El TSJCyL anula la subida trimestral de agua y alcantarillado aprobada por el Ayuntamiento de León
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el devengo trimestral de las tasas de suministro de agua potable y alcantarillado aprobado el 29 de noviembre de 2011 en la sesión plenaria del Ayuntamiento de León. La sentencia recoge que el Ayuntamiento no puede hacer esta modificación “de forma arbitraria” con el fin de facilitar la subida de las tasas “en beneficio solamente de la empresa que gestiona estos servicios”.
Según informó la Cámara de la Propiedad Urbana de León, quien interpuso en marzo de 2012 un recurso contencioso-administrativo contra esta medida, esta modificación se consideró “ilegal” ya que no está permitido el cambio del devengo por la Ley de Haciendas Locales, que establece “claramente” que en las tasas de devengo periódico, como es el caso del agua y el alcantarillado, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año, mientras que el periodo impositivo “comprenderá el año natural”.
Desde la Cámara se denunció que, a pesar del recurso presentado por esta entidad, así como de la oposición de más de un colectivo, el Ayuntamiento de León permitió que la concesionaria del servicio aplicara este cambio de criterio y procediese a la subida del IPC en julio de 2012, que ha quedado “sin base legal”, por lo que estimo que el Consistorio tendría que proceder a su devolución, como ya ocurrió con la subida “ilegal” del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya subida resultó “desorbitada” en el año 2008.
El comunicado remitido por la Cámara de la Propiedad recoge que se considera “inaceptable” que un acuerdo municipal contravenga la Ley de Haciendas Locales sin que exista un “claro” beneficio para el ciudadano, cuando lo que se pretende en realidad es “asegurar” que las eventuales peticiones de incremento de tarifas sugeridas por la concesionaria del servicio “puedan entrar en vigor al día siguiente de su publicación prácticamente en cualquier momento del año”.
El presidente de la Cámara de la Propiedad, Luis Álvarez Méndez, insistió en que ya se había advertido de que el incremento de las tasas de agua y alcantarillado para el segundo trimestre de 2012 era “ilegal, abusivo innecesario y totalmente injustificado”, e hizo hincapié en que las administraciones no deberían incrementar “aún más” la presión fiscal sobre el ciudadano, algo a lo que hizo un llamamiento para mostrar oposición “con todos los medios legales a nuestro alcance”.
Igualmente reclamó una actividad del Ayuntamiento que “compense” a los ciudadanos de esta subida “ilegal”, como ocurrió con el IBI, especialmente en un caso en el que se justificó la privatización del servicio de aguas con argumentos como la mejora en las infraestructuras que supondría, la reducción de costes o la rebaja de las tarifas, aunque hasta el momento “la realidad parece ser la contraria”.
