuidad para la etapa de Educación Infantil es un “ambicioso” compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ya asumió y que será una realidad el curso que empieza en septiembre.

Además, por la considerable inyección de dinero a empresas privadas del sector, valoró el impulso a las pymes que, hasta ahora, han atendido a los niños como son las guarderías y centros infantiles. No en vano, destacó que Castilla y León es una de las comunidades que han optado por la gratuidad total en el tramo 2-3 años tras criticar los “pocos” fondos del Gobierno de España solo se destinaban a los centros de titularidad pública, dejando al margen al resto de negocios.

La consejera reconoció el proceso ha sido “complejo” para el que se ha contado con “todos” los centros, tanto los de la Junta como los de los ayuntamientos pero, sobre todo, con las pequeñas y medianas empresas que llevan años en la atención de los más pequeños.

42.000 euros por unidad

No en vano, existe un modelo de subvención de 42.000 euros por cada unidad educativa, que como tope tiene 20 alumnos en las clases de 2-3 años. Eso sí, la Consejería ha establecido distintas ratios en virtud de la zona rural para que, al igual que ocurre en otras etapas educativas, pueda existir una unidad educativa con tres niños. Se exige que haya un técnico superior de Educación Infantil y unas horas de maestro.

Rocío Lucas dejó claro que la subvención a los centros, tanto públicos como privados, se circunscribe solo al periodo lectivo de 9 a 14 horas. Las familias que deseen que sus hijos se queden al comedor o participen en otras actividades fuera de este horario deberán abonarlas. A partir de ahora, los centros adheridos a la oferta gratuita de plazas escolares de 2-3 años deberán aceptar esta subvención y solicitar el anticipo de cada una de las cuantías, en función del número de unidades. “Se facilita la gestión a las familias que no deben hacer nada y todo se lleva a cabo entre los centros y la administración autonómica”, significó.

Hasta críticas de centros privados

Preguntada por las críticas de algunos centros privados con el programa, que en algunos casos se han quedado fuera, la consejera apuntó que las empresas han transmitido su “gran satisfacción” ya que la Junta ha contado, desde el primer momento, con la iniciativa privada. En todo caso, declaró que tenían que cumplir unos requisitos mínimos a la hora de establecer las condiciones educativas recogidas en el decreto estatal como contar con una serie de metros cuadrados de patio y una zona de aislada, entre otros.