El Papa deja en libertad condicional y bajo juridiscción de Astorga al cura Vallejo Balda

Lucio Ángel Vallejo Balda

ileon.com

El que fuera durante 20 años guardián de las finanzas de la diócesis de Astorga, monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, ha quedado este martes libre tras serle concedida por el papa Francisco la libertad condicional.

Vallejo Balda cumplía condena de 18 meses de prisión desde el pasado mes de julio cuando concluyó el juicio por el caso 'Vatileaks II', en el que fue condenado junto a su excolaboradora Francesca Chaouqui, que fue condenada a 10 meses conmutados a condición de no volver a delinquir en los próximos 5 años. Dos periodistas, que publicaron la información en dos libros, fueron absueltos en el proceso.

En un comunicado el Vaticano explica que “considerando que el Reverendo Vallejo Balda ya ha descontado más de la mitad de la pena el Santo Padre Francisco le concedió el beneficio de la liberación condicional. Se trata de una medida de clemencia que le permite volver a adquirir la libertad. La pena no está extinguida, pero goza de libertad condicional”.

En la misma nota la Santa Sede matiza que el sacerdote de orígenes riojanos cesa “cualquier vínculo de dependencia laboral con la Santa Sede” por lo que vuelve a estar bajo las órdenes del obispo de Astorga, actualmente el asturiano Juan Antonio Menéndez Fernández.

De Astorga a Roma y al infierno

Vallejo Balda fue detenido en noviembre de 2015 acusado de alta traición. Durante 20 años Lucio Ángel Vallejo Balda lo fue casi todo en la Diócesis de Astorga, a excepción de obispo. En la década de los 90 y la primera de este tercer milenio se ocupó de las cuentas de una de las diócesis católicas más grandes del país y en 2011 fue llamado al Vaticano para intentar poner orden en las finanzas vaticanas tras llegar al poder el papa Francisco. Aunque riojano de nacimiento Vallejo Balda fue ordenado sacerdote en Astorga en 1987 y apenas tres años después nombrado ecónomo, uno de los cargos más relevantes en una diócesis por ser quien maneja el presupuesto.

El largo proceso judicial del denominado caso Vatileaks II, el I se desarrolló bajo el mandato del papa Ratzinger, tenía cinco acusados. Además del cura riojano estaban acusados en el proceso Francesca Chaouqui, que fue miembro de la Cosea -una comisión para poner orden las finanzas del Vaticano creada en 2011 en la que coincidió con Vallejo Balda- y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, que publicaron un libro basado en los documentos filtrados. El secretario personal de Vallejo Balda, Nicola de Maio, también fue acusado fue absuelto.

En su declaración ante el tribunal Vallejo Balda confesó haber entregado documentos confidenciales al periodista italiano Nuzzi pero aseguró que lo hizo por presiones y miedo a Francesca Chaouqui y a su marido, técnico informático contratado también por el Vaticano. El sacerdote español reconoció que entregó las claves que permitieron a Gianluigi Nuzzi entrar en los ordenadores del Vaticano y descargar los documentos publicados en su libro.

La declaración de Chaouqui elevó el juicio a la categoría de espectáculo con duras acusaciones de Vallejo Balda y la revelación de haber mantenido relaciones sexuales, argumento que usó el sacerdote para acusarla de chantaje para revelar los documentos en cuestión del proceso.

Cercanía al Opus Dei para llegar al poder vaticano

El cúlmen de la carrera de Vallejo Balda comenzó en 2011 cuando, aprovechando su proximidad al Opus Dei, fuera llamado al Vaticano tras la recomendación al pontífice Francisco por parte del cardenal Rouco Varela por su buena gestión en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid, donde se ocupó de las finanzas.

Fue apodado en medios económicos vaticanos como “el contable de Dios”, sobre todo desde que a principios de 2014 anunciara él mismo que sería nombrado número 2 de la Secretaría Económica -el Ministerio de Economía de la Santa Sede-, aunque jamás llegó a ocupar tan poderosa posición.

Lucio Ángel Vallejo ya había protagonizado en Astorga un considerable escándalo al ser el único implicado en la provincia en aquella polémica de Gescartera, la estafa financiera que saltó a la luz en 2011 y en la que desaparecieron unos 20.000 millones de pesetas (más de 120 millones de euros), dejando más de 2.000 afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, empresas públicas y congregaciones religiosas. El entonces ecónomo del Obispado de Astorga perdió en esta estafa más de 300.000 euros de la diócesis. Ahora vuelve a sus orígenes, pendiente de la decisión del obispo astorgano sobre su destino y funciones.

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