Un primer juzgado exime a la Junta por la demanda por falta de material para los sanitarios

Sanitarios del Hospital del Bierzo en plena crisis del coronavirus. / César Sánchez / ICAL

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El juzgado de lo Social número 4 de Valladolid desestimó la demanda de medidas cautelarísimas que había presentado contra la Junta de Castilla y León el Colegio Oficial de Enfermería por la falta de material de protección para los profesionales sanitarios.

Así lo manifestó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa diaria y telemática en la que informa de la evolución del Covid-19 en Castilla y León, por lo que afirmó que está “muy contenta” por esa resolución judicial, dado que el magistrado no considera que la Junta no haya hecho lo posible por ofrecer el material a los profesionales, sino que ha hecho las gestiones “razonables” para conseguirlo.

Casado insistió en que desde el primer momento ha sido una “obsesión” la protección de los profesionales y de los pacientes y se refirió a las gestiones desde su departamento y desde la Consejería de Fomento para que las compras realizadas en el exterior lleguen cuanto antes a la Comunidad.

En tal sentido, indicó que hoy mismo está previsto el aterrizaje de otro avión con 100.000 batas y que se han repartido ya cinco millones de material de protección, tanto para personal sanitario como sociosanitario.

En una nota de prensa posterior, la Junta señaló que sus Servicios Jurídicos han presentado recursos de reposición ante los Jugados de lo Social en las siete provincias donde los colectivos sanitarios, a través de los sindicatos o de los colegios profesionales, han interpuesto solicitudes de medidas cautelarísimas contra la Consejería de Sanidad y Sacyl por este motivo. Hasta el momento, varios tribunales y juzgados de lo Social de España amparan los argumentos de la Junta. El último, precisamente, el Juzgado de lo Social 4 de Valladolid, ante la petición del Colegio de Enfermería de esta provincia, rechazando la solicitud de dichas medidas cautelarísimas.

La Dirección de los Servicios Jurídicos, ante la estimación de solicitudes provisionales cautelarisimas efectuadas el viernes pasado, presentó recurso de reposición ante los correspondientes Juzgados, y contestó a los requerimientos judiciales que daban 24 horas para su cumplimiento, en la mañana del sábado 28 de marzo.

Además de las naturales argumentaciones jurídicas, los Servicios Jurídicos manifestaron que la Junta ha trabajado desde el primer momento en cubrir todas las necesidades de material de los profesionales ante la crisis del covid-19, como una prioridad esencial, pese a encontrarse en un problema de falta de stock en el mercado a nivel mundial.

El requerimiento hecho a la Junta se efectuó por los juzgados sin escuchar las alegaciones de la Administración, con la simple petición de sindicatos o colegios, como prevé la norma procesal, y por ello sin conocer el trabajo que de forma permanente ha estado haciendo la Administración a este respecto.

Por ello, los Servicios Jurídicos, al cumplir el requerimiento efectuado por los juzgados, “demuestran documentalmente con los escritos que acompañan todas las ingentes gestiones realizadas por la Consejería y el Sacyl para su dotación, aclaran con documentación bancaria todas las compras realizadas y su cuantía y gracias a estas gestiones manifiestan que ha sido de las primeras comunidades autónomas en contar con material sanitario proveniente vía aérea de las principales industrias productoras, que están en China”.

Entre la argumentación jurídica alegada se encuentra el precedente de su desestimación acordado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo mediante auto de 25 de marzo de 2020, y el auto desestimatorio de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de marzo.

El último auto más contundente ha sido de Madrid con fecha 30 de marzo, muy duro con los demandantes, al señalar que “las medidas cautelares no tienen como finalidad el salvamento de la Humanidad o el Universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto en un procedimiento judicial”, añadiendo que “la presente resolución no va a incidir en forma alguna en el salvamento de vida alguna o de la integridad física o moral de un solo profesional, lamentablemente”, para concluir que “todo ello nos hace sospechar que pudiéramos estar dispendiando servicios esenciales en atender solicitudes apodícticas, imposibles o inútiles para que determinados sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos”.

En el mismo sentido de desestimación de la medida cautelarísima solicitada se conoció en la mañana de hoy el auto del Juzgado de lo Social 4 de Valladolid, que rechaza dicha medida solicitada por el Colegio de Enfermería frente a la Consejería de Sanidad y las gerencias de Salud. En la resolución judicial del Juzgado se aclara que, ante los hechos, “constituye una obviedad que esta Administración ha de facilitar al personal sanitario los medios de protección adecuados y necesarios conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, entendiendo la situación de emergencia en la que se encuentra la provincia de Valladolid, y por extensión la Comunidad y el país ante esta emergencia sanitaria”.

En esta línea hace referencia a que no consta ninguna actuación “contraria a la exigencia vigente en esta materia”, siendo “notorias las manifestaciones de los responsables públicos a la hora de insistir en las iniciativas que se están llevando a cabo para paliar la situación de emergencia sanitaria”. De esta forma, el Juzgado indica que “no hay fundamento para justificar la adopción de las medidas provisionales solicitadas”.

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