Stop Desahucios solicita ordenanzas municipales para sancionar a bancos y empresas con viviendas vacías

La plataforma ciudadana anti desahucios 'Stop Desahucios Bierzo-Laciana-Maragatería-La Cabrera' tiene previsto registrar mañana una moción solicitando a todos los ayuntamientos de estas comarcas leonesas la elaboración de una ordenanza municipal para que se sancione a los bancos y grandes empresas que tengan viviendas vacías en propiedad, a las que no se da uso social y que en la actualidad se encuentran cerradas desde hace tiempo.

Según informó el colectivo, no se quiere olvidar que muchas de estas viviendas son las que los bancos y las empresas financieras han “arrebatado” a los ciudadanos como consecuencia de la crisis y por la “provocación” que conlleva la estafa de los contratos hipotecarios, en su mayoría con “cláusulas abusivas y usureras”. Lo que se pretende con esta moción es que los ayuntamientos estudien la fórmula para implantar medidas que obliguen a los bancos a dar un uso “real”, como viviendas sociales, a las viviendas que “arrebataron con la connivencia de los políticos”.

Desde Stop Desahucios se exigió que cada una de las viviendas vacías que son propiedad de los bancos pase a formar parte de un fondo de viviendas sociales para su cesión a las familias en situación de necesidad y exclusión social por la pérdida de las suyas. Así se quiere instar a las corporaciones locales a aprobar esa ordenanza para obligar a los bancos a dar “un verdadero uso social a las viviendas vacías de su propiedad”.

En el caso de que los bancos y empresas se negaran al cumplimiento de esa ordenanza municipal, Stop Desahucios exigiría “sanciones ejemplarizadoras” para que “verdaderamente les duela en lo que ellos más quieren, que son sus beneficios anuales bancarios”. Con la recaudación de las sanciones económicas, los ayuntamientos podrían crear un “verdadero” fondo social de reserva de viviendas destinadas a las familias en situación de necesidad y llevar a cabo, por su cuenta, de una política de “verdadero banco de viviendas sociales” en cada municipio.

Igualmente, se recordó a los ayuntamientos la obligatoriedad de cumplir con las exigencias de la Ley de Vivienda de Castilla y León, y se instó a los ayuntamientos a que lleven a cabo la ley de defensa de los ciudadanos en materia de vivienda y apliquen también la defensa de los derechos a la vivienda, aprobada por la Junta de Castilla y León, para constituir una reserva de viviendas desocupadas destinada a colectivos en riesgo de exclusión social.