Ayuntamientos y Diputación de León recibirán 6,2 millones por el IVA que Rajoy 'hurtó' en 2017

Los entonces presidentes del Gobierno y la Junta, Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera, junto al actual presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco. / Eduardo Margareto / ICAL

La Diputación leonesa, los grandes ayuntamiento de la provincia como los de León, Ponferrada o San Andrés y también los más pequeños ingresarán por fin el mes de marzo que viene un total de 6,2 millones de euros del Gobierno.

No es ningún regalo. De hecho, se trata del dinero, incluso con cuantiosos intereses, que en su día había 'hurtado' el Ejecutivo que en 2017 presidía el popular Mariano Rajoy en concepto de compensación por la mensualidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que todas las corporaciones locales, y también las comunidades autónomas, dejaron de recibir hace cinco años por la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII).

Ante ese 'hurto', que los altos Tribunales ya han considerado ilegal, obligando ahora a su reembolso, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer martes la orden de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que determina el importe exacto que percibirán las instituciones locales leonesas.

Esa devolución del IVA de 2017 ha sido gracias a la denuncia que en su día interpuso ante el Tribunal Supremo la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, en contra de la decisión de no ingresar un montante total de 182 millones de euros en las arcas autonómicas correspondientes a la pérdida de ingresos en la liquidación del año 2017 del IVA.

Sin embargo, hay que recordar que esa demanda, ahora ganada y que abre el camino a ese cobro a las instituciones de toda España, sólo la interpuso Castilla y León cuando el Gobierno dejó de estar en manos del PP y paso a la coalición de PSOE y Unidas Podemos tras la moción de censura perdida por Rajoy. Cuando gobernaba éste, el Ejecutivo manifestaba su disconformidad pero sin dar un paso efectivo para recuperar esas importantes cantidades. Recientemente, el Gobierno autonómico, ahora presidido por Alfonso Fernández Mañueco, aceptó el pago por parte del Gobierno de la cantidad final de 195 millones del Gobierno por aquel IVA impagado por el Gobierno Rajoy.

A nivel provincial, la 'lluvia' de dinero también será considerable y en casi todos los presupuestos para este año están ya previstos esos ingresos extras atrasados. A la Diputación leonesa llegarán 3.654.135,97 euros, cifra que, como en todos los casos, incorpora los intereses desde febrero de 2020. Es la Diputación que más tendrá por este motivo de toda Castilla y León, seguida por Salamanca con 2,3 y Valladolid con 2,19 millones de euros.

Por su parte, el Consistorio de León ingresará poco más de un millón de euros y la suma de otros 197 municipios más pequeños de la provincia se repartirán 1.663.821,32 euros en total. Dentro de esta cifra global, destacan los 439.000 euros que ingresará el Gobierno a Ponferrada o los 351.360,87 que sumarán algunos de los ayuntamientos más grandes del alfoz de León, como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Valverde de la Virgen o Sariegos).

Los criterios

La Orden establece la forma de pago y el importe correspondiente y cumple lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, donde se consigna una partida presupuestaria específica para esta circunstancia, destinada tanto a comunidades autónomas como a entidades locales.

A nivel nacional se establece el importe de la compensación, así como el de los intereses legales, de forma que el total que percibirán las administraciones locales afectadas, intereses incluidos, se cifra en 496,6 millones de euros. La compensación se hará efectiva el 31 de marzo y beneficiará a 8.125 ayuntamientos y 60 diputaciones y entidades similares, la totalidad de las que participaron en tributos del Estado en 2017.

La cuantía correspondiente a cada una de las entidades se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pinchando aquí. La normativa indica que, una vez efectuadas las transferencias, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación.

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