El Procurador del Común pide a la Junta la creación de un registro de prohibición de acceso voluntario a salas de juego

Miriam Chacón / Ical. Anuncios de un bingo en una calle vallisoletana.

El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha emitido una resolución en la que insta a la Junta de Castilla y León a estudiar la posibilidad de establecer en la normativa actual un régimen de prohibiciones de acceso voluntario a los salones de juego, como el que ya existe para casinos y bingos, con un registro de prohibidos específico para estos establecimientos o único para todos los locales de juego, para personas que padecen ludopatía, una resolución que ya ha aceptado la Consejería de Presidencia.

Los datos revelan que el 70 por ciento de los españoles ha jugado en alguna ocasión a juegos de azar, una práctica inofensiva cuyo abuso puede convertirse en enfermedad con graves consecuencias. La ludopatía o juego patológico ha aumentado con el incremento de la oferta de máquinas tragaperras, de sorteos o de juegos en Internet y afecta al dos por ciento de la población adulta o adolescente, a lo que hay que sumar un tres por ciento más de jugadores con problemas pero que no tienen diagnosticada esta enfermedad.

Castilla y León cuenta con una normativa específica en materia de bingos y casinos de juego, no así para locales de máquinas recreativas, que tienen previsto la prohibición de entrada a estos locales a quienes, entre otros, estén incluidos en un registro de personas específico, pero en el resto de normativa en materia de juego no prevé la aplicación de este régimen de prohibiciones de acceso voluntario a los salones recreativos. En el caso de los salones de juego destinados a la explotación de máquinas recreativas no se prevé la inscripción en un registro de prohibidos que los soliciten a la autoridad competente y, por tanto, no es posible impedirles el paso, a diferencia en lo establecido en casinos y bingos.

Por esta razón, el Procurador de Común ha considerado que la norma está olvidando el potencial riesgo que representa la actividad desarrollada por esta clase de establecimientos para aquellas personas que sufren la enfermedad, ya que según los datos del sector, el 36 por ciento corresponde a la demanda de este tipo de máquinas recreativas, muy por encima de los juegos de bingo que constituyen un siete por ciento, o de las mesas de los casinos, que es un cuatro por ciento. Además, se ha tenido en cuenta que Castilla y León registra uno de los porcentajes más altos de estas máquinas recreativas con 14.142 en 2014, solo superado por cuatro comunidades, Cataluña (38.138), Andalucía (27.799), Comunidad Valenciana (24.697) y Comunidad de Madrid (23.694).

Ante estos datos, el Procurador del Común es partidario de evolucionar hacia una política de juego responsable que reduzca al máximo la posibilidad de que la población pueda perjudicarse. Una estrategia dirigida a conseguir esta finalidad debe proporcionar un marco normativo que permita controlar en alguna medida el componente “irracional” que caracteriza esta actividad lúdica y prevenga comportamientos individuarles “irresponsables y perjudiciales” para el propio afectado y su familia.

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