El Tribunal Supremo tumba el 'descuelgazo' laboral que pretendió la vieja guardia del PP en la Diputación

Jaime González (izquierda), vicepresidente de la Diputación y responsable de Personal que 'tumbó' la ultra actividad del convenio laboral ahora rechazada por el TS, durante el mandato presidido por Isabel Carrasco.

C.J. Domínguez

Otra en la frente. El Tribunal Supremo acaba de dar el enésimo varapalo judicial a la Diputación de León a costa de las políticas impulsadas por las anteriores corporaciones del PP en el Palacio de los Guzmanes, sentenciando que el 'descuelgazo' que se quiso imponer al personal laboral en época de Isabel Carrasco y de su sucesor Marcos Martínez Barazón es absolutamente irregular y por lo tanto dejándolo sin efecto.

Algo que al menos hace respirar tranquilo a los más de dos centenares de trabajadores de la institución que mantienen la condición de 'personal laboral', especialmente vinculados a las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos o a los de la Cueva de Valporquero, entre otros. Pero que tendrá un considerable coste económico para toda la provincia porque la sentencia del TS condena en costas a la Diputación.

La ofensiva contra la gestión de personal impulsada en concreto por el entonces vicepresidente y portavoz del PP, Jaime González, fue dirigida por los sindicatos UGT y CCOO, cuando tuvieron conocimiento de que González, con la anuencia de Carrasco, pretendió aprovecharse de la entrada en vigor de la última reforma laboral del Gobierno presidido por Mariano Rajoy para dejar sin efecto alguno la llamada 'ultra actividad' del convenio colectivo en vigor para el personal laboral de la institución provincial leonesa; es decir, que todos los laborales dejarían de estar bajo el cobijo de los preceptos laborales de ese convenio, algo que a juicio de ambos sindicatos no sólo era algo irregular sino “demencial”.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 2 de León ya falló en el procedimiento nº 1176/2013 en contra de las intenciones del PP en el Palacio de los Guzmanes pero la institución, como es habitual en todos los casos, decidió primero presentar recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que también perdió, y posteriormente otro de casación ante el Supremo aduciendo unificación de doctrina que, según su criterio ahora desmontado, les permitía saltarse el convenio en el caso de todos los laborales de la Diputación.

Pero ahora el TS en un reciente auto inadmite ese recurso y le da la razón plena a los sindicatos sobre la obligatoria ultra actividad del Convenio Colectivo para los Empleados Públicos laborales, “pues desde su finalización, en 2002, y a pesar de las numerosas solicitudes, tanto verbales como escritas, para la negociación del mismo, la Diputación nunca quiso iniciar la negociación de un Convenio nuevo, pero sí dejar sin efecto el que entendíamos prorrogado” y que cumple ya más de dos décadas sin que se haya tocado una coma del mismo.

Para el comité de empresa de la Diputación, esta nueva decisión judicial vuelve a poner en tela de juicio la aureola de “buena gestión” de anteriores diligentes de la institución provincial, en referencia a Isabel Carrasco, que al contrario trató de imponer con autoritarismo y total falta de diálogo todo tipo de reformas y situaciones, y no sólo -pero también- en materia laboral. Una forma de gestión que ahora cuesta a los bolsillos de todos los pueblos leoneses, ya que la decisión del Supremo conlleva que las arcas provinciales se hagan cargo de las elevadas costas procesales.

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