La Junta se pensará si deja sin impacto ambiental a las energías renovables como decreta el Gobierno
La Junta de Castilla y León analizará si aplica la simplificación administrativa en el proceso de tramitación de los proyectos de parques de energías alternativas, como ha hecho el Gobierno con una modificación normativa para aquellos que tengan una potencia instalada de entre 50 y 75 megavatios en el caso de energía eólica y los de 100 y 150 en el caso de la fotovoltáica.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, indicó que la Junta mantiene “el rigor y la participación” de la Sociedad en la tramitación de los proyectos que son de su competencia“, es decir, los que no superan la potencia de 50 megavatios con aerogeneradores y los de 100 con placas solares.
Hasta el momento, insistió el portavoz, la Comunidad “no ha dispuesto de esa necesidad y tampoco la ha analizado”, dijo al tiempo que insistió en que es el Gobierno de España el que ha decidido simplificar y eliminar trámites para los parques menores de 75 megavatios en energía eólica y 150 en fotovoltáica.
Sin declaración medioambiental por Ucrania
La decisión del Gobierno de la Nación de elevar la potencia de los macroproyectos de enertías renovables para evitar el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental provoca que, en la práctica, todos aquellos que debía controlar la Junta saldrán adelante sin que los ciudadanos siquiera puedan alegar contra ellos y con la posibilidad de que se expropiaran “de forma urgente” los terrenos donde se ubicarían con una mera declaración de afección medioambiental por parte de las empresas que lo solicitaran. Esto ha provocado la sonora protesta de las plataformas en contra de este tipo de Transición Energética cuyo lema es 'Renovables sí, pero no así'.
En la práctica todos los proyectos presentados de menos de esas cantidades saldrían adelante, con lo que con fraccionar los que tuvieran más las eléctricas podrían inundar la provincia de León y la autonomía de macrogranjas solares y macroparques de aerogeneradores, siempre y cuando no estuvieran incluidos por completo en la Red Natura 2000, que es la única limitación a esta liberalización encubierta y por la puerta de atrás de las energías renovables sin tener en cuenta los daños al medio ambiente. Todo aprovechando la crisis energética provocada por la Guerra de Ucrania.
