La Plataforma por la Sanidad Pública exige que una pandemia “no vuelva a cebarse” con los mayores

Imagen de un acto de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de León.

ICAL

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública exigió que una pandemia “no vuelva a cebarse de manera tan cruel en toda una generación de personas mayores y dependientes” ya que, a su juicio, dentro del “tremendo drama” como consecuencia de la Covid-19, las consecuencias en términos de enfermedad y fallecimientos “están siendo especial y tremendamente insoportables” en el caso de las residencias de 3ª edad“, según un comunicado.

A día de hoy, los datos son “escalofriantes”, pues de los 3.692 residentes que perdieron la vida por cualquier causa, 1.262 lo hicieron con esta patología confirmada y otros 1.075 con síntomas compatibles, lo que suman 2.337 ancianos.

Esta “brutal” realidad obliga a que la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública apueste por un “trabajo de seguimiento y de prevención” para que un “drama similar, futuro y no descarta ble, no afecte a estas residencias como lo está haciendo en la actualidad”. “¡No puede volver a ocurrir lo mismo! Permitirlo, y mirar para otro lado, sería injusto, insolidario e inmoral”, exclamó en un comunicado.

La Plataforma se adherirá a las organizaciones que trabajen para poner en el horizonte la constitución de una red pública de residencias de mayores, pues el “desastre” de las residencias ha sido uno de los “amplificadores de la pandemia, que están asociados a su privatización en manos de fondos de inversión, entidades religiosas que recortan personal, reducen la calidad de las instalaciones, hacinan pacientes, e incumplen los protocolos que garantizan la seguridad de los residentes”.

Por ello, reclamó una “urgente” auditoría de todas ellas e intervenir las que supongan un “riesgo para la salud”. También, apostó por crear una red de residencias de titularidad y gestión pública, de tamaño adecuado, que “evite grandes concentraciones y que cuente con unos recursos suficientes en infraestructuras y en personal y cuidados acordes con las necesidades de las personas que viven en ellas, potenciando y actualizando los recursos contemplados en la Ley de Dependencia y en la Ley General de Atención Socio-Sanitaria, para que las personas mayores que lo deseen puedan mantenerse en sus domicilios con el apoyo de cuidadores y recursos públicos”.

La Plataforma exigirá que las 1.214 residencias geriátricas de Castilla y León, públicas o privadas, se incorporen a todos los efectos a la red de Atención Primaria del sistema público de salud de cada provincia, “pretendiendo mantener así el necesario y estrecho contacto asistencial, la pertinente vigilancia sanitaria y, en materia preventiva y epidemiológica, asegurar la dotación de los necesarios e imprescindibles recursos materiales y humanos”.

“Todo lo acontecido nos debe enseñar que no podemos dejar estos centros en manos del mercado y de unos propietarios o titulares que en la lógica empresarial buscan prioritaria mente la rentabilidad económica, como ha ocurrido hasta ahora”, destacó el comunicado. Considera que se precisarán cambios legislativos y normativos en los requisitos y condiciones de apertura y de funcionamiento de estos centros, mediante la reformulación de los recursos de los Servicios Sociales y de la Ley de Dependencia.

“Quizá sea ya demasiado tarde para intentar implementar una simple y pretendida coordinación sociosanitaria, por lo que ya hay que pensar en retomar para la titularidad pública a todas las residencias de tercera edad, convirtiéndolas definitivamente en establecimientos vinculados orgánicamente al sistema de salud de cada ZBS o delimitación territorial”, concluyó.

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