La Junta Electoral decidirá en horas si el primer debate se pospone o si Igea comparece desde su cuarentena

Igea (Ciudadanos) en el debate de las últimas elecciones, en 2019.

Laura Cornejo / elDiariocyl

La Junta Electoral de Castilla y León decidirá en cuestión de horas si el primer debate electoral de Castilla y León previsto para este lunes se pospone hasta el 6 de febrero o si por el contrario el candidato a la Junta por Ciudadanos, Francisco Igea, positivo en covid-19, debe comparecer telemáticamente. Por el momento, RTVE sigue adelante con el dispositivo “como si el debate fuese el lunes”, indican fuentes del ente público.

Cualquiera de las dos decisiones de la Junta Electoral se va a convertir en un escollo más que superar: Igea pide igualdad de condiciones, algo difícil de conseguir si hay dos contendientes en un plató y otro en su casa, delante de una pantalla, de ahí a que Ciudadanos se haya dirigido a la Junta Electoral para retrasarlo hasta los 7 días obligatorios de aislamiento. Pero es que eso no garantizaría ni que fuese ya negativo en el virus, ni que en ese momento otro de los candidatos enfermase y obligase por tanto a un nuevo retraso. Por otro lado, cambiar el debate para el 6 lo dejaría muy pegado al segundo, programado para el 9 de febrero.

Los dos debates, obligatorios por ley desde 2019, se han armado con no pocos problemas. Los 'controla' una comisión de periodistas determinados en una orden de 2019 que ni siquiera contemplaba a los digitales, eso según la Junta, que entiende que un “periódico diario” es en papel y no cabe lo digital. En esa comisión están representados lo que se supone que son todos los medios, a través de los directores de agencias de noticias, televisiones, radios, y periódicos. Y entre esos medios se encuentran los que son propiedad de Promecal y Edigrup, los dos conglomerados que a través de una corporación componen la televisión privada financiada por el Gobierno autonómico, Castilla y León Televisión.

Bloqueo a RTVE

En la primera reunión de la comisión el objetivo básico, el interés ciudadano, saltó por los aires. El peso de los medios de Edigrup y Promecal, casi cercano a la mayoría, viciaba la neutralidad de esa comisión, ya que eran estos los primeros interesados en que los debates fuesen sólo para la televisión privada, dejando fuera a RTVE.

No sólo eso, radios y periódicos presionaban para lograr una hora cómoda para unos o que permitiesen emitir en directo para otros. Exactamente lo que ocurrió dos años antes, cuando para contentar a todos se llegó a emitir el debate en diferido. Así, la primera reunión, en la que un periodista votó por tres medios distintos, concluyó en bronca cuando se bloqueó la posibilidad de que RTVE organizase y emitiese uno de los debates sin razonar esa decisión.

El ente público recurrió a la Junta Electoral, pero es que también lo hizo el Colegio de Periodistas, que según la orden para formar la comisión, debía estar citado para enviar un vocal. Ambos tenían razón y la Junta Electoral resolvió la disolución de la comisión y las decisiones adoptadas y dejó claro que RTVE tenía derecho a organizar uno de los debates. La resolución incluso iba más allá: la comisión no podía decidir el horario de los debates, una cuestión restringida a cada televisión.

Las dimisiones

Cuando se convocó de nuevo la comisión, esta vez con todos los vocales y con un voto por persona, los ánimos estaban caldeados y la supuesta buena voluntad de los asistentes duró cinco minutos. Lo que se tardó criticar duramente a la Junta Electoral y repartir los bloques de los debates, decididos por la comisión previamente.

Según fuentes del ente público, se les volvía a bloquear imponiendo qué asuntos se debía tratar en su debate y cuáles estaban reservados al segundo, el de la televisión privada. Para esta dejaban los dos platos fuertes: el de la despoblación, casi el leit motiv de los partidos en esta campaña, y el de los posibles pactos entre partidos.

Como no se llegó a un acuerdo y una vez más RTVE no aceptó el resultado de la votación, consultó a la Junta Electoral, que volvió a darle la razón: cada televisión podía decidir qué temas iba a tratar en el debate.

Así tras un último intento de tomar decisiones en común, el ente público hizo uso de los derechos que le reconocía la Junta Electoral: organizar un debate en el horario que le pareciese adecuado y con los contenidos que considerase oportunos. Tras comunicarlo así a la comisión, está saltó por los aires con la dimisión de 18 de sus 25 miembros, incluidos presidente y secretaria.

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