UGT pide “no entrar en batallas campales entre enseñanza pública y concertada”

El responsable de Enseñanza Concertada de FeSP-UGT a nivel nacional, Jesús Gualix, hoy en Salamanca. / Salamanca24horas.com

C.T.M. / ICAL

El sindicato UGT, a través de su responsable nacional de Enseñanza Privada, Jesús Gualix, pidió hoy “no entrar en batallas campales entre enseñanza pública y concertada” durante la presentación en Salamanca de la petición del sindicato para renovar el Real Decreto de Conciertos Educativos, “que afecta a más de 150.000 trabajadores”.

Y es que para Gualix, “habrá organizaciones que viven en el enfrentamiento” pero desde UGT “nos ponemos en el modelo de que la convivencia es mejorar, y crear enfrentamientos innecesarios entre pública y privada solo favorece a los que viven en el enfrentamiento”.

“Nosotros queremos lo mejor para la enseñanza pública y concertada, son muy sólidas y están acostumbradas a convivir”, defendió Gualix, recordando que “son redes educativas que trabajan históricamente bien y tienen que seguir haciéndolo”. Por ello, el responsable nacional de Enseñanza Privada del sindicato consideró que la posible devolución de la desgravación fiscal a los padres de alumnos de los centros concertados “no es un ataque” a los mismos.

No obstante, dicha medida, que estudia el Ministerio de Hacienda, sí preocupa al sindicato en la medida en que “son cuestiones que afectan a los trabajadores y a la negociación colectiva, porque afectan a los centros”. Por ello, Gualix se mostró partidario de que “cuando la Administración, sea central o autonómica, vaya a sacar una normativa, que la ponga de manifiesto a las organizaciones representativas”.

En ese sentido, pidió al Ministerio “una reunión de la Mesa Sectorial de Educación Concertada lo más urgente posible para que nos den los datos”, puesto que “cualquier normativa puede afectar” y, por ello, también reclamó que “se puedan hacer aportaciones a un texto base, no solo sindicales sino desde el ámbito jurídico”.

Renovación del Real Decreto

Gualix realizó estas declaraciones durante la presentación en Salamanca de la petición por parte de UGT de la renovación del Real Decreto de Conciertos Educativos. Una reivindicación “justa y clara” del sindicato, según su responsable nacional de Enseñanza Privada, porque “se trata de un sistema que viene de los años 80 y necesita cambios para ser consecuentes con los de la sociedad”.

Así, según Gualix, “el Real Decreto tiene carencias importantes desde el punto de vista laboral”, entre las que mencionó “salarios, sexenios y una formación continua de los trabajadores que ha quedado reducida y no está pagada”.

Además, también hizo hincapié en las “carencias de la jornada laboral, con las mismas exigencias que para los trabajadores de la pública pero con más horas lectivas”, que desde UGT consideran que se tienen que reducir a “un máximo de 18 en Secundaria y 20 en Primaria”.

Igualmente, el sindicato pide “que las bajas por incapacidad temporal se financien desde el mismo momento en que se produzcan, que la paga extraordinaria por antigüedad se financie desde el propio Ministerio de Educación, y que la figura del pago delegado sea para la totalidad de los trabajadores y no solo para el personal docente”.

Para todo ello, UGT exige al Ministerio que “se siente a negociar” puesto que el borrador de Decreto acordado en 2011, que incluso llegó al Consejo de Estado, “quedó en agua de borrajas” con las elecciones generales de aquel año y la normativa actual “se ha quedado vieja después de 33 años”.

Regulación estatal del teletrabajo

Además de sobre la educación concertada, el responsable nacional de UGT sobre Enseñanza Privada también reivindicó el recién acordado Convenio de la Educación Especial y Atención a la Discapacidad, “que afecta a más de 200.000 trabajadores con incrementos salariales de entre el 6 y el 20 por ciento y una mejora importante de los derechos sociales”.

Por último, Gualix se refirió al Convenio sobre Educación Infantil, Escuelas de Enseñanza y Universidades Privadas, que está “en situación de semibloqueo” pero en el que “se empiezan a poner en el centro los salarios”, así como el trabajo 'online' o teletrabajo para “crear unas condiciones laborales en convenio colectivo para evitar que en cada universidad se pueda utilizar el teletrabajo sin regulación”, aunque a su vez solicitó “una regulación estatal de mínimos” al respecto.

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