Ugal-Upa reclama reducciones fiscales para un campo ahogado por el aumento de gastos

Carlos S. Campillo / ICAL El secretario general del sindicato agrario UGAL-UPA, Matías Llorente, hace balance de la situación del sector agroganadero

Ical / S. Gallo

Ugal-Upa ha alertado hoy de la caída en un 5,3% de la renta per cápita de los profesionales del sector agrícola y ganadero y del incremento de insumos como es el caso de los fertilizantes, el gasóleo, las semillas y el denominado 'tarifazo eléctrico'. Por ello, reclamó la convocatoria de una mesa nacional de insumos en la que se aborden medidas para “controlar” esta situación, en la que también se solicitan reducciones fiscales para los profesionales.

El secretario general de Ugal-Upa, Matías Llorente, pidió un reglamento en el que se reduzca el IRPF en un 15% para poder hacer frente a esos gastos, que en la actualidad resultan inasumibles, y para que haya “una reversión de la fiscalidad” porque “no es posible que las materias primas estén cayendo y suban los fertilizantes y nos hayan subido la factura eléctrica”, denunció.

“Que la Junta pague al año, no cuando haya elecciones”

Llorente recordó que la Junta de Castilla y León ha convocado el Plan de Desarrollo Rural (PDR) hasta el año 2020, para el que se ha fijado hasta el próximo 19 de marzo para remitir las solicitudes. De cara a este plan, el secretario general de Ugal-Upa insistió en que “en el campo se siembra todos los años” y denunció ante la consejera, Silvia Clemente, que se aprueben una serie de ayudas “y que las cobremos con tres años de retraso”.

Por ello, Llorente reclamó que el próximo PDR sea abonado “en tiempo y forma” cada año y en las cantidades que han sido presupuestadas. “Entiendo que porque el día 24 de mayo tenga flores diferentes, no se puede aprovechar y pagar el retraso de dos años de todo el Plan de Desarrollo Rural que se debía en la provincia y la comunidad, ni porque vengan elecciones o no”, insistió Llorente.

En relación a la Política Agraria Comunitaria (PAC), Llorente lamentó que esta política sea “cada vez menos comunitaria” y alertó de los problemas “muy serios” para la liberalización prevista “y que competir con ellos cuando son distintas las políticas de cada país”. A pesar de que se preveía una unidad mayor, Llorente hizo un llamamiento para que se aplique su denominación y sea una política “cada vez más comunitaria y no cada vez más de estado y de cada país, con más problemas para comercializar”, dijo.

Otra de las preocupaciones del mundo del campo pasa por el sector de la remolacha y el sector lácteo. En relación al primero de ellos, Llorente recordó el problema “serio” que se ha registrado este año una vez que cerró la industria azucarera, que dejó unas 300 hectáreas sin cultivar, algo que equivale a casi 30.000 toneladas de remolacha, de las que 14.000 corresponden a agricultores.

30.000 toneladas de remolacha sin recoger

Ahora se está pendiente de una reunión con la industria azucarera para poder “buscar una salida” que pasa por la reapertura de la industria, previsiblemente para mediados del próximo mes, momento en el que se recogerá la remolacha que ha quedado pendiente en el campo que, sin embargo, no irá destinada a la producción de azúcar, sino de un jugo que se venderá “a la industria donde proceda”.

Además de la fecha de reapertura, también se negociará el precio de cada tonelada para este nuevo fin, un precio que estaba fijado en 41 euros por tonelada pero que se verá reducido. “Por fin hemos convencido a la industria azucarera y en esa mesa nacional se fijará el valor y la fecha para abrir las puertas de la industria”, aclaró Llorente.

También el sector lácteo pasa por momentos complicados, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 1 de abril se liberalizan las cuotas lácteas. “Vamos a tener un problema serio, porque toda la inversión que han hecho los ganaderos no va valer para nada”, incidió Llorente, que lamentó que todo apunta a que habrá un rebasamiento en la cuota y que “además de perder la cuota, habrá que pagarla”, concluyó.

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