Los sindicatos anuncian acciones judiciales contra las llamadas gratificaciones especiales en la Junta
La Junta de Personal de Servicios Centrales, formada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CGT y USAE), acordó hoy por unanimidad emprender acciones judiciales ante “indicios irregulares y presunta malversación de fondos públicos por parte de los consejeros” de la Junta de Castilla y León en el reparto de las cuantías por las gratificaciones extraordinarias que se conceden a empleados públicos por trabajos fuera de su horario de trabajo.
El anuncio de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración autonómica, del que recuerda que ya informó al presidente de la Junta en un escrito el pasado mes de enero, se produce después de la denuncia realizada por su presidente, Marcial Barba, en una rueda de prensa el 27 de mayo en la sede de las Cortes junto al procurador socialista Pedro González, en la que éste habló del pago de seis millones de euros “opacos” a unos 400 empleados públicos de confianza por las llamadas “bufandas”.
Marcial Barba reclamó en esa rueda de prensa que se cumpla la ley, mientras que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, apeló a la Ley de Protección de Datos para no facilitar la información requerida por la Junta de Personal y la oposición socialista sobre el listado de personas beneficadas por las gratificaciones especiales. “Se mantendrán secretas, pero no es incompatible con ser trasparentes”, explicó del Olmo en las Cortes.
En un comunicado difundido hoy, firmado por el presidente y secretario de la Junta de Personal, se informa del ánalisis de las aseveraciones de la consejera conforme a que tiene que cumplir con la ley de Protección de Datos y se recuerda que existe doctrina constitucional del derecho de información del delegado sindical, que no es un tercero respecto de los trabajadores, sino un manifestante de la participación.
Al respecto, la Junta de Personal explica que la declaración de secretas de estas retribuciones extradordinarias supone una “obstrucción” contra la ley orgánica de libertad sindical y añade que, tras los datos recabados, “presume indicios irregulares, no sólo por la opacidad mostrada por los secretarios generales” de las consejerías sobre estas partidas, sino también “indicios por posible y presunta malversación de fondos públicos por parte de los consejeros”
“Presumimos que las cuantías de estas retribuciones extraordinarias puede que hayan sido fijas y periódicas y sostenidas en el tiempo de forma sistemática, lo que podría ser un fraude de ley, tanto a la Ley de la Función Pública como a las sucesivas leyes de presupuestos”, precisó el órgano que engloba a los sindicatos con representación en la Administración autonómica, que también observó “indicios de presunta vulneración” de un artículo del Código Penal por parte de los consejeros en el devengo de cantidades periódicas, “sabiendo que es contrario a la ley”.
Por todo ello, comunica la realización de acciones judiciales, que no concreta, porque “emula” a la Consejería de Hacienda y las declara “alto secreto sindical”.
