El TSJ de Castilla y León advierte de “serias dificultades” para ejecutar el plan de reactivación de la justicia

José Luis Concepción, presidente del TSJ de Castilla y León, en la apertura de un curso judicial. / ICAL

ICAL

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) consideró hoy fundamental la activación de la vida judicial, para lo que llamó al Gobierno a levantar la suspensión de los plazos procesales “siempre con las precauciones sanitarias oportunas”. El objetivo, según informó el Tribunal a través de un comunicado es reanudar “paulatinamente” la actividad hasta recuperar “el ritmo ordinario” de los juzgados y tribunales después del “duro impacto” que la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria y económica ha supuesto para la Administración de Justicia, donde la actividad se ha visto “paralizada”.

La Sala de Gobierno cuestionó la viabilidad y efectividad en el momento actual de un plan de reactivación judicial en el ámbito de este territorio mientras no se proceda al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales acordada en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Además, estimó que el proceso de reactivación precisa de “una debida planificación”, mediante una actuación conjunta y coordinada del CGPJ y del Ministerio de Justicia, con carácter previo a la intervención y la colaboración de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Por otro lado, el TSJCyL consideró que el proceso de reactivación de la actividad judicial necesita para su efectiva puesta en funcionamiento el necesario suministro de medios de protección individuales y colectivos que garanticen la salud de las personas que prestan servicios, intervienen o acuden a las distintas sedes judiciales, así como de los medios informáticos precisos para que puedan hacerse efectivo el teletrabajo.

La Sala de Gobierno apreció que, dadas las características propias de Castilla y León, existen “serias dificultades” para la adopción de un plan de reactivación como el que se insta, habida cuenta que hay cinco Salas del TSJ, nueve Audiencias Provinciales, 41 partidos judiciales y más de 300 jueces. Por ello, el TSJCyL estimó más conveniente el establecimiento de unos criterios “generales” de actuación, sin perjuicio de facultar a los presidentes de Sala y de Audiencias Provinciales, los jueces decanos y los jueces unipersonales de partidos judiciales únicos para que, una vez se alce la suspensión de los plazos procesales, puedan proponer al TSJCyL y al CGPJ para su aprobación aquellas medidas concretas encaminadas a la reactivación judicial efectiva según el orden jurisdiccional y el territorio.

Plan en Castilla y León

La Sala de Gobierno acordó aprobar el 'Plan de Reactivación de la Actividad Judicial en el Ámbito del TSJCyL, en el que la efectividad del plan de reactivación judicial en la Comunidad queda supeditada al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales; la incorporación de los jueces al régimen de trabajo presencial, en tanto continúe la suspensión de los plazos procesales, sigue el esquema establecido mediante los turnos rotatorios ya aprobados; la reprogramación de los señalamientos, ya que al continuar la suspensión de los plazos procesales no deben efectuarse señalamientos de actuaciones judiciales relativas a vistas, comparecencias o juicios, salvo las consideradas por el CGPJ urgentes o inaplazables.

Por otro lado, no se considera necesaria la modificación de los planes anuales de sustitución aprobados provisionalmente por la Sala de Gobierno; y en el avance de decisiones dentro del proceso de incorporación en régimen presencial, se tendrán en cuenta las situaciones excepcionales que puedan acaecer como pueden ser el repunte de contagios, las situaciones de especial sensibilidad, así como las causas de exclusión que se puedan alegar.

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